Darylh Rodríguez
El reciente proceso de elección de tres nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) quedó enturbiado por negociaciones de último minuto, disputas entre el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) –aliados de Morena– y señalamientos de opacidad en la definición final de los perfiles que integrarán el nuevo arbitraje político-electoral, señala en entrevista para Contralínea la jefa de la Unidad de Investigación del Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Alejandra Tello Mendoza.
La también funcionaria de la Escuela Judicial Electoral, quien figuró entre las finalistas del proceso iniciado en el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados, pero cuyo nombre fue retirado del acuerdo original por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), junto al de Bernardo Valle Monroy, debido a una falta de consenso entre el PVEM y el PT, sostiene que el procedimiento “amerita revisión y crítica”, pues detrás de la designación de estos espacios aún persiste un sistema de “cuotas partidistas”.
“Debemos de evaluar que, evidentemente, esto es algo que no se acepta ni se dice públicamente. Hoy se cuestiona el procedimiento como si esto fuera nuevo, cuando históricamente, desde que se crea el Instituto Federal Electoral, siempre ha sido un sistema de cuotas partidistas. Siempre las y los consejeros que llegan al Instituto Nacional Electoral cabildean. Eso también es un hecho y es algo que no se dice públicamente, pero todas y todos lo sabemos”, afirma.
Para Tello Mendoza, el proceso de elección de nuevos espacios al interior del máximo órgano electoral arrastra históricamente un sistema de cuotas partidistas que, en los hechos, orilla a las y los aspirantes a “cabildear” para alcanzar un respaldo de las fuerzas políticas con capacidad de negociación. Y es que, en otros momentos, dichas postulaciones eran respaldadas principalmente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y, en menor medida, el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Sin embargo, con la nueva correlación de fuerzas en el Congreso, hoy las negociaciones se concentran en la alianza tripartita encabezada por Morena, PVEM y PT. Ante este escenario, ella considera “hipócrita” omitir o minimizar el peso político que existe en la designación de las nuevas consejerías electorales.
“Sí, es un hecho, las y los consejeros son ciudadanas y ciudadanos, no militan en un partido político, pero sus postulaciones son respaldadas siempre por las fuerzas políticas que tienen capacidad de negociación”, señala. Sin embargo, pese a este planteamiento, la especialista en materia electoral reconoce que el comportamiento político no implica normalizar la opacidad ni tampoco la exclusión de otras fuerzas parlamentarias en el proceso de negociación; más bien, sostiene que una solución sería “pensar” en un “procedimiento que sí tenga un componente político pero que pueda incluir a todas las fuerzas políticas”.
Ante la magnitud de sus declaraciones, la jefa de la Unidad de Investigación del TEPJF aclara, en entrevista con este seminario, que reconocer el componente político en la designación de consejerías no está peleado con la evaluación técnica que debe sustentar cada perfil. A su juicio, el reto aún consiste en construir un procedimiento que combine ambos elementos sin perder de vista principios éticos y constitucionales.
“Lo que se puede distinguir, y lo que tendría que revisarse siempre por un comité de evaluación, es que quienes lleguen al cargo, además de tener la experiencia y el conocimiento técnico, tienen que tener una sólida ética republicana. Creo que eso sería lo más importante, que a pesar de que pueda una persona tener una afinidad política con un partido o cierta cercanía, al final sea capaz de anteponer siempre la Constitución”.
El planteamiento de la especialista, no obstante, dista de materializarse en el modelo actual de evaluación para la elección de consejerías. Si bien el proceso inició con una revisión documental por parte del Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados, la aplicación de un examen de conocimientos y la conformación de quintetas para su eventual votación, la investigadora advierte que existen “áreas de oportunidad” que deben corregirse.
Entre esas áreas de oportunidad destaca la prueba de conocimientos. Como se recordará, el ejercicio de evaluación generó cuestionamientos tanto en la esfera mediática como en la opinión pública, además de inconformidades entre algunos aspirantes que no lograron avanzar en el proceso de selección, y quienes señalaron presuntas inconsistencias en los resultados, ya que, mientras varios aspirantes con trayectoria en materia electoral quedaron fuera, comenzaron a perfilarse candidatos “cercanos” al grupo morenista, al contar con evaluaciones casi “perfectas”.
“Creo que el examen amerita una crítica, una revisión y una evaluación. En particular, a mí me parecieron algunas preguntas bastante confusas. Yo estudié mucho desde el concurso pasado; participé y fui de las calificaciones más altas. Aun así, calculo que alrededor de unas 30 preguntas estaban un poco confusas”, sostiene.
A partir de ello, la jefa de la Unidad de Investigación del TEPJF plantea que en futuros procesos el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) debería fortalecer la realización de reactivos y, además, se tendría que incorporar a especialistas en diseño de instrumentos de evaluación. “Creo que pudiera mejorarse la forma en que se hacen estos exámenes, incluyendo, quizá, al Ceneval, que, por ejemplo, apoya al propio INE para hacer los exámenes de las consejerías de los OPLEs o a personas expertas en hacer exámenes, porque hacer activos no es una tarea menor”.
Entre las áreas de oportunidad del proceso de elección de consejerías, Tello también cuestiona la opacidad que existe en la evaluación de documentos clave, como son ensayos, currículums y exposiciones de motivos de las personas aspirantes. Y es que, a diferencia del proceso anterior, del 2023, cuando dichos materiales fueron públicos desde las primeras etapas, en esta ocasión no se transparentaron los criterios ni los puntajes asignados por el Comité de Evaluación, lo que generó cierta “incertidumbre” entre los participantes, sugiere.
Y aunque la funcionaria aclara que no cuenta con elementos para afirmar la existencia de irregularidades o favoritismos en el proceso –como llegó a sostener la opinión pública–, insiste en que la transparencia debió ser uno de los ejes rectores del procedimiento, a fin de dotarlo de mayor certeza y legitimidad.
“No quiero que esto se malinterprete como una descalificación al proceso, ni una descalificación al comité, sino que necesitamos decir las cosas como son, hacerlas más transparentes y evaluar si como lo estamos haciendo ahora afecta o no la legitimidad y la confianza. Y creo que lo que vimos cuando se deja fuera a otros partidos políticos, porque no sirven para la votación mayoritaria, genera una herida de legitimidad”.
La herida que brota en este proceso no es nueva, y el desgaste en la legitimidad tampoco. Ha ocurrido en el pasado y, lo más probable, es que pueda repetirse en el futuro, debido al marco legal bajo el cual se eligen a estos árbitros electorales. En este sentido, la especialista recuerda casos previos dentro del entonces Instituto Federal Electoral, como el de María Marván Laborde, quien, dice, fue la única consejera que no transitó al nuevo Instituto Nacional Electoral tras la reforma constitucional de 2014. “María no cabildeó, hasta donde tengo entendido, y fue la única consejera que no se quedó”.
Sin embargo, la especialista también recuerda a perfiles bastante cuestionados que lograron mantenerse o llegar al máximo órgano electoral mediante este tipo de negociaciones políticas. Entre ellos menciona a Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del INE, cuya gestión estuvo marcada por polémicas públicas y posteriores observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por presuntas irregularidades administrativas, tales como inconsistencias en la supervisión y control de los procedimientos de contratación, en la prestación de servicios y en la adquisición de bienes, así como en la comprobación de millones de pesos en recursos ejercidos.
“Veamos cómo actuó Lorenzo Córdova. Fue a cabildear a Palacio Nacional con Enrique Peña Nieto, todos los consejeros en su momento también hicieron lo propio, y es algo que no se pone sobre la mesa al escrutinio público”.
Campaña en su contra por acción afirmativa
Uno de los episodios más álgidos del pasado proceso de elección de consejerías electorales se trasladó al terreno digital. De acuerdo con Alejandra Tello Mendoza, perfiles afines a la derecha política mexicana –como Lorenzo Córdova Vianello– y comunicadores –como Carlos Loret de Mola–, así como cuentas anónimas en redes sociales, contribuyeron a la narrativa de deslegitimación del proceso y, particularmente, de ataques en su contra.
La funcionaria del TEPJF sostiene que, tras registrarse como aspirante bajo acción afirmativa por discapacidad, debido a la enfermedad crónica que padece, enfrentó una “violenta campaña” de desprestigio en plataformas digitales como X –propiedad del magnate de ultraderecha Elon Musk–, donde, afirma, la conversación pública suele estar influenciada por cuentas no orgánicas. “Yo me auto inscribí como persona con discapacidad, y a partir de ahí inició una violenta campaña en mi contra. Y quisiera aclarar que en ningún momento yo pedí esa acción afirmativa”.
Históricamente, en el país, las acciones afirmativas en materia electoral han sido resultado de una lucha de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad a partir del litigio estratégico, que incluye a personas de grupos indígenas, afromexicanos, con discapacidad, migrantes y de la comunidad de la diversidad sexual –LGBTIQ+–, señala la especialista. Con ello, explica que la medida derivó de impugnaciones promovidas por otras personas aspirantes, y de una sentencia judicial que ordenó al Comité Técnico Evaluador consultar a los participantes si pertenecían a algún grupo en situación de vulnerabilidad.
En su caso, refiere que desde 2017 fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico y fibromialgia, padecimientos crónicos y autoinmunes que siguen rodeados de desinformación y prejuicios, y que ahora, en un proceso con tal magnitud política, le ha generado “violencia capacitista”. “Ha sido una situación bastante difícil para mí. Hay mucha desinformación en torno a este tipo de padecimientos autoinmunes; es una enfermedad crónica que hasta el día de hoy no tiene cura. El tratamiento que tenemos simplemente ayuda a paliar los síntomas y evitar complicaciones, pero cualquier persona que vive este tipo de padecimiento sabe que es un padecimiento muy duro, porque entre los síntomas hay fatiga crónica, dolor crónico y puede generarse, no en todos los casos, lo que se conoce como una discapacidad orgánica”, expone.
Tello asegura que, mientras las muestras de respaldo que recibió provinieron de usuarios reales, activistas, médicas y personas cercanas a su trayectoria, gran parte de los ataques emanan de cuentas falsas o automatizadas. “Las personas que hablaron a mi favor son usuarios reales; fue algo orgánico. En cambio, gran parte de los comentarios negativos y la violencia eran cuentas sin foto, que parecen bots o trolls”, sostiene.
Sin embargo, esta situación no es nueva. En la actualidad, el debate político-electoral está marcado por una creciente presencia de cuentas en redes sociales que buscan enjuiciar, polarizar o deslegitimar procesos democráticos y asuntos de trascendencia política. En ese contexto, la también coautora del libro Entre la Constitución y la Campaña Mediática. Asignación de diputaciones en México en 2024 expone que existen antecedentes de campañas digitales coordinadas en otros debates político-electorales, como el de la sobrerrepresentación legislativa, donde, dice, el análisis del caso detectó una conversación artificial impulsada por ciertos actores mediáticos y organizaciones vinculadas al ala de derecha internacional.
Pese a ello, Alejandra Tello Mendoza considera que la polémica generada por la socialización de su obra abrió una ventana para visibilizar su padecimiento y, al mismo tiempo, contribuyó a discutir cómo hacer efectivas las acciones afirmativas para grupos que han sido discriminados en la integración del Consejo General del INE.
“Creo que aquí la crítica que podemos hacer al comité técnico evaluador, en un momento dado quizás hubiera sido bueno aclarar cuáles fueron los criterios que tomaron, porque en mi opinión sí fue una decisión muy rápida. Nos preguntaron, y como a los dos días o al día siguiente ya habían puesto un listado con el grupo poblacional vulnerable al cual nos auto adscribimos”, explica.
Asimismo, menciona que, hasta ahora, los avances en la materia se han logrado principalmente a través de litigios estratégicos, sentencias judiciales y esfuerzos institucionales del INE y de OPLEs para implementarlas en plazos reducidos.
“Lo que sí tendríamos que pensar a futuro, me parece, es cómo hacemos efectivas las acciones afirmativas para los grupos en situación de vulnerabilidad para integrar un órgano como el Consejo General del INE, porque son muy pocos cargos los que en un momento dado se tienen que seleccionar, y no es sencillo pretender incorporar a todos los grupos que hoy consideramos en situación de vulnerabilidad, porque ya históricamente han estado super representados o discriminados en el ejercicio de sus derechos político-electorales”.
La discusión pendiente
Para la académica y funcionaria electoral, la discusión pública no debe centrarse en negar el carácter político del proceso, sino en transparentar y diseñar mecanismos que permitan incluir a todas las fuerzas políticas sin comprometer la autonomía del órgano electoral, ya que, advierte, aún existen varias áreas de oportunidad por atender.
“Tenemos que reconocer que así funciona el sistema de designación de las consejerías del INE. Insisto, lo que tenemos que revisar es qué hacemos cuando no hay un equilibrio con todos los partidos políticos, pues sucede como ahora, donde tres partidos políticos pueden no tomar en cuenta a los otros partidos políticos”, concluye.
Y pese a las críticas formuladas al procedimiento, Alejandra desea éxito a las nuevas consejerías electorales que sustituirán a Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, quienes concluyen su encargo en medio de señalamientos por su presunta parcialidad en decisiones del órgano electoral.
“Como lo expresé en redes sociales, yo felicito a Blanca, Frida y Arturo. Espero que se integren y formen un órgano cohesionado, que defienda sus determinaciones, que las exponga, que sea capaz de recibir críticas y de responder no desde la confrontación, sino desde un debate de altura; eso es lo que quisiéramos ver los ciudadanos”.
Tras un acuerdo interno en San Lázaro, los tres nuevos integrantes en el Consejo Electoral del INE son Arturo Manuel Chávez López, actual director de Talleres Gráficos de México; Frida Denisse Gómez Puga, exconsejera electoral de Tamaulipas y actual titular del Órgano Interno de Control de Tamaulipas; y Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del Instituto Nacional Electoral de Puebla, quienes permanecerán en el cargo hasta el 2035.