Una regulación eficaz y legítima no debería limitarse a la prohibición policiaca ni al bloqueo gubernamental del espacio digital. Su propósito tendría que orientarse hacia un modelo de corresponsabilidad democrática
Octavio Islas*
El alcance, influencia y control de los entornos digitales han dejado de ser una preocupación exclusiva de tecnólogos o sociólogos. El tema hoy admite ser considerado como una prioridad de todo Estado.
Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la intención de impulsar una discusión pública sobre el uso de redes sociodigitales entre menores de edad, y el desarrollo de la inteligencia artificial, al concluir el Mundial.
México, históricamente receptor de las olas de modernización tecnológica y de sus secuelas culturales, se encuentra ante una discusión impostergable: la regulación y posible restricción del acceso de infancias y adolescencias a las redes sociodigitales.
El debate plantea una tensión central: por un lado, la necesidad de proteger a niños y adolescentes ante riesgos reales; por otro, la obligación de preservar derechos fundamentales como el acceso a la información y la libertad de expresión.
La base argumentativa para justificar la intervención del Estado no es menor ni hipotética. Tras más de dos décadas de expansión acelerada y escasamente regulada de las plataformas sociodigitales, sus efectos psicosociales en las generaciones más jóvenes comienzan a cuantificarse con preocupante claridad.
- El diagnóstico clínico e institucional identifica problemáticas complejas y convergentes:
- Una distracción generalizada que afecta los procesos formativos.
- El abandono progresivo del autocuidado psicoafectivo.
- El desarrollo temprano de conductas adictivas asociadas a sistemas de recompensa inmediata.
- En su expresión más grave, la exposición directa a depredadores mediante prácticas como el grooming, el ciberacoso y diversas maneras de violencia digital.
Ante este panorama, la tendencia hacia la restricción no responde a una ocurrencia local, sino a un fenómeno global y transversal que atraviesa espectros ideológicos de derecha a izquierda.
Australia abrió la brecha internacional bajo el mandato del primer ministro laborista Anthony Albanese. Su gobierno sostuvo una premisa contundente: las redes sociales están diseñadas por corporaciones globales para maximizar el tiempo en pantalla exponiendo a los menores a algoritmos que con frecuencia difunden contenidos violentos, misóginos o inadecuados.
El continente europeo avanza decididamente en una dirección restrictiva mediante fórmulas similares, aunque impulsadas por gobiernos de distinto signo ideológico. Entre los casos más relevantes destacan:
- Alemania: sectores conservadores promueven la prohibición formal del acceso a redes sociodigitales a menores de 16 años.
- Dinamarca: un gobierno de centroizquierda ha presentado un acuerdo para prohibir el acceso a las plataformas virtuales a menores de 15 años.
- España: el gobierno de izquierda impulsa una prohibición equivalente para menores de 16 años, sujeta a aprobación parlamentaria.
- Francia: el presidente Emmanuel Macron impulsa, desde la centroderecha, restricciones similares con la intención de homologarlas en toda la Unión Europea.
- Grecia: el gobierno de centroderecha ha fijado 2027 como límite para restringir por completo estas plataformas a menores de 15 años.
- Reino Unido. El gobierno de centroizquierda estudia la posibilidad de limitar las redes virtuales a menores de 16 años y limitar funciones asociadas al uso compulsivo.
En México, el tema inevitablemente se ha politizado. Esta semana, en un mensaje dedicado a los “comentócratas y todos los adversarios”, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la iniciativa de regular las redes sociodigitales y legislar sobre la inteligencia artificial “no tiene nada que ver con la censura”.
La derecha dio el primer paso. En 2025, el gobierno de Querétaro reformó la ley de infancias y el Código Penal local para prohibir el acceso a redes sociodigitales a menores de 14 años. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Mauricio Kuri González, militante del PAN, quien además prometió endurecer las penas contra pederastas y acosadores digitales.
En México, las redes sociodigitales han desempeñado un papel protagónico en el imaginario democrático. El movimiento #YoSoy132, surgido en 2012 contra la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto, mostró que la articulación política vía redes sociales y dispositivos móviles podía convertirse en un contrapeso eficaz frente a un ecosistema de medios comprometido.
También conviene recordar que, al asumir la Presidencia en 2018, Andrés Manuel López Obrador reconoció el papel relevante de las redes sociodigitales, a las que calificó como “benditas”.
En el libro Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de internet (2012), el sociólogo catalán Manuel Castells subraya el papel relevante de las redes sociodigitales durante la llamada “Primavera Árabe”. Estas plataformas permitieron a la ciudadanía sortear mecanismos de censura, articular formas de organización autogestionada y convocar protestas contra gobiernos autoritarios. Las redes virtuales no originaron por sí mismas las revoluciones, pero sí contribuyeron a ampliar la circulación de la indignación compartida y a conectar demandas sociales dispersas.
En México, restringir o tutelar en exceso el acceso a estas tecnologías podría tener un efecto no deseado: debilitar las herramientas de politización, participación y libre asociación de las futuras generaciones.
La preocupación por el bienestar mental de las infancias efectivamente supera las fronteras partidistas tradicionales. El dilema central para los poderes Legislativo y Ejecutivo en México consiste en diseñar una regulación inteligente que proteja a niños y adolescentes sin abrir la puerta al autoritarismo digital ni a la censura previa.
La intención de blindar a las infancias frente a la desinformación organizada y la exposición a discursos nocivos es legítima. Sin embargo, una veda genérica o punitiva podría generar efectos colaterales indeseables y afectar directamente el ejercicio pleno de la libertad de expresión consagrado en la Constitución.
Una regulación eficaz y legítima no debería limitarse a la prohibición policiaca ni al bloqueo gubernamental del espacio digital. Su propósito tendría que orientarse hacia un modelo de corresponsabilidad democrática. Ese modelo exige, al menos, dos líneas de acción complementarias: obligar a las grandes firmas tecnológicas a transparentar y modificar sus algoritmos adictivos en territorio nacional, fortalecer la alfabetización mediática e informacional desde las aulas de la SEP.
La discusión apenas comienza y el futuro democrático del país también se juega en nuestras pantallas.