Aún y cuando se haya quitado de la cartelera la potencial revocación de mandato para el ejecutivo federal, el domingo 6 de junio de 2027 se celebrarán unas muy complicadas elecciones en México.
Ricardo de la Peña
Aún y cuando se haya quitado de la cartelera la potencial revocación de mandato para el ejecutivo federal, el domingo 6 de junio de 2027 se celebrarán unas muy complicadas elecciones en México, al concurrir los comicios legislativos federales, 17 elecciones de gubernaturas, múltiples elecciones de municipios y alcaldías y la gran mayoría de elecciones de diputaciones locales con la segunda parte de las elecciones judiciales federales y la mayoría de las elecciones judiciales locales para todo el país.
LAS CONSECUENCIAS DE LA CONCURRENCIA
Ya al respecto el consejero Martín Faz ha advertido que esta confluencia de elecciones pondrá el riesgo el sistema, al convertir el proceso en el más costoso, complicado, lento y sujeto a errores, afectando la certeza de los resultados, por lo que lejos de hacer más eficientes las elecciones, la realización paralela de estos procesos podría saturar la operación.
De hecho, habrá dos pistas en las elecciones de junio de 2027, puesto que algunas votaciones tienen reglas distintas. Por ejemplo: en la casilla de la elección judicial no pueden estar representaciones de partido que forman parte de la composición de las casillas de las elecciones ordinarias ejecutivas y legislativas, lo que obliga a separar las votaciones y tener que tener más de una casilla en cada lugar o incluso tener que ir a distintos lugares para votar.
Esta separación duplicará el trabajo electoral: se necesitarán más lugares de votación, más materiales, más bodegas para resguardarlos y más personas recibiendo y contando los votos. También implicará un doble proceso de integración de mesas de casilla para las elecciones comunes y las judiciales, lo que supone más capacitación, más organización y recursos humanos en todo el país y una doble demanda a la misma población para coadyuvar en la integración de las mesas directivas de casillas.
Desde el punto de vista del consejero presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) de Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, juntar ambas elecciones judiciales y comunes constituye un problema, como se demostró en lo sucedido el año pasado en Veracruz y Coahuila, localidades donde ambos procesos ocurrieron al mismo tiempo y, si bien incrementaron la participación ciudadana en las votaciones de jueces y magistrados, el hecho provocó una disminución en las boletas marcadas de la elección común.
Dice el funcionario electoral que “esto sí es problemático, porque la complejidad de la concurrencia entre elecciones políticas y elecciones judiciales podría ser un aspecto de incrementar la baja participación de las elecciones políticas, entonces creo que habría que hacer una reflexión muy cuidadosa y responsable de separar las elecciones, e inclusive revisar cuáles son las razones de la baja participación en la elección judicial, como pueden ser la gran cantidad de cargos a votar y la gran cantidad de boletas a utilizar, lo que generó esta baja participación”.
LA MULTIPLICACIÓN DE LOS COSTOS
Y si se supone que uno de los objetivos de las malhadadas propuestas de reformas constitucionales en materia electoral era reducir los costos vinculados a los comicios, al bajar las prerrogativas financieras a los partidos políticos y los gastos relacionados a la actividad de los organismos electorales, lo que no consiguió el consenso requerido para convertirse en norma, lo cierto es que la concurrencia de elecciones comunes con judiciales supondrá un costo particular relacionado con las elecciones de ejecutivos y legislativos y otro costo, que correrá en paralelo, para las judiciales, pudiendo hacer comunes gastos en una parte muy menor de los procesos a realizar.
Sin embargo, existirá la tentación del partido mayoritario de reducir los montos de los que se disponga para el conjunto de elecciones a realizar, recurriendo al expediente fácil y falaz de sumar las bolsas de las que se disponga para la totalidad de elecciones y compararlas con bolsas anteriormente disponibles, dejando al margen las afectaciones que podrán provocarse por una eventual eliminación de bonos por carga laboral durante los procesos electorales, lo que podría generar un gasto adicional de hasta mil 700 millones de pesos, debido al pago de horas extras conforme a la ley, según ha informado el Instituto Nacional Electoral (INE).
Si para lograr una innecesaria, e irrelevante en términos de gasto público, reducción de las partidas destinadas al pago de las actividades relacionadas con la celebración de elecciones en el país se reducen drástica y arbitrariamente los montos de los gastos que aporte la Federación y los Estados a la realización de los procesos electorales, las autoridades administrativas en la materia podrían verse forzadas a reducir la cantidad de casillas disponibles para las elecciones comunes y repetir el engendró de organización recortada para las elecciones judiciales.
Todo ello supondrá la disminución de la calidad de los comicios, alejando las casillas de los electores, reduciendo el tiempo disponible para el ejercicio del sufragio, aumentando la carga de trabajo de los ciudadanos que colaboren como funcionarios en las casillas. En fin: separando a los ciudadanos del ideal de organización de las elecciones hoy próximas a un ideal, hacia modelos que no por ser más austeros serán mejores para la democracia.
Pero, bueno, ya sabemos que como dijera Francisco de Quevedo, “poderoso caballero es Don Dinero” y que mientras unos en realidad sí creen que las elecciones mexicanas son muy caras, lo que habría que demostrar y no se ha hecho, otros ven el recurso a una austeridad impertinente como el camino a la consolidación y perpetuación de una mayoría electoral sustentada en lógicas de corte populista y autoritario.