“Una fuerza laboral mayoritariamente informal no cotiza al sistema de pensiones, no contribuye proporcionalmente a la base tributaria”.
Gustavo de Hoyos Walther
El mercado laboral mexicano atraviesa una paradoja que merece más atención de la que recibe: mientras crece el número de personas con empleo, se deteriora su calidad. Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi confirman una tendencia que se ha consolidado a lo largo del 2025 y los primeros meses de 2026: la informalidad laboral no sólo persiste, sino que avanza.
En mayo del 2026, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 55.2 por ciento de la población ocupada, frente al 54.9 por ciento en mayo del año anterior. Hablamos de poco más de 33 millones de mexicanos que trabajan sin acceso a seguridad social, sin estabilidad contractual y sin las prestaciones mínimas que distinguen a un empleo formal de uno precario. La cifra no es marginal: representa a más de la mitad de quienes tienen una ocupación en el país.
El deterioro no se limita a la informalidad como tal. La tasa de condiciones críticas de ocupación —que mide jornadas excesivas combinadas con ingresos insuficientes— pasó de 36.3por ciento a 38.7 por ciento en el mismo lapso. En conjunto, estos indicadores dibujan un mercado laboral que genera empleos, pero cada vez menos empleos de calidad.
El fenómeno tampoco es uniforme. Afecta de manera desproporcionada a las mujeres, cuya tasa de informalidad supera la de los hombres, reflejo de su mayor concentración en micronegocios y actividades de comercio al menudeo con escasa protección laboral. Y tiene una geografía marcada: mientras Coahuila, Nuevo León y Chihuahua mantienen bajos niveles relativos de informalidad, entidades como Puebla tienen más de dos millones de personas trabajando fuera del marco formal y una de las tasas más altas de condiciones críticas de ocupación del país.
¿Qué explica este avance? Una combinación de factores estructurales y coyunturales. Del lado estructural, la economía mexicana sigue dependiendo de micro y pequeños negocios —la mayoría de carácter familiar— que no tienen incentivos reales ni capacidad financiera para formalizarse: el costo administrativo y fiscal de hacerlo supera, en la percepción de miles de propietarios, el beneficio esperado. Del lado coyuntural, la incertidumbre comercial derivada de la revisión del T-MEC, la presión fiscal sobre las PyMEs y el rezago en digitalización han desincentivado la creación de empleo formal justo cuando más se necesitaría como ancla de estabilidad económica.
El riesgo de fondo no es sólo coyuntural, es fiscal y social a largo plazo. Una fuerza laboral mayoritariamente informal no cotiza al sistema de pensiones, no contribuye proporcionalmente a la base tributaria y enfrenta, con el tiempo, una vejez sin red de protección institucional. La informalidad de hoy es, en buena medida, la pobreza de las próximas décadas.
Atender esto exige algo más que discursos de formalización. Requiere simplificar de manera real los regímenes fiscales para micronegocios, ampliar el acceso a crédito productivo para que la informalidad no sea la única alternativa de subsistencia, abrir nuevas posibilidades como inversiones en Bolsa, así como diseñar políticas diferenciadas por región: lo que funciona para Nuevo León no necesariamente funciona para Puebla u Oaxaca, donde la estructura productiva y la composición sectorial son distintas. Mientras el problema se siga tratando como una estadística más en un boletín trimestral, seguirá creciendo en silencio.