Alvaro Aragón Ayala
La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios demanda el fortalecimiento de los subsidios y rechaza que las cargas financieras de las reformas recaigan exclusivamente sobre universidades y trabajadores
La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) lanzó un firme llamado al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales y a los poderes públicos del país para que asuman su responsabilidad en el financiamiento de los sistemas de pensiones universitarios y eviten trasladar toda la carga a las instituciones de educación superior y a sus trabajadores.
En un manifiesto nacional suscrito por su secretario general, José de Jesús Becerra Santiago, la organización sindical sostuvo que las universidades públicas no pueden enfrentar solas los efectos acumulados de décadas de rezagos estructurales en materia pensionaria, por lo que demandó una intervención decidida del Estado mexicano para garantizar la viabilidad financiera de las instituciones.
El pronunciamiento adquiere especial relevancia en momentos en que diversas universidades públicas del país enfrentan severas presiones presupuestales derivadas del crecimiento de las obligaciones laborales, el incremento de los costos operativos y el agotamiento del modelo tradicional de financiamiento de la educación superior.
La CONTU fue enfática al señalar que la sostenibilidad de los sistemas de pensiones universitarios constituye una responsabilidad compartida y no una obligación exclusiva de trabajadores, sindicatos o autoridades universitarias.
“La sostenibilidad de los sistemas de pensiones universitarios constituye una responsabilidad compartida que requiere el acompañamiento decidido de los distintos órdenes de gobierno y de los poderes públicos”, establece el documento.
La Confederación demandó la reactivación y fortalecimiento de mecanismos de apoyo federal orientados a respaldar a las universidades que han emprendido procesos de saneamiento financiero y reformas estructurales para garantizar la viabilidad de sus sistemas pensionarios.
De manera particular, la organización exigió fondear nuevamente el Programa U081 de Apoyo a Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, instrumento que durante años permitió acompañar financieramente a las instituciones que implementaban medidas de reorganización y fortalecimiento de sus finanzas.
Asimismo, la CONTU reclamó el incremento de los subsidios irreductibles destinados a la seguridad social universitaria, advirtiendo que las nuevas obligaciones derivadas de las reformas pensionarias y de seguridad social no pueden seguir recayendo exclusivamente sobre las universidades y sus trabajadores.
El posicionamiento representa una de las críticas más directas formuladas por el sindicalismo universitario nacional contra la política de financiamiento aplicada en los últimos años, particularmente porque reconoce que las instituciones han realizado esfuerzos significativos de ajuste interno sin que esos sacrificios hayan sido acompañados por apoyos financieros suficientes por parte del Estado.
La Confederación también reconoció públicamente a las organizaciones sindicales que han impulsado procesos de reforma orientados a fortalecer la viabilidad de sus sistemas pensionarios, entre ellas el SUNTUAS Académicos y el SUNTUAS Administrativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
En ese contexto, la CONTU destacó el liderazgo mostrado por los dirigentes sindicales universitarios que han asumido decisiones complejas para preservar la estabilidad financiera de sus instituciones y garantizar que las generaciones presentes y futuras puedan acceder a una pensión digna.
El mensaje de fondo del desplegado es altamente trascendente: las reformas estructurales emprendidas por las universidades no pueden convertirse en un pretexto para que la Federación se retire de sus responsabilidades financieras.
Por el contrario. Si las instituciones han cumplido con los ajustes, reingenierías, mecanismos de saneamiento y creación de fondos para fortalecer sus sistemas de pensiones, corresponde ahora al Estado mexicano responder con políticas públicas, subsidios suficientes y apoyos permanentes que permitan consolidar esos esfuerzos.
La CONTU advierte que abandonar financieramente a las universidades en medio de esta transición significaría poner en riesgo no solamente los sistemas pensionarios, sino también la estabilidad académica, laboral y social de las instituciones que forman a millones de estudiantes en todo el país.
El organismo nacional concluyó que el fortalecimiento de las universidades públicas y de sus sistemas de seguridad social debe ser considerado una prioridad estratégica del Estado mexicano, pues de ello depende no solo la protección de los derechos laborales de miles de trabajadores universitarios, sino también la viabilidad futura de la educación superior pública en México.