Fernando Guarneros Olmos
La reciente tendencia global, encabezada por países como Australia y España, de prohibir el acceso a redes sociales a menores de edad encendió el debate en México. Sin embargo, implementar una medida de esta naturaleza en el país no solo enfrentaría retos sociales, sino que chocaría directamente con compromisos internacionales de gran peso, particularmente con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
De acuerdo con Iván Díaz, abogado y perito informático, una restricción de este tipo alteraría las reglas de operación acordadas en el bloque comercial de América del Norte, pues al intentar imponer obligaciones adicionales a las plataformas digitales que no están contempladas originalmente, México se colocaría en una posición de vulnerabilidad jurídica frente a sus socios comerciales.
El T-MEC, en su Capítulo 19 de Comercio Digital, tiene un par de disposiciones relevantes. Una garantiza que los usuarios puedan acceder a servicios y aplicaciones en línea, mientras que la segunda establece que las plataformas no son responsables de contenidos de terceros, una disposición protegida en el marco del tratado, pues de imponer mecanismos de verificación de identidad representa el contravenir otros principios de privacidad y protección de datos personales de los adultos.
“Estaríamos afectando las características operativas y generando una carga de obligaciones que no está prevista bajo ese contexto”, señala el experto respecto a la posibilidad de que el Estado mexicano prohíba estas plataformas para los menores de edad.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la prohibición también entraría en conflicto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo sexto constitucional, señala Díaz, garantiza el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), un derecho que no está restringido por la edad del ciudadano.
Asimismo, apunta que el sistema jurídico mexicano presenta un obstáculo adicional: la falta de instituciones con las facultades adecuadas para vigilar este cumplimiento, ya que a diferencia de Australia, que cuenta con ministerios de seguridad con capacidades específicas para restringir el uso de TIC, México carece de un modelo operativo institucional robusto para este fin.
Alfabetización y responsabilidad compartida más allá de la prohibición
Ante este panorama, Iván Díaz sostiene que el enfoque no debe ser punitivo ni basarse en la prohibición, la cual califica como “letra muerta” si no existe una responsabilidad social de fondo. En su lugar, propone que el Estado y la sociedad deben centrarse en el fomento de una verdadera educación digital.
La capacitación no debe limitarse únicamente a los menores, sino que debe extenderse a los padres de familia. El experto subraya que uno de los elementos más importantes es el “acompañamiento de los padres en el uso de este tipo de tecnologías”, transformando la supervisión en una actividad compartida y consciente en lugar de una restricción ciega.
Díaz argumenta que el cumplimiento del artículo sexto constitucional no debería verse solo como la entrega de dispositivos, sino como el fomento de una “inclusión digital a un uso adecuado de los activos de información”. Esto implica que tanto el Estado como los tutores deben colaborar para que los niños entiendan el procesamiento de información y los riesgos inherentes a la red.
Para el especialista, el camino para proteger a las infancias en el entorno digital en México no pasa por prohibir plataformas, sino por evolucionar hacia una responsabilidad compartida donde la alfabetización digital sea el eje rector para un desarrollo libre y seguro de la personalidad en la era de la información.
Por su parte, Rafael Chávez, director de ventas de la firma de ciberseguridad F5, una regulación más estricta en el acceso de menores a redes sociales puede actuar como un catalizador para elevar los estándares de seguridad en las plataformas digitales en general.
“Si bien la medida busca proteger a un grupo particularmente vulnerable, sus efectos positivos se extienden a todos los usuarios al impulsar la adopción de soluciones más robustas de protección de aplicaciones y APIs (WAAP), controles de identidad, detección de bots y prevención de abusos automatizados”, apunta Chávez.
La CDMX propone una vía de cuidado de las infancias en línea
La semana pasada se presentó una iniciativa legislativa en la Ciudad de México que plantea restricciones en el uso de redes sociales para las infancias, con el objetivo de protegerles ante riesgos como el acoso digital, la explotación y contenidos nocivos.
Aunque no se trata de una propuesta de prohibición, su finalidad es establecer condiciones para crear un entorno seguro online a partir de diferentes elementos, como verificación de edad, restricción de contenido y límites de tiempos de uso respecto a la responsabilidad de las plataformas.
Desde el lado del gobierno y papel de los tutores se buscará promover programas de uso responsable y seguro de tecnologías desde edad temprana para proteger a este sector sin prohibir su presencia en plataformas digitales.