La discusión sobre los cuidados no puede reducirse a un debate de gasto social, sino en mecanismos de financiamiento desde lo tributario y el uso cuidadoso de instrumentos de deuda.
Alejandra Macías Sánchez*/ CIEP
En México, el cuidado sigue siendo una responsabilidad de los hogares, financiada a través de trabajo no remunerado, principalmente de las mujeres. Aunque en los últimos años el tema ha ganado espacio en la agenda pública, todavía no contamos con un sistema nacional capaz de garantizar el derecho al cuidado a lo largo de la vida. Lo que existe son programas dispersos, apoyos aislados y esfuerzos institucionales que, lejos de conformar una política integral, reflejan una atención desarticulada y profundamente desigual.
México envejece aceleradamente, el número de hijos promedio por mujer disminuye y las necesidades de atención para niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad crecen. Sin embargo, el financiamiento y la provisión de servicios siguen dependiendo, en gran medida, del lugar donde se vive, del nivel de ingreso y, sobre todo, del trabajo no remunerado de las mujeres.
La desigualdad comienza desde el financiamiento. Actualmente, los recursos destinados a los cuidados provienen de una combinación poco coordinada de gasto público y privado de los hogares. En consecuencia, quienes tienen más recursos encuentran mecanismos para resolver sus necesidades de cuidado, mientras que los hogares de menores ingresos enfrentan barreras económicas y de acceso.
La fragmentación también es territorial. Las entidades federativas y los municipios han impulsado iniciativas relacionadas con los cuidados, pero sus capacidades financieras son profundamente distintas. Mientras algunas ciudades avanzan en centros de atención y programas especializados, otras apenas cuentan con recursos para cubrir necesidades básicas. La ausencia de mecanismos de fiscales redistributivos profundiza las desigualdades regionales y limita la construcción de un verdadero sistema nacional.
A ello se suma la fragmentación institucional. Los cuidados atraviesan sectores tan diversos como salud, educación, protección social, discapacidad, envejecimiento y empleo. El reciente Anexo Transversal 31 representa un avance para identificar recursos relacionados con los cuidados, pero visibilizar el gasto no equivale a financiar una política. Contabilizar programas dispersos no sustituye la necesidad de crear nuevos servicios, ampliar cobertura o profesionalizar al personal cuidador.
La desarticulación también se refleja en la forma en que se distribuyen los recursos públicos a lo largo de la vida. Mientras una persona adolescente recibe, en promedio, 14 mil 876 pesos anuales en programas y servicios relacionados con cuidados, un adulto joven (18 a 30 años) recibe apenas 6 mil 208 pesos. En la primera infancia el gasto asciende a 3 mil 134 pesos; en la niñez media a 6 mil 235 pesos; en las personas adultas a 2 mil 256 pesos; y en las personas adultas mayores a 10 mil 020 pesos, principalmente por los programas de pensiones. Estas diferencias evidencian que la inversión pública no responde a una lógica integral del cuidado, sino a la coexistencia de programas sectoriales diseñados de manera independiente.
La consecuencia es que las personas transitan por distintas etapas de la vida enfrentando una oferta pública inconexa. Los apoyos para la primera infancia no necesariamente se articulan con los servicios para personas con discapacidad o con las necesidades crecientes de cuidados de larga duración para las personas mayores. El resultado es una trayectoria de atención incompleta, donde las familias deben llenar constantemente los vacíos que deja el Estado.
Por tanto, la discusión sobre los cuidados no puede reducirse a un debate de gasto social, sino en mecanismos de financiamiento desde lo tributario y el uso cuidadoso de instrumentos de deuda. Invertir en cuidados significa impulsar la participación laboral, especialmente de las mujeres; fortalecer la autonomía económica; generar empleos formales en sectores intensivos en mano de obra; y responder de manera preventiva a los retos del envejecimiento. Es una inversión productiva, no un costo asistencial.
El desafío de México es construir una arquitectura financiera e institucional que garantice cuidados universales, coordinados y sostenibles. Un sistema donde los distintos órdenes de gobierno compartan responsabilidades, el financiamiento sea progresivo y las necesidades de las personas, y no las limitaciones administrativas, definan las prioridades de atención.
Mientras el financiamiento siga siendo desigual y la atención permanezca desarticulada, el derecho al cuidado seguirá dependiendo de la capacidad económica de cada familia. Y en una sociedad que envejece rápidamente, esa no es solo una injusticia social: es una vulnerabilidad económica que México ya no puede darse el lujo de ignorar.
Alejandra Macías Sánchez*
Es economista por la UDLAP y doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM. Ha trabajado en el gobierno federal y en organismos internacionales. Tiene experiencia en temas de evaluación, finanzas públicas, seguridad social y desarrollo social, sobre los cuales ha publicado. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y actualmente es directora ejecutiva en el CIEP. Se especializa en cambio demográfico, finanzas públicas y transiciones justas, con especial interés en la mejora del sistema fiscal con base en evidencia y perspectiva de género. Le interesa mejorar las finanzas públicas con base en evidencia y perspectiva de género.