Mario Patrón
El pasado 10 de febrero, la Plataforma Ciudadana de Fosas, creada en colaboración por Data Cívica, Artículo 19 y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, presentó una actualización informativa que nos permite redimensionar la magnitud de la crisis de desaparición de personas en México, el agravamiento de la crisis forense y el desmantelamiento del entramado institucional para la atención de esta tragedia nacional, lo cual ha transferido a las familias de las personas desaparecidas las mayores cargas en los procesos de búsqueda y exigencia de justicia frente a las evidentes omisiones del Estado.
Al día de hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) documenta más de 131 mil 800 víctimas sin localizar. Por su parte, la Plataforma Ciudadana de Fosas registra más de 72 mil cuerpos que, entre los años 2006 y 2023, han ingresado al Servicio Médico Forense (Semefo) sin identificar.
Como refiere el diagnóstico presentado por dicha plataforma, los altos niveles de violencia letal en el país han convertido los semefos en depósitos interminables de cuerpos sin identificar. Tan sólo entre 2019 y 2023 se tiene registro de 34 mil 699 cuerpos sin identidad que fueron enviados a morgues, mismo periodo en el que desaparecieron 51 mil 791 personas.
A esta siniestra realidad debemos sumar el incremento en las agresiones contra personas buscadoras. La plataforma documenta que 2025 fue el año más letal para ellas, con siete asesinatos y una desaparición, para un total de 30 personas buscadoras asesinadas y seis desaparecidas desde 2010, de acuerdo con el registro que realiza Artículo 19.
También, la plataforma señala los graves efectos que ha ocasionado el desmantelamiento institucional expresado en la disolución de instancias como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Centro Nacional de Identificación Humana.
Esto se manifiesta en inconsistencias y negligencias del actuar institucional, tales como la no coincidencia entre las cifras manejadas por la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales o en el presunto subregistro de estas cifras oficiales en comparación con las recuperadas por fuentes periodísticas.
En la actualización informativa proporcionada por la Plataforma Ciudadana de Fosas se da cuenta también de la destrucción de prendas y pertenencias de los cuerpos sin identificar, así como de la escasa cooperación entre instituciones para la identificación forense, pues evidencias que ayudarían a dar con la identidad de los cuerpos se dejan en archivo muerto.
Asimismo, se refiere que se lleva a cabo la incineración de cuerpos sin tomar previamente huellas ni registros dactilares o que se eliminan los registros de personas en el RNPDNO que en realidad no han sido localizadas. Todo ello deja solas con sus propios medios a las familias que buscan a sus desaparecidos ante una institucionalidad omisa al cumplimiento de sus deberes.
En contraste con la narrativa oficial, que sostiene que se ha reducido la violencia en el país porque han disminuido las cifras de homicidios dolosos, son inocultables los ingentes esfuerzos que la sociedad civil debe desplegar cada día en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, lo cual hace más evidente aún que la crisis de violencia en México no sólo permanece, sino que se recrudece si observamos otras aristas más allá de los homicidios, como la desaparición de personas, la crisis forense y la impunidad con que operan las redes de macrocriminalidad a lo largo de nuestro país.
Los recientes casos de la desaparición de 10 mineros en Sinaloa, de los cuales ya se han identificado cinco cuerpos, o la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, son signos de que mientras el Estado no recupere el control de territorios que actualmente están en manos de grupos delictivos y en contubernio con el poder económico y político, la sociedad seguirá a expensas de la dinámica de las estructuras delictivas y de su reparto territorial como componentes de su vida cotidiana, tal como ocurre en Sinaloa.
Dimensionar la crisis, como hace la plataforma en su informe, nos ayuda a recordar que una verdadera pacificación del país requiere de mucho más que la disminución de homicidios y de la incidencia delictiva, sino que es indispensable el fortalecimiento de los andamiajes institucionales para garantizar el acceso a la justicia, la reparación del daño y la restitución de derechos de las miles de víctimas que con sus propias manos buscan entre la tierra y dentro de las morgues a sus familiares desaparecidos.
Tal como señala el diagnóstico de la Plataforma Ciudadana de Fosas, “la falta de una estrategia para atender el rezago forense perpetúa el ciclo de impunidad”. Dicha estrategia tendría que incluir la consolidación de un registro centralizado y público de cuerpos en semefos y fosas comunes, un banco de datos forenses transparente y accesible para las familias y mayor coordinación entre las instancias responsables, en los términos del diagnóstico presentado.
En cuanto a la atención integral a la crisis generalizada de violencia, no debemos dejar de insistir en la importancia de privilegiar la perspectiva de seguridad ciudadana y de derechos humanos como condición de posibilidad para construir entornos de paz.