CIEP / Camila Itzel Lugo Porras
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 se destina a educación 1.25 billones de pesos, esto es, 3.4 % del PIB. Aunque este monto representa un crecimiento real de 3.0 % respecto a 2025, continúa por debajo de la recomendación internacional de destinar entre 4 % y 6 % del PIB a educación. Más allá del monto agregado, la distribución del presupuesto revela las prioridades de la política educativa de la administración 2024–2030.
El crecimiento del gasto educativo se concentra de manera predominante en la Educación Básica (EB), particularmente a través de transferencias monetarias. La expansión de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina explica buena parte del aumento presupuestario, al registrar una variación real de 56.6 % respecto de 2025. Con base en el presupuesto aprobado 2026, se estima que el número de beneficiarios podría pasar de 8.9 millones de estudiantes a 13.9 millones, cifra significativamente menor a los más de 21 millones anunciados por el Gobierno Federal, a través del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Esta brecha podría evidenciar tensión entre los objetivos de cobertura planteados y los recursos efectivamente asignados.

En contraste, el presupuesto para Educación Media Superior (EMS) y la Educación Superior (ES) enfrenta reducciones reales. En la EMS, el gasto disminuye 3.9 % respecto a 2025, mientras que en la ES la contracción alcanza 2.5 %. Este ajuste ocurre en un contexto de presiones asociadas con el crecimiento de la matrícula, la operación de los planteles y la necesidad de fortalecer la calidad educativa, que limita la capacidad institucional para atender la demanda y asegurar trayectorias educativas continuas.
La reducción real del gasto se refleja con mayor claridad en el financiamiento de las universidades públicas federales. Instituciones como la UNAM, el IPN y la UAM registran variaciones reales negativas cercanas a 1.7 %, mientras que el Tecnológico Nacional de México presenta una contracción del 5 %. Estos recortes restringen el margen de maniobra institucional para inversión, mantenimiento e innovación académica, y contrasta con el discurso oficial que sostiene la inexistencia de recortes presupuestales.
El énfasis del presupuesto educativo 2026 en las transferencias monetarias fortalece el gasto por estudiante en la Educación Básica, pero tiene un impacto limitado sobre los componentes estructurales del sistema educativo. La infraestructura, los servicios educativos y las capacidades institucionales reciben un impulso menor, lo que plantea retos para la sostenibilidad del sistema en el mediano y largo plazo.
Privilegiar los apoyos directos por encima del fortalecimiento integral del sistema educativo puede generar tensiones entre las metas de cobertura anunciadas, la calidad de los servicios educativos y la articulación entre niveles, especialmente en aquellos que requieren inversión pública sostenida para garantizar trayectorias educativas completas y equitativas. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) elaboró una investigación al respecto que puedes consultar en www.ciep.mx.
