Carlos Aguilar
Antes de la tecnocracia y del viraje hacia el neoliberalismo, México apostaba por un modelo económico con un principio claro: el desarrollo debía construirse desde dentro.
En los gobiernos de Echeverría y López Portillo, el país operaba bajo la llamada Industrialización por Sustitución de Importaciones, que privilegiaba la producción nacional, el fortalecimiento del campo y una economía que buscaba depender menos del exterior.
Ese modelo fue sustituido a finales de los años ochenta por otro radicalmente distinto: la apertura económica, la integración al mercado global y la reducción del papel del Estado. Es cierto que el “boom” del petróleo mexicano nos convirtió en un objetivo comercial para el mundo y México decidió aprovecharlo para competir apostando a su otra principal ventaja comparativa: su mano de obra calificada y barata.
Sin embargo, estamos en terreno inhóspito hablando de economía. El discurso oficial pretende regresar a una lógica nacionalista, con propuestas como el Plan México y el sello “Hecho en México”, mientras que la realidad económica sigue anclada a la globalización comercial. Exportamos, dependemos del exterior y competimos bajo reglas globales. Es la imposición de dos visiones opuestas que debemos soportar y conciliar. Precisamente en ese terreno de contradicciones es que las reformas laborales deben resolver la problemática con pragmatísmo y sentido común.
La reducción de la jornada laboral a 40 horas, nos la presentan como un avance social en términos de bienestar; aunque también implica una presión directa sobre los costos de mano de obra que corre a cargo de las empresas, especialmente de las pymes que, de acuerdo con el INEGI, son las que proporcionan el 55 por ciento del empleo formal. Debemos considerar la carga fiscal y laboral que esto implica porque, al pretender que se trabaje menos, ganar igual y producir lo mismo sin mermar la productividad, es más una aspiración que una política legislativa.
Algo similar ocurre con la llamada “Ley Silla”. Esta reforma obliga a los empleadores a proporcionar una silla con respaldo a sus trabajadores, no obstante que la mayoría de los centros de trabajo ya cuentan con un espacio para el descanso. Más allá de su carga simbólica, la reforma parte de una premisa discutible: que el problema del trabajo en México es la ausencia de una silla. Se legisla sobre lo visible y lo inmediato, mientras los problemas estructurales como la informalidad, baja productividad y precarización del trabajo siguen intactos.
En cuanto al salario mínimo, los aumentos han sido presentados como una conquista social. Sin embargo, la realidad es diferente. Durante años, ese salario dejó de ser una referencia efectiva en el mercado laboral. Hoy se incrementa, sí, pero dentro de una economía donde la inflación, el tipo de cambio frente al dólar o la pérdida histórica del poder adquisitivo del peso terminan por dejar las cosas como estaban antes. Entonces, subir el salario no necesariamente significa más poder adquisitivo.
Quienes ya vivimos las fallas del modelo setentero sabemos que la carestía devora los tres ceros que Carlos Salinas de Gortari alguna vez eliminó de nuestra moneda de cara al mundo (la paridad era de tres pesos por dólar). Se entenderá lo expuesto si la próxima vez que compremos algo le agregamos tres ceros al precio para dimensionar lo que realmente estamos pagando. En tales condiciones, cualquier reforma laboral sin sustento en la realidad será como un espejísmo en el desierto.