Aurora Ramírez Álvarez
Ante un deterioro fuerte de la seguridad en un territorio, uno esperaría una salida generalizada de población. Sin embargo, la experiencia de México durante la escalada de homicidios asociada a la “Guerra contra las Drogas”, iniciada en 2007, sugiere un patrón distinto. Mucha gente no se va lejos, y eso puede llevar a subestimar el impacto de la inseguridad sobre la vida económica y el bienestar. Nuestro artículo “Internal migration and drug violence in Mexico” muestra que los choques de violencia reordenan la migración interna y generan pérdidas de bienestar significativas, incluso sin desplazamientos de larga distancia. Esta entrada retoma los resultados de dicho artículo coautoreado con Lorenzo Aldeco y Andrés Jurado, y se apoya también en una versión de difusión en inglés publicada en VoxDev.
Entre 2007 y 2011, la tasa nacional de homicidios casi se triplicó. Pero el aumento no fue uniforme: hubo municipios con incrementos extremos y otros con incrementos relativamente menores. Esa heterogeneidad espacial crea oportunidades de migrar hacia lugares menos violentos. Sin embargo, migrar cuesta, y esos costos crecen con la distancia. Muchas personas están atadas a un lugar por vínculos familiares, el cuidado de dependientes, el empleo o la vivienda. En ese sentido, la ausencia de un gran éxodo ante la violencia no es evidencia de que el daño sea pequeño; a veces significa que moverse es demasiado caro.
El gran problema para entender si la violencia empuja a la gente a migrar es que la violencia no es aleatoria. Suele venir mezclada con otras cosas: economía en picada, instituciones débiles, o incluso municipios que ya venían expulsando población. Entonces, si uno sólo compara lugares con más y menos homicidios, corre el riesgo de confundir causa con coincidencia. En el artículo nos apoyamos en una idea más concreta: buena parte de la violencia ligada al narcotráfico aparece cuando hay disputa por territorio, sobre todo por rutas. Si dos grupos rivales necesitan pasar por los mismos corredores, o si cambian sus alianzas y eso vuelve “competidas” rutas que antes no lo eran, sube la probabilidad de conflicto y suelen subir los homicidios.
Con información sobre zonas de producción, puntos de cruce, presencia de organizaciones y cambios en rivalidades, podemos anticipar qué municipios quedan más expuestos a esa competencia en distintos momentos. Lo importante es que esa exposición predicha por la lógica de las rutas nos ayuda a aislar aumentos de violencia que no dependen directamente de lo que esté pasando en la economía local o de tendencias migratorias previas. Y así la pregunta se vuelve más limpia: cuando la violencia sube por la disputa de rutas, cuánto se mueve la migración.
Encontramos que la violencia sí empuja a la gente a moverse, pero principalmente cerca. Un aumento de 1 % en la tasa de homicidios incrementa los flujos de salida hacia otros municipios dentro de la misma zona de desplazamiento laboral (es decir, dentro del mismo mercado laboral local) en alrededor de 0.32 % a 0.48 %. En cambio, no vemos una respuesta robusta de la migración de larga distancia, cruzando zonas de desplazamiento laboral. Esto es consistente con una lógica económica sencilla: si la violencia reduce la calidad de vida, las personas preferirían lugares más seguros, pero si los costos de mudanza aumentan rápido con la distancia, la respuesta óptima puede ser reubicarse lo suficientemente cerca para reducir la exposición al riesgo sin romper vínculos laborales y sociales.
La violencia también reduce la inmigración hacia municipios violentos, especialmente de trabajadores calificados que vienen desde fuera del mercado laboral local. En los datos, un aumento de 1 % en homicidios reduce los flujos de entrada de trabajadores calificados desde fuera de la zona de desplazamiento laboral en alrededor de 0.16 %. Es decir, la violencia no solo expulsa; también cierra la puerta a oportunidades futuras al frenar la llegada de capital humano. Desde un punto de vista de desarrollo, esto importa porque la composición de habilidades de una localidad incide en la productividad, la especialización y las trayectorias de crecimiento. Si los municipios más violentos reciben menos trabajadores calificados, pueden quedar atrapados en un equilibrio de menor dinamismo económico.
Para dimensionar lo anterior, en el artículo estimamos un modelo de elección de destinos que permite traducir cambios en la violencia en pérdidas de bienestar. La idea es clásica en economía espacial: las personas valoran salarios, amenidades y desamenidades (como la violencia), y enfrentan costos de mudanza. Con ese modelo podemos estimar, por ejemplo, cuánto salario estaría dispuesta a sacrificar una persona para vivir en un lugar menos violento. Encontramos que la gente estaría dispuesta a aceptar una caída salarial de 0.15 % a 0.58 % para reducir 1 % la tasa local de homicidios.
Este punto es clave porque ilumina el componente invisible del costo social. Si casi nadie se mueve lejos, el daño no desaparece: se acumula como pérdida de bienestar para los no migrantes. Nuestros ejercicios sugieren costos de alrededor del 10 % del PIB anual, con la advertencia explícita de que se trata de cálculos indicativos, sensibles a los supuestos y, en particular, a cómo se ajustan mercados como el de la vivienda. El orden de magnitud, aun con cautela, es suficiente para mostrarnos que utilizar el número de desplazados como medida de daño subestima el costo de la violencia.
¿Qué implicaciones de política se desprenden de esto, desde una perspectiva económica y de desarrollo?
- La primera es que la seguridad también es una política de bienestar y productividad. Reducir la violencia no es solo un tema de justicia penal; es una intervención que afecta decisiones de localización, acumulación de capital humano y calidad de vida.
- La segunda es que parte del daño se debe a que los costos de mudanza son altos, por lo que reducir fricciones puede ser una herramienta de apoyo frente a choques.
- La tercera es que, si la violencia ahuyenta capital humano, es importante evitar la erosión silenciosa de capacidades locales. Eso implica políticas para retener y atraer personal clave en zonas afectadas (docentes, personal de salud, servicios públicos) y medidas que protejan oportunidades para quienes se quedan, porque ahí se concentra una parte sustantiva del costo de bienestar.
La idea final es que, a veces, el mayor impacto no se ve en las caravanas, sino en las decisiones cotidianas: dónde aceptar un empleo, dónde estudiar, dónde invertir o, simplemente, cuánto se deteriora la vida diaria. La economía sirve para ponerle números a ese costo y, con ello, para diseñar políticas que lo reduzcan sin caer en diagnósticos incompletos basados solo en el número de desplazados.
* Aurora Ramírez Álvarez (@AuroraRamirezA4) es doctora en Economía por la Universidad de Brown. Actualmente es profesora investigadora en el Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México y coordinadora de la Licenciatura en Economía. Experta México, ¿cómo vamos?