Pedro Miguel
Trump, sus colaboradores y varios de sus prominentes partidarios llevan mucho tiempo afirmando que México es controlado por los cárteles, que el Estado y su jefa máxima, la presidenta Claudia Sheinbaum, viven aterrorizados por los grupos criminales y que el gobierno ha perdido la capacidad de establecer la legalidad y el orden en el país.
Esta propaganda calumniosa se monta en gran medida en los videos promocionales del cártel Jalisco Nueva Generación, el cual ha pretendido, desde su surgimiento, vender la marca de una formación militar regular, uniformada y disciplinada, dotada de armamento pesado y vehículos blindados, con sicarios disfrazados para la cámara con fornituras tácticas, aparejos, botas, cascos y armas largas.
Cualquier ingenuo que vea esas imágenes podría pensar que ésta y otras organizaciones delictivas se encuentran en condiciones de enfrentar al Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional en combates frontales. Y, en forma calculada o no, esas estampas de pretendidos desfiles militares nutren el discurso que descalifica las capacidades del Estado frente a la delincuencia, un discurso que, como la fórmula de la Coca Cola, se define en Estados Unidos y se replica localmente por los medios, políticos y comentócratas más entregados a la infamia antinacional: México no puede solo y es necesario que Washington intervenga con tropas en nuestro territorio, le guste o no al gobierno federal.
La captura y muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, máximo cabecilla del CJNG, así como la violenta reacción de las células del cártel en varios estados de la República, reventó esa campaña de tres bandas. Así haya sido con la información de inteligencia aportada por Estados Unidos, fueron fuerzas armadas mexicanas las que planificaron, ejecutaron y consumaron el operativo en Tapalpa, Jalisco.
Ciertamente, los incendios, bloqueos y demás agresiones ulteriores a civiles y uniformados fueron abundantes, geográficamente extensas y tuvieron un muy alto costo humano y material, pero no denotan, ni de lejos, la autoría de un ejército regular; en su gran mayoría, fueron perpetradas por sicarios dotados de armas cortas y bidones de gasolina. Por lo demás, la mayor parte de las situaciones de riesgo fueron controladas en uno o dos días, y hoy el panorama regional dista mucho de parecerse a esas panorámicas de incendios masivos generadas con inteligencia artificial que medios y opinioneros opositores hicieron circular en forma tan profusa. Así que la idea del país hundido en el caos y la ingobernabilidad que la propia reacción delictiva quiso inducir, y que fue retomada con entusiasmo por la reacción vernácula, no se sostuvo.
Ante tal demolición de sus narrativas, a Trump no le quedó más remedio que arrogarse el mérito de la captura y muerte de El Mencho, de la misma forma en la que se atribuye el crédito por procesos de paz inexistentes en varios conflictos internacionales. Por su parte, los trumpistas de este lado del Bravo, incapaces ya de sostener la fantasía proyectiva de que las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum son “narcogobiernos”, elaboraron una maroma memorable: ¡al fin la Cuarta Transformación adopta la fórmula de Felipe Calderón contra la delincuencia!”.
La falacia es patente: durante los seis años de su espuriato, Calderón ordenó operativos de exterminio y ejecución extrajudicial, inherentemente contrarios al Estado de derecho y ofensivas que no iban dirigidas al narco sino a la población en general, como ocurrió en Ciudad Juárez, todo ello coordinado por un secretario de seguridad federal que colaboraba activamente con los cárteles.
Lo realizado el fin de semana en Tapalpa fue, en cambio, una diligencia de captura que a la postre se malogró por la violenta reacción del capo y de sus guardaespaldas. Se buscaba detener a un infractor para presentarlo ante un juez, no acribillarlo para presentar a la opinión pública su cadáver ensangrentado y con billetes adheridos, como lo hizo el calderonato, en uno de sus macabros rituales, con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. Tampoco se perpetró una masacre como las del peñato (Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y otras) en las que las fuerzas federales “barrían parejo” con decenas de personas, al mismo tiempo que el comisionado presidencial para Michoacán, Alfredo Castillo, repartía alegremente armas largas de alto calibre entre grupos irregulares.
Se debe considerar, por último, que acciones oficiales como la que derivó en la muerte de El Mencho son sólo uno de los ejes de la política gubernamental de paz y seguridad. A la inteligencia policial y el combate a la impunidad deben sumarse los programas sociales, las acciones educativas, la recuperación del sistema de salud pública y la construcción de infraestructura, indispensables para debilitar y eventualmente extirpar una de las peores herencias del periodo neoliberal: la conversión de la delincuencia organizada en un sector económico por derecho propio.