Alvaro Aragón Ayala
Los Mochis, Sinaloa. – La cloaca del Ingenio Mochis (Compañía Azucarera de Los Mochis) volvió a abrirse, saliendo a la luz pública uno de los episodios más oscuros en la historia económica de la región. Esta vez no se trata de señalamientos que provienen de un abogado que asegura conocer a fondo las entrañas jurídicas y financieras del caso.
José Carlos Valle Saracho, ex presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, ex regidor del Ayuntamiento de Ahome y ex secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, lanzó un cuestionamiento frontal contra Luis Puente Pérez, a quien señala no sólo como socio del grupo que controló el Ingenio, sino como parte del entramado que derivó en su colapso.
En un video difundido en redes sociales, Valle Saracho plantea una pregunta central que, hasta ahora, sigue sin respuesta documentada: ¿cómo se hizo socio Luis Puente del Ingenio Mochis y de sus empresas filiales, entre ellas Agrícola Ohuira, junto a Alejandro Elizondo y Rodolfo de la Vega? La interrogante toca el origen mismo de la estructura empresarial que terminó en quiebra.
De acuerdo con el abogado, para ser socio de una empresa es indispensable la adquisición de acciones mediante recursos económicos, pero en este caso -afirma- eso no ocurrió. Sostiene que Puente no habría comprado acciones de manera convencional, lo que abre la sospecha de que su participación se construyó bajo esquemas ajenos a la legalidad mercantil ordinaria.
Valle Saracho sostiene que Luis Puente, en su calidad de abogado fiscalista, habría ayudado a un grupo de empresarios —a los que califica como “fraudeadores”— a evadir sumas millonarias en impuestos, utilizando sus conocimientos y relaciones dentro del ámbito federal. A cambio de esos servicios- señala- no habría recibido un pago en efectivo, sino que fue incorporado como socio dentro de las empresas vinculadas al Ingenio.
Bajo esta lógica, su entrada al grupo empresarial no habría sido producto de una inversión legítima, sino de una contraprestación derivada de operaciones fiscales cuestionables, lo que configuraría una estructura de beneficios cruzados entre asesoría fiscal y participación accionaria.
El propio Valle Saracho afirma que, una vez que Luis Puente dejó de ser útil dentro de ese esquema, fue desplazado por los mismos socios, lo que evidenciaría -según su versión- la naturaleza utilitaria y desechable de su participación dentro del grupo encabezado por los Elizondo.
Valle Saracho asegura que Luis Puente sabía con anticipación que el Ingenio Mochis sería llevado a la quiebra de manera deliberada, un proceso que terminaría afectando gravemente a miles de trabajadores. A pesar de ello – agrega- no alertó ni denunció en su momento.
Según su dicho, Puente guardó silencio porque esperaba ser liquidado económicamente, confiando en que recibiría una compensación antes del colapso definitivo de la empresa. Esa expectativa -afirma- fue lo que lo llevó a no advertir a los trabajadores sobre lo que estaba por ocurrir.
Hoy, en contraste, Luis Puente ha reaparecido en la escena pública -luego de haber sido aspirante a la alcaldía de Ahome años atrás- presentándose como defensor de los extrabajadores del Ingenio y promotor de acciones legales contra el Sindicato de la factoría desaparecida.
Sin embargo, Valle Saracho descalifica esa postura y la considera ñ engañosa, al sostener que se trata de una “causa perdida” y que quienes fueron parte del problema no pueden ahora asumirse como representantes legítimos de los afectados.
En paralelo, Luis Puente introdujo un nuevo elemento al debate: la situación jurídica del Teatro de la Ciudad construido, en terrenos que pertenecieron al Ingenio, durante la administración del entonces gobernador Mario López Valdez y posteriormente concesionado a Pilar Artola de Salido, vinculada al GRUPO EL DEBATE.
De acuerdo con Puente, dicho inmueble no estaría debidamente escriturado, lo que abre otra línea de cuestionamientos sobre el destino de los bienes derivados de la desintegración del complejo industrial.
En una de las afirmaciones más contundentes, Valle Saracho reconoce que tanto él como Luis Puente conocen a fondo lo que denomina “la entraña de la transa del Ingenio Mochis”. La diferencia, sostiene, es que Puente lo sabe por haber sido parte del grupo empresarial, mientras que él lo conoce por haber sido asesor jurídico de un empresario de Monterrey que -según afirma- fue víctima de esos mismos esquemas.
El caso del Ingenio Mochis se mantiene como un conflicto abierto que mezcla intereses económicos, disputas legales y ahora, confrontación directa. Las acusaciones reavivan preguntas que nunca fueron resueltas y que siguen pesando sobre uno de los episodios más polémicos en la historia reciente de Sinaloa.
¿Cómo se integraron realmente los socios del Ingenio? ¿Cuánto invirtieron realmente? ¿existieron o no mecanismos de evasión fiscal como vía de acceso a la propiedad? ¿quiénes conocían el desenlace antes de que ocurriera?, y sobre todo, ¿quiénes se beneficiaron del colapso de una de las industrias más importantes del norte del estado?