Álvaro Aragón Ayala.
La convocatoria emitida por Morena para definir la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, más allá de su apariencia jurídica y procedimental es, en esencia, un instrumento de ingeniería política fabricado para concentrar el control de la sucesión en Palacio Nacional. El documento revela una dinámica de mando en la que la participación opera como mecanismo de legitimación, mientras la decisión efectiva permanece encapsulada en las estructuras centrales del movimiento gobernante. Bajo esa lógica, la convocatoria fue concebida para ordenar una imposición estratégica.
La convocatoria no fue emitida por una coalición ni por un frente integrado por Morena, PVEM y PT. Fue manufacturada y publicada exclusivamente por Morena, a través de su Comité Ejecutivo Nacional y de su Comisión Nacional de Elecciones. Los partidos aliados, que eventualmente aparecerán en la boleta constitucional respaldando a un mismo candidato, no participaron en la definición de las reglas, no compartirán facultades de selección ni intervendrán en la construcción del mecanismo decisorio. Así, la candidatura que encabezará la alianza será regulada primero por Morena y posteriormente transferida a sus aliados. La futura coalición electoral será una consecuencia; la decisión estratégica seguirá siendo monopolio de Palacio Nacional.
Esta exclusión temprana de los socios políticos revela una transformación profunda en la naturaleza del sistema de alianzas. El PVEM y el PT dejaron de funcionar como interlocutores en la fase de definición para convertirse en receptores de una determinación previamente procesada. No existió una negociación horizontal; existió y existe, hasta ahora, una subordinación vertical. La convocatoria desmontó la ficción de una conducción compartida y exhibió una estructura en la que la fuerza hegemónica devoró el proceso de selección mucho antes de que iniciara formalmente la competencia interna. La coalición aparece como vehículo electoral, pero no como un espacio real de deliberación política.
Paradójicamente, mientras concentró el poder de decisión en la Palacio Nacional, Morena, con su convocatoria, amplió de manera extraordinaria el universo de participantes. No exige militancia obligatoria en Morena y permite el registro de externos, simpatizantes y ciudadanos sin afiliación partidista acreditada. Incluso dejó abierta la posibilidad de que perfiles provenientes de partidos aliados intenten participar. Lo que a primera vista parece una expansión democrática es, en realidad, una sofisticada operación de inteligencia política. Al abrir la puerta a todos los actores relevantes del ecosistema sinaloense, el centro obtendrá un mapa amplio de aspiraciones, alianzas, estructuras territoriales y capacidades de movilización. La apertura dejó así de ser un mecanismo de inclusión para convertirse en una herramienta de identificación y control de riesgos.
El procedimiento funciona, en consecuencia, como una amplia red de captura de información política. Cada registro aporta datos, redes de apoyo, capacidades operativas y niveles de posicionamiento. El sistema no busca seleccionar al ganador, sino identificar con precisión quién tiene la capacidad para desafiar la decisión final. Bajo esta lógica, el proceso interno ya opera, simultáneamente, como un mecanismo de inteligencia territorial y una plataforma de monitoreo de las élites regionales. La aparente democratización del acceso oculta una sofisticada estrategia de vigilancia política.
El verdadero corazón del documento radica en las facultades extraordinarias que conserva la Comisión Nacional de Elecciones. Aunque el discurso oficial coloca a las encuestas como instrumento central de definición, la convocatoria otorgó a la dirigencia nacional la capacidad de filtrar, valorar, excluir, incorporar perfiles y realizar ajustes posteriores bajo criterios políticos, éticos y de competitividad. La encuesta no sustituirá entonces la decisión; la ordenará. No producirá el resultado; lo justificará. No designará al coordinador; construirá la legitimidad estadística de una determinación previamente compatible con los objetivos estratégicos de Palacio Nacional.
La facultad de reducir la competencia a un máximo de seis perfiles constituye uno de los dispositivos más relevantes del proceso. Antes de lo que será la “encuesta definitiva” y la emisión de la resolución más importante, se estableció en el documento una fase de depuración política que permitirá eliminar aspirantes incómodos, neutralizar bloques regionales excesivamente autónomos y reducir la incertidumbre. Este mecanismo convertirá la demoscopia en una herramienta de administración del conflicto interno. La encuesta se transformará en una tecnología de control organizacional.
La incorporación de criterios de paridad fortalece aún más la discrecionalidad estratégica. Aunque jurídicamente respondió a una obligación legítima de equilibrio de género, políticamente proporcionó a la dirigencia nacional una facultad adicional para reconfigurar resultados de manera ad hoc. La estadística quedará subordinada a consideraciones superiores de diseño político. El mensaje implícito es claro: ningún resultado demoscópico tendrá carácter absoluto. Toda medición será susceptible de ajuste si las necesidades estructurales del movimiento así lo requieren.
En esa evaluación adquieren mayor relevancia factores invisibles para la opinión pública. La relación con la Universidad Autónoma de Sinaloa, la interlocución con los sectores agroexportadores, la capacidad para generar confianza entre los inversionistas, la gestión de los conflictos derivados de la inseguridad y la habilidad para evitar fracturas internas ya pesan más que la simpatía coyuntural que pudiera alcanzar y registrar cualquier encuesta. El perfil ideal para Palacio Nacional no necesariamente será el más conocido ni el más mediático, sino aquel capaz de garantizar estabilidad, disciplina institucional y control territorial.
La consecuencia lógica de este diseño fue la construcción anticipada de un sistema de compensaciones para los desplazados. Toda purga generará costos. Toda exclusión producirá resentimientos. Toda centralización provocará resistencias. Por ello, el proceso contiene implícitamente una fase posterior de redistribución de posiciones. Las diputaciones, senadurías, delegaciones federales, cargos administrativos y espacios partidistas funcionarán como recompensas políticas e instrumentos de contención. El objetivo será evitar que los grupos excluidos conviertan su inconformidad en ruptura y deserción.
La prospectiva más consistente indica que la decisión final no emergerá de la medición de preferencias ciudadanas. Surgirá de la intersección entre gobernabilidad, seguridad, disciplina interna y viabilidad estratégica. La encuesta servirá para ordenar percepciones, medir fortalezas y justificar narrativas. Sin embargo, la resolución definitiva responderá a una pregunta mucho más compleja: ¿qué perfil ofrece mayores garantías para conservar el poder y preservar la estabilidad política de Sinaloa durante el siguiente ciclo sexenal?