Arturo Sánchez Jiménez
Los gobiernos municipales se han convertido en la principal fuente de irregularidades detectadas en el gasto público revisado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues seis de cada 10 pesos de recursos federales transferidos a municipios no fueron debidamente comprobados por las administraciones locales, de acuerdo con la tercera entrega de informes de la cuenta pública 2024, presentada esta semana a la Cámara de Diputados.
En total, la ASF practicó mil 56 auditorías a igual número de municipios y alcaldías del país con un nuevo modelo de revisión integral, que incluyó recursos de los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. El monto fiscalizado ascendió a 58 mil 363.5 millones de pesos, y de esa cantidad se determinó una suma por aclarar de 35 mil 74.7 millones, equivalente a 60.1 por ciento de la muestra auditada.
Esa cifra representa 59.1 por ciento de los más de 54 mil 344 millones de pesos cuyo destino está pendiente de aclaración en todo el sistema subnacional, es decir, estados y municipios, y casi siete veces el importe de las probables irregularidades detectadas en el gobierno federal, que fue de poco más de 5 mil millones de pesos.
La principal anomalía detectada fue la falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto, que explicó 97.2 por ciento del monto por aclarar en municipios, equivalente a 34 mil 88.5 millones de pesos. En menor medida se identificaron recursos ejercidos en conceptos que no cumplen los objetivos específicos de cada fondo y otras inconsistencias administrativas.
Acciones correctivas
El informe señala que 85.2 por ciento de los municipios y alcaldías auditados presentaron al menos una observación que derivó en acciones correctivas o preventivas. En más de 85 por ciento de las auditorías municipales se emitieron promociones de responsabilidad administrativa o por uso indebido de recursos federales, lo que implicó el incremento de más de 147 por ciento respecto de la cuenta pública 2023.
En el balance general, la cuenta pública 2024 integró 2 mil 264 auditorías, la cifra más alta en la historia de la ASF. De ellas, mil 566 correspondieron a la tercera entrega, y el grueso se concentró en el gasto federalizado ejercido por estados y municipios. En el orden federal, más de 5 mil millones de pesos quedaron pendientes de aclarar por el Poder Judicial, órganos autónomos y entidades de la administración pública federal.
La ASF advirtió problemas recurrentes en el control documental, la integración de expedientes, los procesos de contratación y la coordinación interna en los municipios, lo que limitó su capacidad para acreditar plenamente el destino del dinero público y abrió la puerta a un volumen inédito de observaciones.