Alejandro De la Garza
El sino del escorpión lo llevó a participar, allá por julio de 1976, en las movilizaciones y protestas luego de que el Presidente Echeverría organizara un golpe al liberal diario Excélsior, dirigido por el periodista Julio Scherer, de quien celebramos este año su centenario. El alacrán estudiaba periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y aquella batalla por la libertad de expresión resultó fundamental para el periodismo mexicano y también formativa para los estudiantes que entonces recibíamos clases de varios periodistas del combativo diario.
En aquellos años se desarrollaba además la llamada guerra sucia contra guerrilleros, disidentes, activistas y también periodistas, aunque las formas de control de la prensa eran más directas y se ejercían rígidas y autoritarias desde las propias redacciones de los diarios. Tras muchos años de control y represión gubernamental a la prensa, el nuevo siglo trajo otros más violentos enemigos de los informadores, que hoy se ven obligados a enfrentar con sus vidas al crimen organizado y sus alianzas políticas.
La violencia contra la prensa en México no es un fenómeno episódico y local ya rebasado, observa el escorpión, sino que figura como una crisis estructural que marcó —y sigue marcando — a periodistas, medios y comunidades. Del año 2000 a la fecha, las organizaciones independientes han documentado entre 176 y 183 periodistas asesinados en posible relación con su labor. Estas cifras, las historias detrás de ellas y la respuesta institucional conforman parte de esa crisis.
La noche en que Javier Valdez dejó de escribir, Culiacán perdió algo más que a un cronista. Cofundador de Ríodoce, Valdez había dirigido su oficio a nombrar la violencia innombrable. Su asesinato, en mayo de 2017, fue una sacudida al periodismo todo. Miroslava Breach, ejecutada apenas unas semanas antes en Chihuahua, dejó la misma estela de preguntas sobre los límites de la investigación periodística y la capacidad del Estado para proteger a quienes la ejercen.
A ellos se suman más periodistas asesinados que han marcado la memoria colectiva, como los de Regina Martínez, Yolanda Ordaz y María Elena Ferral en Veracruz; Rubén Espinosa en la Ciudad de México; Cecilio Pineda y Misael Tamayo en Guerrero; Francisco Ortiz Franco en Baja California y Armando Saldaña en Oaxaca. Estos y otro centenar de casos dibujan un mapa terrible: periodistas que investigan corrupción, nexos entre poder y crimen, o cuentan lo que ocurre en sus comunidades, y por ello pagan con su vida.
Las cifras son una suma de historias truncadas y de impunidad. Organizaciones independientes como Artículo 19 y Propuesta Cívica han documentado cada caso y han elaborado fichas informativas que reconstruyen contexto, memoria e impunidad. A escala internacional, el Committee to Protect Journalists, el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO y Amnistía Internacional han publicado informes que contabilizan casos terribles, pero además señalan patrones de impunidad y fallas institucionales.
Veracruz aparece a la cabeza de este doloroso listado. El estado, escenario de varios de los casos más mediáticos y de una oleada sostenida de agresiones a la prensa, concentra un número desproporcionado de homicidios de periodistas. No es casualidad, ahí donde la violencia organizada se mezcla con redes de poder local y la impunidad campea, como ha sucedido en esa entidad casi tradicionalmente, la prensa se vuelve un blanco fácil. Y cuando los reporteros huyen, como ocurrió con varios colegas que dejaron Veracruz, y aún así terminan asesinados en la capital o en otro estado, se comprueba el alcance de la violencia criminal.
A Veracruz le siguen en el listado Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca, Ciudad de México (incluye casos ocurridos en la capital de periodistas desplazados), Tamaulipas, Puebla, Morelos y el Estado de México, lee el escorpión en el informe de Artículo 19.
Ante este panorama, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas nació como una respuesta institucional necesaria: evaluar riesgos, diseñar planes de protección, otorgar medidas que van desde escoltas y vigilancia hasta reubicación temporal, botones de pánico, apoyos técnicos. En el papel, la idea es sensata; en la práctica, la experiencia de periodistas y organizaciones ha mostrado fallas, según reporta Amnistía Internacional.
La desconfianza hacia las instancias oficiales, la lentitud en la implementación de medidas, la insuficiencia de recursos y la falta de una política preventiva robusta han limitado la eficacia del Mecanismo. Investigaciones periodísticas recientes han intentado poner números a su operación: entre 2020 y 2024, según recuentos publicados por El Universal, el Mecanismo recibió más de mil solicitudes, un dato que habla tanto del aumento de las agresiones como de una mayor disposición de algunas personas a pedir protección.
De esas solicitudes se atendieron cerca de 640. Tomando en cuenta presentaciones y estadísticas oficiales fragmentadas, el total acumulado de personas atendidas por el Mecanismo en años recientes se estima en un rango aproximado de 600 a 700. Pero hay una salvedad, estos totales mezclan a periodistas con defensores de derechos humanos, y la desagregación por ocupación no siempre está disponible públicamente.
Estos números dan una idea de la escala de la problemática, pero no sustituyen la necesidad de datos claros, actualizados y desagregados que permitan evaluar con precisión cuántos periodistas han recibido protección efectiva y con qué resultados. Todo con atención especial a lo delicado de la información misma y a lo establecido legalmente para la protección de los datos personales y privados de las personas atendidas.
Como ocurrió recientemente con el documento sobre las desapariciones en México, organismos internacionales como la UNESCO y el CPJ han exigido investigaciones diligentes y el fin de la impunidad. Amnistía Internacional ha documentado cómo la falta de sentencias y la revictimización de familiares perpetúan el daño. Esa presión externa ha logrado, en ocasiones, que casos emblemáticos reciban atención y que se anuncien detenciones; no obstante, la percepción general es que las respuestas estatales han sido insuficientes para romper el ciclo.
En México necesitamos un Mecanismo de protección con recursos, transparencia y protocolos preventivos, abunda el venenoso. Requerimos fiscalías que investiguen con independencia y eficacia (“¡Uf! ¿Será posible algún día?”, se oye el grito desde gayola), además de una coordinación real entre instancias federales y estatales para que las investigaciones no se queden a medias.
También es urgente que los medios, grandes y pequeños, asuman protocolos de seguridad y solidaridad; que la sociedad civil mantenga la presión y que la comunidad internacional evite la normalización de la violencia como un costo inevitable por documentar e informar sobre el crimen organizado, que asedia regiones completas de nuestro territorio, según se aprecia desde los municipios. El alacrán insiste, la labor de los periodistas honestos en territorio es casi la única garantía de que la verdad pueda hoy saberse.