El corazón de la próxima reforma política debiera ser cómo evitar la colusión de la delincuencia con las autoridades políticas. Si, como sugiere la presidenta, hay que hablar de García Luna para que se abran los oídos, hagámoslo, pero es imperativo que reconozcamos el tamaño del problema y que tengamos la generosidad para intentar solucionarlo entre todos.
Rodrigo Morales M.
La semana pasada fue detenido el alcalde de Tequila, Jalisco, junto con tres funcionarios del municipio acusados de secuestro, extorsión y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. No es un hecho aislado, es la confirmación de la colusión que existe entre el crimen organizado y el poder político en muchas regiones de nuestro país.
Acaso la detención y las acusaciones debieran bastar para hacer un replanteamiento de fondo acerca de las políticas que tienen que cambiar para impedir que esa colusión subsista y se reproduzca, pero la respuesta oficial ha sido la normalización y/o minimización del hecho. Es preocupante. Lo que implica en términos de la salud de nuestra democracia, y en general, de nuestro arreglo político es muy grave, y sin embargo se prefiere mirar a otro lado.
En estos días en que se está por discutir una reforma política, lo que habría que poner en el centro del debate, me parece, es cómo blindamos las urnas del crimen organizado. Ese sí es un problema que pone en riesgo la sustentabilidad de nuestra democracia. Sin embargo, la lectura del oficialismo es que el problema de nuestra democracia es que sus procedimientos e instituciones son muy costosas.
Curioso diagnóstico, si revisamos los informes y estudios más recientes que se han producido en torno a nuestro sistema electoral, desde la academia o los organismos internacionales en ningún caso se cita como problema el costo de las elecciones. En cambio, la inequidad y la presencia del crimen organizado sí aparecen como riesgos a superar. Ya hemos visto cómo los procesos electorales que sufren recortes presupuestales sacrifican integridad. Pero se insiste en la austeridad como coartada.
La cercanía del crimen organizado con las urnas no es un hecho que se pueda explicar por un solo partido, es un mal generalizado y como tal debiera abordarse. El corazón de la próxima reforma política debiera ser cómo evitar la colusión de la delincuencia con las autoridades políticas. Si, como sugiere la presidenta, hay que hablar de García Luna para que se abran los oídos, hagámoslo, pero es imperativo que reconozcamos el tamaño del problema y que tengamos la generosidad para intentar solucionarlo entre todos.
Minimizar las cosas o buscar culpables en un solo lado lo que hace es acrecentar el problema. Ojalá pronto entendamos que si hay un riesgo para la soberanía es justamente perpetuar la tóxica relación entre crimen y la política.