Alvaro Aragón Ayala
En el complejo ecosistema del agro mexicano, la agitación del llamado Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano decantó en una narrativa cuya puntería parece sospechosamente selectiva. El señalamiento frontal contra Julio Berdegué Sacristán como el artífice de la precariedad en los apoyos a las cosechas de maíz y trigo resulta una simplificación analítica y un error técnico de fondo. Convertir a un solo funcionario en el pararrayos de una crisis estructural revela una intención que trasciende la demanda económica y apunta hacia una estrategia de ataque político premeditado.
Existe un axioma presupuestario que no admite interpretaciones perversas: el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) no tiene la facultad de “crear” dinero. El diseño institucional del Estado mexicano es taxativo: el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), propone el paquete económico, pero es la Cámara de Diputados quien ostenta la facultad exclusiva de discutir, modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Bajo esta lógica, los legisladores son los corresponsables directos de un presupuesto que el sector califica como raquítico, y, sin embargo, permanecen cómodamente fuera del foco de la protesta. Berdegué, en su papel de administrador, opera bajo el principio de legalidad financiera: gestiona lo autorizado, no lo imaginado. La SADER no es una entidad emisora de recursos, sino un órgano ejecutor de una bolsa previamente limitada por otros Poderes. Exigir al operador lo que le corresponde al decisor es, por definición, una distorsión del debate público.
El segundo vicio del conflicto o la demanda de apoyos para las cosechas es cronológico. La batalla por los precios de garantía y los esquemas de comercialización debe librarse en los recintos legislativos durante la definición del presupuesto federal, no en las carreteras cuando el grano ya está en la báscula. Es en el momento técnico-legal de la negociación presupuestal donde se deben blindar los recursos para amortiguar la volatilidad del mercado global.
No obstante, en México persiste una anomalía estructural pues la exigencia de mejores precios al trigo y el maíz siembre se traslada al final del ciclo productivo. Cuando las cosechas ya habitan en las bodegas, la presión estalla bajo la urgencia del vencimiento crediticio, forzando una negociación reactiva y no estructural. En este escenario de crisis inducida, el interlocutor visible —la SADER— termina absorbiendo culpas por omisiones que se gestaron meses atrás en el Congreso Federal.
El caso de Sinaloa es paradigmático de esta crisis, pero no por negligencia administrativa, sino por una dependencia brutal del mercado internacional. El precio del grano no se dicta en la Ciudad de México ni en el surco sinaloense; se define en la Bolsa de Chicago. México, como tomador de precios, enfrenta una vulnerabilidad estructural que décadas de ausencia de una reconversión productiva de fondo han exacerbado. Responsabilizar a la gestión actual de una inercia económica global es ignorar deliberadamente las leyes de la oferta y la demanda.
La focalización quirúrgica de los ataques contra Julio Berdegué obliga a plantear una interrogante sobre la naturaleza real del movimiento: ¿se está ante una exigencia económica legítima o frente a una disputa de poder que busca la “caída” prematura de un perfil técnico de alto nivel? Resulta plausible hipotetizar que la personalización del conflicto es una estrategia de pinza. Por un lado, grupos de interés habituados a la intermediación presupuestal ven en el rigor técnico de Berdegué un obstáculo para los privilegios de antaño.
Por otro, el silencio cómplice de ciertos actores políticos sugiere una conspiración de pasillo: permitir que el titular de SADER se desgaste frente a las bases sociales para debilitar su posición dentro del gabinete. La narrativa de “culpable único” suele ser el preludio de un movimiento de piezas políticas. En contextos de alta tensión, reducir problemas multifactoriales (como el precio de los insumos o la paridad cambiaria) a la figura de un solo hombre, es un indicio inequívoco de que el objetivo no es el campo, sino la silla.
Sí, el debate se agota en nombres propios y no en reformas estructurales, ocasionando que el problema de fondo permanezca inamovible. Ni el presupuesto se redefine en los bloqueos carreteros, ni las soluciones de largo plazo se construyen bajo el chantaje de la coyuntura. La crisis agrícola requiere de una corresponsabilidad entre Hacienda, el Legislativo y los productores, pero, sobre todo, requiere honestidad intelectual para admitir que sacrificar a un funcionario no corregirá un modelo que lleva décadas fracturado.