María Rivera
Muy sorprendente, querido lector, el operativo lanzado por el gobierno de la Presidenta Sheinbaum para detener al líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, y su posterior muerte. Menos sorprendente la reacción violenta del grupo criminal que realizó bloqueos en caminos y carreteras e incendios de algunos negocios en distintos estados del país. Tenemos en la historia nacional varios ejemplos de distintas épocas de estas reacciones. Sin ir más lejos, basta con pensar en la situación de Sinaloa tras la entrega/captura del Mayo Zambada o los disturbios en el fallido operativo para detener al hijo del Chapo.
Lo que es realmente inesperado es que el gobierno tomara la decisión de descabezar a la organización criminal más poderosa del país, a sabiendas de los enormes riesgos que esto conlleva, antes del mundial de futbol que se celebrará en Guadalajara y habiendo sido críticos de la estrategia estadounidense-calderonista en la llamada guerra contra el narco.
No hace mucho Sheinbaum criticaba esa estrategia que en no pocas ocasiones violó derechos humanos y costó la vida de miles de mexicanos. Específicamente criticaba las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas esos años en los que se asesinaba a mansalva a quienes, se decía, pretendían detener. Muy parecido, por cierto, a lo sucedido el domingo cuando los detenidos terminaron “abatidos”. Porque lo cierto, querido lector, es que no hay diferencia alguna en las explicaciones que las fuerzas armadas han presentado cuando se trata de justificar que los criminales terminen siendo asesinados, ni antes ni ahora, en escenarios de auténtica guerra como sucedió el domingo en distintas partes de Jalisco.
Porque seamos honestos, lo que vimos parece casi indistinguible de los enfrentamientos que vimos en aquellos años aciagos cuando se presentaba la fuerza militar, no policiaca, como única respuesta para combatir a la delincuencia. Una estrategia que ensangrentó a México y nos sumió en una espiral de violencia de la que no hemos logrado salir. Y no es que el Estado no tenga que combatir a los grupos criminales, por supuesto, es cómo y para qué lo hace y, en este caso, para quién.
Supongo y esto es eso, una mera suposición, que la Presidenta se vio presionada por las amenazas del Presidente Trump por lo que optó porque fuera el propio gobierno mexicano, con ayuda de inteligencia estadounidense, quien llevara a cabo el operativo que amenazaba con cometer el gobierno de Estados Unidos en México, pero que se presentara como una decisión soberana y al mismo tiempo fuera capaz de aplacarlo, aunque sea temporalmente.
Y es que sí, es sorprendente la coincidencia del operativo con los apetitos propagandísticos trumpistas sustentados en la ficción de que deteniendo a capos se logra controlar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Una ficción muy útil para la política doméstica trumpiana, pero costosísima para nuestro país que ya se sabe, pone los muertos en una guerra condenada al fracaso. Descabezar organizaciones criminales sirve para hacer propaganda y alimentar los discursos fascistas, pero no para erradicar a las organizaciones criminales que suelen escindirse y sumirse en sangrientas guerras intestinas, mientras siguen cometiendo ilícitos.
Tras el operativo del domingo la Presidenta Sheinbaum se ha colocado, inevitablemente, en otra parte del espectro político, más cerca de quienes criticó acerbamente, y más lejos de quien la llevó al poder y decidió detener el baño de sangre cometido por las fuerzas armadas, para bien o para mal. El cambio radical que ha llevado a cabo en la política de seguridad ha sido ampliamente aplaudido por quienes comulgan con la idea de que los criminales tienen que ser “erradicados”, y ha alimentado las viejas pulsiones fascistas, siempre latentes, de la criminalización y la mano dura. Muy contenta está esa oposición calderonista de reconocerse en el espejo sangriento del gobierno actual, celebrando lo que entienden como la derrota de la política de izquierda que llegó al poder, una derrota más que llega de la mano de la Presidenta, hay que decirlo, en muy poco tiempo.
Por supuesto, ante el escenario actual, no podemos saber aún cuál es la real política de seguridad del gobierno. Acabar con la vida de un líder criminal no implica una política integral ni efectiva para el combate a la delincuencia organizada y lejos de promover la pacificación del país, ha resultado ser contraproducente. Tampoco se ocupa del verdadero problema que es la monstruosa corrupción e impunidad que posibilita que el imperio del crimen florezca, no sólo el narcotráfico. No, hasta ahora lo que hemos visto son detenciones y decomisos de drogas, expulsiones ilegales del país de presos, y el asesinato de un líder criminal.
Y es aquí donde una se pregunta si es que la política de seguridad la está decidiendo una política, es decir la Presidenta, o la está decidiendo un súper policía o un jefe militar. Muy llamativo es que quien nos gobierna delegue en “el gabinete de seguridad”, al menos informativamente, los hechos que resultan de la mayor relevancia nacional, como si ella no fuera la máxima autoridad de este país. Decisiones que, necesariamente, ella debe tomar y asumir, han sido presentadas como decisiones que toman otros con su anuencia. Hay que decir, sin embargo, que por encima de ese gabinete están la decisiones supremas y rectoras de quien fue electa para gobernar este país, con un programa y promesas de campaña pero sobre todo, de quien prometió continuidad de un proyecto político.
Si es que ha decidido cambiarlo, tan radicalmente, como hemos visto y los balazos a partir de ahora serán la atención de las causas del pasado, al menos debería explicarlo, con toda claridad y decirnos cuál es el nuevo plan para conjurar los demonios del pasado más oscuro que ha tenido México y que a la postre la llevarían, a ella misma, a la Presidencia.