Cristopher Ballinas Valdés
En las últimas semanas a raíz de pequeños brotes de sarampión en distintos estados se abrió un breve debate nacional sobre la necesidad de los esquemas de vacunación. Más allá de la politización que suele acompañar estos episodios, conviene situar la discusión en un marco más amplio del derecho a la salud y la responsabilidad compartida entre Estado y sociedad.
El sarampión ha recobrado relevancia con brotes en distintas regiones, incluido México. Para finales de 2025 e inicios de 2026, los países con más casos fueron México, Indonesia, Yemen, Pakistán, India, Mongolia, Nigeria, Angola y Estados Unidos. Las causas son múltiples, entre ellas bajas tasas de vacunación, condiciones de vulnerabilidad, factores educativos y tradiciones sociales.
Aunque los expertos coinciden en que mantener altos niveles de inmunización es crucial para frenar la propagación, durante décadas, la vacunación ha planteado dilemas éticos, revelando la tensión entre la autonomía individual y el bien común. Aunque son una herramienta esencial, no todas las personas pueden o quieren vacunarse, lo que impide alcanzar la llamada “inmunidad de rebaño”. A ello se suma la desigualdad global, ya que millones de personas en países de ingresos bajos y medios carecen de acceso a las vacunas. Este escenario se agrava con el auge de ideologías nacionalistas que privilegian intereses internos y olvidan que las enfermedades no reconocen fronteras.
A esto se suma la lógica del mercado que suele prevalecer en las farmacéuticas, quienes condicionan el desarrollo de nuevas medicinas a su rentabilidad, lo que retrasa campañas de inmunización y deja expuestas a comunidades vulnerables. La inequidad en el acceso a vacunas y servicios de salud no sólo se da entre países, sino también dentro de ellos. Comunidades alejadas o sectores sin infraestructura sanitaria quedan desprotegidos, lo que hace más compleja la labor de los gobiernos. Frente a esta realidad, la solidaridad y la cooperación internacional se convierten en principios éticos indispensables.
Hoy, dejar de vacunar ya no es un problema local. Las fronteras apenas retrasan los brotes, que tarde o temprano pueden convertirse en pandemias globales. El escepticismo hacia las vacunas y la desconfianza en las farmacéuticas complican aún más los esfuerzos colectivos. Aquí el papel del Estado es decisivo al priorizar el interés social sobre la libertad individual en casos de enfermedades transmisibles. Así mismo, un nacionalismo moderado puede coexistir con la solidaridad internacional, pues los Estados tienen deberes hacia sus ciudadanos, pero también una responsabilidad moral hacia los más vulnerables del mundo. La vacunación es una obligación moral, y garantizarla es responsabilidad de los gobiernos.
Las pandemias del futuro serán más frecuentes, severas y prolongadas. El cambio climático favorece la expansión de virus y bacterias, mientras la movilidad global y la resistencia a fármacos multiplican los riesgos. Por ello, cada brote debe tomarse con seriedad. La inmunización es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Al mismo tiempo, debemos cuidar el medio ambiente y reconocer que somos parte de los ecosistemas cuyo equilibrio sostiene la vida.
Los brotes de sarampión es un recordatorio de lo frágil que es nuestra seguridad sanitaria. Cada brote, por pequeño que parezca, advierte que las pandemias del futuro no serán accidentes aislados, sino consecuencias de nuestras decisiones colectivas. La salud pública es un bien común; protegerla es protegernos a todos. En un mundo interconectado, la próxima pandemia no será de “ellos” ni de “allá”, será de todos, y nos encontrará tan preparados o tan vulnerables como la infraestructura de salud y la solidaridad que construyamos hoy.