“Legislar sobre la vida y la muerte no es un acto político, es un acto de amor, de ética, humanismo, compasión y de responsabilidad histórica”.
Alejandro De la Garza
El sino del escorpión recuerda a las tres parcas: Nona, Décima y Morta, diosas romanas del destino que tejen, miden y cortan el hilo de la vida de cada ser humano. Nona inicia el hilado de nuestra vida al nacimiento. Décima mide la longitud del hilo y determina cuánto tiempo viviría cada persona. Morta corta el hilo de la vida en el momento del inevitable fin.
El alacrán evoca a las parcas al leer sobre Noelia Castillo, la joven española que recibió la eutanasia hace unos días luego de una historia de terrible sufrimiento, que involucró su violación tumultuaria, un intento de suicidio que la dejó parapléjica y una lucha legal contra su padre y grupos radicales católicos que intentaron impedir su decisión. Inevitable entonces recordar también a Ramón Sampedro, el marinero gallego parapléjico desde sus 18 años, que emprendió también una larga batalla ante las Cortes, donde le negaron la eutanasia y lo obligaron a llevar a cabo su suicidio asistido. Una historia de amor y compasión capturada con maestría en la cinta Mar adentro de Alejandro Amenábar.
En México, la eutanasia activa (administración directa de sustancias para provocar la muerte a petición del paciente) y el suicidio asistido (provisión de medios para que el paciente lo haga por sí mismo) no son legales. El artículo 166 de la Ley General de Salud prohíbe expresamente “la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido”. A su vez, el artículo 312 del Código Penal Federal sanciona estas conductas con prisión de uno a cinco años por inducción o ayuda al suicidio, y entre cuatro y 12 años si se ejecuta la muerte.
Lo que está permitido, insiste el venenoso, es la eutanasia pasiva, pero sólo está legalizada mediante la Ley de Voluntad Anticipada (también llamada “muerte digna”), que permite a personas en fase terminal o con enfermedades incurables rechazar o retirar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida (como ventiladores o alimentación forzada), siempre que se respete su voluntad expresada previamente.
Esta ley pionera en la Ciudad de México desde 2008, rige en 15 entidades federativas y no equivale a eutanasia activa, pues no se administra nada para causar la muerte, sólo se deja que la enfermedad siga su curso natural. Los antecedentes estadísticos muestran que al inicio el registro era mínimo, pero tras la pandemia de COVID, el interés por dejar órdenes médicas claras aumentó significativamente.
A 18 años de su aprobación, en la Ciudad de México 27 mil personas han suscrito el documento para establecer su rechazo a “tratamientos médicos que prolonguen innecesariamente la vida”, en caso de padecer una enfermedad terminal, según informó la Secretaría de Salud capitalina. Para fortalecer este derecho, la dependencia estableció un convenio de colaboración con el Colegio de Notarios para que las personas de 65 años en adelante puedan realizar este trámite, de manera gratuita, hasta el 30 de abril en todas las notarías indicadas en su página. Luego de ese plazo, el costo por suscribir el documento será de 750 pesos para adultos mayores y mil 600 para la población en general.
El documento se puede tramitar además en dos modalidades: una, de manera preventiva ante notario público, para lo cual se deben cumplir requisitos como ser una persona mayor de 18 años, estar en pleno uso de sus facultades mentales, nombrar a un representante y firmar ante dos testigos. Y otra, se puede solicitar de manera gratuita en la institución de salud donde la persona recibe atención médica, cuando ha sido diagnosticada con una enfermedad avanzada, incurable y sin respuesta a tratamiento alguno o se halle en fase terminal.
La dependencia agregó que la determinación puede incluir el derecho a recibir cuidados paliativos, que permitan al paciente vivir sin dolor y garantizar una muerte digna y sin sufrimiento en caso de una enfermedad avanzada o terminal. El cuidado paliativo y el alivio del dolor son derechos muy importantes y reconocidos, insiste el escorpión, aunque su cobertura y calidad varían en el país.
Una nueva ley, denominada Ley Trasciende, está también en discusión en el Congreso de la Unión, impulsada por la activista Samara Martínez (quien padece una enfermedad renal terminal y lupus sistémico). Fue presentada a senadores y diputados a finales de octubre de 2025, respaldada por más de 128 mil firmas ciudadanas y con apoyo multipartidista (Morena, PT, MC, PAN y PRI en algunos momentos).
Entre sus puntos principales la propuesta incluye derogar la prohibición actual y agregar un título específico sobre eutanasia. Permitir la práctica a personas mayores de 18 años con pleno uso de facultades mentales, que sufran enfermedades terminales, crónico-degenerativas o condiciones irreversibles que causen sufrimiento intolerable.
Como requisitos, se exigen el diagnóstico médico confirmado (dos opiniones), consentimiento libre, informado, reiterado y por escrito (posiblemente ante notario), periodo de reflexión, y supervisión médica. Con todo ello se busca reconocer el “derecho a una muerte digna” humanizando el final de la vida.
El tema se reactiva periódicamente en México por casos públicos de pacientes con enfermedades graves y por activistas de organizaciones como Derecho a Morir con Dignidad. Senadores de diversos partidos, con excepción del PAN, se comprometieron a retomar la propuesta y presentarla en los próximos meses en el órgano legislativo. Al acudir a la sede del Senado, la activista Samara Martínez, expresó a los legisladores: “Vengo a pedirles desde lo más profundo de mi alma y sobre todo desde lo más profundo de mi corazón, que hagamos posible una ley que garantice la dignidad hasta el último respiro de la vida”.
Martínez subrayó que esta iniciativa “no busca promover la muerte”, sino humanizarla, “busca que ningún mexicano o mexicana tenga que morir sufriendo con dolor, con miedo, pero sobre todo con agonía, o bien, con la angustia de ver a su familia destrozarse, mientras el cuerpo se apaga lentamente”.
El alacrán sabe que el tema despierta emociones y temores, prejuicios y dogmas, pero insiste, como los hizo Samara Martínez, en que legislar sobre la vida y la muerte no es un acto político, es un acto de amor, de ética, de humanismo, compasión y de responsabilidad histórica.