La iniciativa de Claudia Sheinbaum abre una nueva etapa: limitar pensiones desproporcionadas, eliminar privilegios y asegurar la sostenibilidad financiera de las instituciones públicas
Alvaro Aragón Ayala
La reforma al Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa presentada ante el Senado de la República por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual ofrece la lectura de la legitimización presidencial de la Reingeniería Integral de la Universidad Autónoma de Sinaloa, va encaminada a sepultar las jubilaciones o pensiones doradas, y es en sí un ajuste en uno de los territorios más escandalosos del gasto público: las prestaciones de retiro financiadas con recursos del Estado.
Durante décadas, este campo -dominado por los viejos esquemas del sindicalismo- permaneció prácticamente intocable. Se consolidaron esquemas pensionarios desproporcionados que generaron percepciones muy superiores al promedio nacional que, en muchos casos, terminaron convirtiéndose en compromisos presupuestarios difíciles de sostener para las instituciones públicas.
En sí, la reforma plantea poner orden en ese terreno. El mensaje político es en dos bandas: 1. – Se acabaron las jubilaciones privilegiadas en la CFE, PEMEX y otras instituciones. 2.- La lectura codificada es también para las Universidades Públicas Estatales que pagan jubilaciones dinámicas a trabajadores en retiro pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social
El último párrafo de la fracción III del artículo 127 establece con claridad un criterio que podría redefinir el sistema de jubilaciones en múltiples instituciones públicas: “Las disposiciones e instrumentos jurídicos que regulen la relación laboral no podrán establecer condiciones que superen el límite establecido en el párrafo que antecede”.
Este punto tiene implicaciones de enorme alcance. Significa que los Contratos Colectivos de Trabajo, reglamentos internos o acuerdos institucionales no pueden crear beneficios económicos que desborden los límites Constitucionales del gasto público. Así, la Constitución se coloca por encima de cualquier esquema contractual que genere privilegios pensionarios insostenibles.
LA SEÑAL DE APOYO PARA LA UAS
El contenido del proyecto de reforma trasciende particularmente los sistemas de las Universidades Públicas Estatales, en las cuales se arraigaron esquemas jubilatorios conocidos como jubilaciones dinámicas, que ajustan las pensiones conforme a los incrementos salariales de los trabajadores en activo.
Este modelo, adoptado por varias universidades del país ha generado presiones financieras severas que han llevado a múltiples instituciones al borde de la insolvencia económica con el pago de dobles nóminas: la de los trabajadores en activo y la de los jubilados.
Sin duda, el mensaje categórico de la reforma federal es: los esquemas jubilatorios que comprometen la sostenibilidad institucional deberán reformarse o desaparecer. Y en este contexto, la UAS sobresale como uno de los casos más ilustrativos de adaptación institucional.
Lejos de ignorar el problema, la Universidad emprendió una Reingeniería Integral destinada a corregir los desequilibrios estructurales que amenazaban su viabilidad financiera. La reforma incluyó ajustes al Contrato Colectivo de Trabajo, creación de un Fondo de Jubilaciones y Pensiones, aportaciones de trabajadores activos y jubilados y mecanismos de sostenibilidad financiera
El mega proyecto para el rescate financiero de la Casa Rosalina se consolidó con una Consulta Sindical, acuerdos laborales y su registro formal ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En términos jurídicos, la reforma contractual cumple con los principios laborales, Constitucionales y administrativos vigentes.
LO MÁS RELEVANTE DE LA INICIATIVA
La iniciativa de reforma al artículo 127 de Claudia Sheinbaum refuerza la legitimidad de las decisiones tomadas en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues valida la Reingeniería Universitaria.
La lógica del proyecto legislativo presidencial coincide con la lógica de la reingeniería aplicada en la UAS. La presidenta busca evitar privilegios desproporcionados, garantizar sostenibilidad financiera, distribuir responsabilidades entre generaciones y preservar derechos sin quebrar a las instituciones.
Desde esta perspectiva, los descuentos aplicados a jubilados y las aportaciones exigidas a trabajadores activos constituyen una medida de responsabilidad institucional para preservar el sistema de retiro. La reforma constitucional refuerza el argumento jurídico-contable-administrativo de que los derechos jubilatorios deben ser sostenibles para poder existir en el futuro.
La Universidad Autónoma de Sinaloa no está actuando contra la ley. Está actuando anticipándose a ella. La reingeniería universitaria responde a razones históricas, jurídicas, financieras, constitucionales e institucionales. Ignorar la crisis estructural habría significado conducir a la Universidad hacia la inviabilidad financiera. Reformar el sistema jubilatorio, en cambio, significa salvarlo de su propio colapso.
La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum marca una nueva etapa en la administración del gasto público en México. Su objetivo es claro: eliminar privilegios, ordenar las finanzas públicas y garantizar sistemas de retiro sostenibles. En ese contexto, la reingeniería emprendida por la Universidad Autónoma de Sinaloa no aparece como un adelanto del rumbo que ahora comienza a marcar la Constitución.