Rolando Cordera Campos
“El World Inequality Report 2026 trae una cifra que ningún ministerio de Hacienda de América Latina debería ignorar: el 0.001 por ciento más rico –unas 56 mil personas– posee hoy tres veces más riqueza que la mitad de la humanidad. Para América Latina, el diagnóstico es más severo”, enfatiza José Antonio Ocampo, quien fuera secretario ejecutivo de la Cepal (1998-2003) y secretario de Hacienda de su país, Colombia.
“México, añade Ocampo, recauda apenas 18.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2024, por debajo del promedio regional (21.7 por ciento) y a enorme distancia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (34.1 por ciento). Ha mejorado su recaudación en los últimos años, pero el margen para financiar desarrollo, salud y educación sigue siendo estrecho”. (José Antonio Ocampo, “México no puede llegar tarde a la cita fiscal de la ONU”, La Jornada, 27/6/ 26).
Entre nosotros, el tema ha sido multicitado y repudiado, pero no abordado deliberativamente, con fines de hacer política económica. Gobierno tras gobierno se cultivó la “solución nada” para luego pasar a la no menos bochornosa operación silencio y dejar al Estado con márgenes fiscales muy estrechos. Sin tregua, México se ha acostumbrado a no cumplir con sus obligaciones constitucionales y así se ha obstaculizado la posibilidad de contar con políticas sostenibles de mejoramiento de la distribución del ingreso, más allá de programas focalizados o de apoyos monetarios directos. Ésta es una vergonzosa historia que nos remonta a los tiempos en que don Antonio Ortiz Mena trajo al economista Nicholas Kaldor para que ilustrara, al capital y a su gobierno, sobre las virtudes de una reforma tributaria y fiscal que diera aire y voluntad a una cúpula del poder mexicano siempre dispuesta a rechazar cualquier insinuación reformista en materia fiscal. Y así hasta el fin de los tiempos que parecen anunciar un curioso retorno a cuando las instituciones, en especial el Banco de México, se prestaban a “meter el hombro” y apoyar el “Desarrollo Estabilizador” postulado por el secretario de Hacienda y los gobiernos en turno.
Por incapacidad o comodidad política, lo que ahora se llama pragmatismo, en lugar de asumir nuestros merodeos por una crisis fiscal y aprestarnos a realizar una reforma fiscal redistributiva, los gobernantes han optado por dar vueltas a la noria, con medidas incapaces –por su naturaleza– de proveer los recursos indispensables para que el Estado cumpla con los derechos sociales que la Constitución le marca. Ahí están para muestra las penurias, los recortes agresivos a programas, sectores, instituciones y unos recursos a préstamos que, en muchas ocasiones, no se traducen en impulso a la economía, sino en salvavidas de los “proyectos” del gobernante.
Hace unos días, en su entrega a La Aurora, el economista Gerardo Leyva sostuvo que la alternativa al “crecimiento excluyente” no podía ser el “estancamiento incluyente”, algo parecido a un oximoron de primero de párvulos en torno al cual ha girado nuestra política económica y sometido a un austeridad dañina.
Desde las más diversas perspectivas, se ha ido forjando un consenso cada día más reiterado: México necesita una reforma hacendaria que tenga como guía los requerimientos necesarios de gasto público, sobre todo en inversiones de infraestructura y desarrollo social, condiciones imprescindibles para el crecimiento económico, la creación de empleos y la atención universal al derecho –constitucional– a la salud. En suma, una reforma fiscal que permita expandir, de manera consensuada y consistente, el gasto público y habilitar al Estado para responder adecuadamente a las crecientes demandas de la población. Para empezar a constituirse en un Estado social y, por fuerza, desarrollista.
El señalamiento de José Antonio Ocampo se suma al llamado de la Cepal que, desde 2010 en su convocatoria a la “La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir”, subraya la necesidad de contar con políticas fiscales activas para mejorar e ir revirtiendo las disparidades en la distribución del ingreso y reducir sostenidamente las enormes franjas de pobreza. Por ello, es impostergable promover pactos fiscales donde se defina la magnitud y la manera en que la sociedad participa en su futuro. De aquí la tarea de mejorar las bases de la administración financiera del Estado –explícitos compromisos con el uso eficiente, eficaz y transparente del dinero público–, impulsar la infraestructura para el desarrollo económico e incrementar los gastos en salud, seguridad social y educación.
Se trata de ser capaces de construir alianzas, un acuerdo plural donde converjan las diversas fuerzas y actores políticos que comparten una visión de largo plazo para el país.
La tarea reclama atención y compromiso para no seguir posponiendo la realización –imprescindible– de una reforma fiscal, redistributiva y progresiva.