“La justicia en México refleja la desigualdad estructural, por ello es desigual su acceso y sólo los sectores adinerados pueden pagar abogados, fianzas, amparos”.
Alejandro De la Garza
El sino del escorpión se entera en las noticias diarias de las numerosas fallas en el aparato de justicia de nuestro país y de los casos más famosos. Pero además ha atestiguado de cerca la actuación de los ministerios públicos y las fiscalías en tres casos distintos que muestran un precario e inoperante sistema judicial que lleva décadas en crisis y sin credibilidad alguna. Un aparato regido por la impunidad, la burocracia y la corrupción, más la falta de recursos y la impreparación de sus representantes.
Todo ello hace de la “justicia” en México una mercancía cara y un privilegio de clase, al alcance sólo de potentados y políticos, cuyos casos se resuelven de inmediato, mientras acá, a ras de barandilla del juzgado, funcionarios, abogados, y jueces transan y engañan a la gente más pobre para quitarle lo que puedan de sus escasos recursos económicos.
Se dice que justo en los ministerios públicos y los juzgados se viven las más dramáticas muestras de nuestras desigualdades sociales. Y en efecto, confirma el escorpión, no hay más que estar ante los funcionarios del ministerio público y los jueces para sentir la soberbia y la arrogancia con que pueden decir, como Luis XIV: “el Estado soy yo”, y esto sucede gobierne el Partido que gobierne, sin diferencia alguna de fondo.
Una primera experiencia del venenoso ante el ministerio público fue una denuncia que realizó en el Palacio Municipal de Naucalpan luego del robo del automóvil de su madre. Con gesto de “les voy a hacer el favor de atenderlos”, el MP nos pidió esperar ahí parados hasta que tuviera tiempo: “en una hora, más o menos, tomamos su denuncia”. Durante la espera se acercaron al arácnido un par de policías judiciales a ofrecerle su servicios para localizar el auto robado mediante “un estipendio a su consideración”, murmuraron turbios.
Siguieron días de trámites, papeleo, soberbia burocrática, maltrato y el intento de pedirnos más dinero para “agilizar el trámite”. El escorpión abrevia el patético relato: en menos de una semana el auto fue localizado, pero al llegar a recogerlo lo habían desvalijado en el mismo corralón de Policía y Tránsito. Hubo que pagar hasta por las placas robadas. Un drama para el arácnido y su hoy extrañada progenitora.
De otro caso ya ha hablado aquí el venenoso, el de una amiga suya que perdió dos años enteros de su vida en una prolongada y angustiosa batalla legal contra unos inquilinos defraudadores, a quienes rentó un departamento y luego intentaron apoderarse de la propiedad por todos los medios posibles. Esta vez fue en la Alcaldía Iztapalapa, donde se inició el pleito civil, una confrontación desarrollada en tribunales con demandas y contrademandas que prolongaron el proceso.
Luego de noches de angustia y dos años difíciles de amenazas, extorsiones para “empujar” el expediente, amparos y más trámites y arreglos, la amiga del escorpión obtuvo fallo a favor y recuperó su propiedad. La experiencia pesadillesca de tratar con la justicia mexicana la mermó en lo físico, emocional y económico, pero por fortuna salió adelante.
El caso más reciente atestiguado por el alacrán tiene que ver con violencia vecinal en el municipio de Los Reyes La Paz, en un barrio donde una delincuencial y violenta familia, encabezada por dos mujeres de armas tomar y con varias denuncias en su contra, han abusado y maltratado a varios vecinos y vecinas.
Esta vez tocó a una queridísima amiga del escorpión, a quien golpearon artera y abusivamente esas dos mujeres. Al realizar la denuncia ante el ministerio público, la conocida del alacrán se enfrentó al teatro de la prepotencia y la soberbia burocráticas, al grado de que aun siendo víctima y denunciante no fue remitida al médico para revisión, sino que fue detenida durante horas en la misma galera que sus atacantes acusadas.
El horror, y el daño físico y emocional han continuado: ministerios y funcionarios que no atienden a la víctima, no aplican medidas de protección y niegan las carpetas de investigación. Funcionarios que no dan su nombre y amenazan con ralentizar el proceso si se les denuncia por negligencia, hostigamiento de las agresoras, la estafa de los abogados. En síntesis, un infierno costoso, imprevisible y aún en proceso.
La justicia en México refleja la desigualdad estructural, por ello es desigual su acceso y sólo los sectores adinerados pueden pagar abogados, fianzas, amparos y otros recursos legales que los pobres no alcanzan. También hay corrupción y clientelismo, y el aparato judicial se ve contaminado por prácticas que favorecen a quienes tienen poder económico o político. La justicia no como un derecho, sino como un servicio oneroso, una mercancía.
Según el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, la población penitenciaria en México alcanzó un récord histórico en 2026 con un cifra al mes de abril de 265 mil 874 personas encarceladas, de las cuales entre 40 y 42 por ciento (más de 108 mil internos) están en prisión preventiva sin sentencia. Esto significa que casi la mitad de los presos no han sido sentenciados por un tribunal.
Según el reporte, de las personas encarceladas hoy en nuestro país 16 mil 921 son mujeres y de ellas el 54 por ciento, nueve mil 146, aún no reciben sentencia. Se apunta también que hay una sobrepoblación carcelaria calculada en 32 mil internos, es decir que 52 por ciento de los centros penitenciarios operan con hacinamiento.
En cuanto a los juicios orales, se insiste en que no fracasaron, pero tampoco cumplieron sus expectativas: hubo “un cambio de paradigma hacia la transparencia y la defensa de derechos”, insisten retórica y verbosamente los especialistas, pero no se avanza, hay rezagos operativos acumulados, desigualdades entre estados y problemas de capacitación que limitan su eficacia.
A su vez, siguen muy cuestionadas las reformas recientes en la prisión preventiva oficiosa, que lleva a la gente a la cárcel sin probar su culpabilidad, así como en la elección popular de jueces y magistrados, medida aplicada a medias e inoperante en tanto no llega a la barandilla de los juzgados, al mundanal acontecer de vida cotidiana donde los ciudadanos de a pie enfrentamos procesos penales, civiles o administrativos.
El problema sigue en los ministerios públicos y las fiscalías por la sobrecarga de casos y las miles de carpetas pendientes; por la burocracia con trámites tan lentos y poco claros que desalientan a las víctimas; por la corrupción arraigada que expolia a los pobres mientras privilegia a potentados y políticos; y por la deficiencia estructural que es una manera de decir falta de recursos humanos, económicos y tecnológicos para investigar. La justicia en México es el escándalo que nadie oye.