by Redacción
Buscan que sean reconocidas legalmente como sujetas de derecho y así poder defenderlas tras años de afectaciones por agroquímicos y deforestación
Gloria López
Comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, buscan que todas las abejas dejen de ser consideradas solo como animales de producción y sean reconocidas por la ley como sujetas de derecho. La propuesta podría convertir al país en el primero en reconocer jurídicamente a estos polinizadores.
Antes de producir miel, la abeja melipona mantiene vivos los ecosistemas. Conocida como la “abeja sagrada maya”, esta especie nativa de las regiones tropicales de América ha acompañado a los pueblos originarios desde tiempos prehispánicos.
A diferencia de la abeja europea, no tiene aguijón, mide apenas entre ocho y 11 milímetros y produce una miel altamente apreciada por sus propiedades medicinales y su elevado contenido de antioxidantes. Además, es una de las principales polinizadoras de cultivos como el aguacate, el chile habanero, el café y el achiote.
México podría convertirse en el primer país en reconocer a las abejas como sujetas de derecho.
Pese a ello, la legislación mexicana las sigue considerando solo como animales de producción y no por el papel que desempeñan como polinizadoras.
La SCJN definirá si las abejas merecen reconocimiento jurídico y mayor protección
El pasado 9 de julio, la SCJN atrajo el amparo para determinar si las abejas deben recibir ese reconocimiento jurídico, lo que fortalecería su protección ambiental, y si las comunidades indígenas pueden participar legalmente en su defensa y en el cuidado de los territorios donde habitan.
Aunque esta historia comienza con la melipona por su importancia cultural para el pueblo maya, el litigio no busca proteger únicamente a dicha especie. La demanda plantea el reconocimiento de todas las abejas, incluidas la abeja europea (Apis mellifera), de la que depende gran parte de la producción de miel que México exporta, y las distintas especies silvestres que realizan una labor esencial de polinización.
“La protección que se está pidiendo no es solamente por la abeja melipona. Se reconoce que la Xunáan Kab tiene un valor cultural especial, pero la mayoría de los apicultores en la península trabajan con la abeja europea. Esa protección es en términos generales para todas las abejas, tanto las domesticadas como las silvestres, porque todas realizan una labor importante de polinización y todas se ven afectadas por los agrotóxicos y la deforestación”, explicó Jorge Fernández Mendiburu, director del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, asociación civil que brinda acompañamiento jurídico a pueblos indígenas de la Península de Yucatán y representante de quienes promovieron el amparo.
En entrevista con El Sol de México, subrayó que si bien la melipona produce una miel apreciada por sus propiedades medicinales, su rendimiento es reducido, entre uno y tres litros por colmena al año. En contraste, la abeja europea produce mayores volúmenes y sostiene buena parte de la actividad apícola de la Península de Yucatán, donde la miel se exporta a mercados como el europeo.
Por ello, dijo, el reconocimiento que se busca no distingue entre especies, sino que pretende proteger a todas las abejas por su valor ecológico, económico y cultural.
Comunidades mayas denuncian la muerte masiva de abejas por deforestación y agroquímicos
Las comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, han documentado durante años la muerte masiva de abejas provocada por la expansión de la deforestación y el uso intensivo de agroquímicos en la Península de Yucatán.
Fernández aclaró que el objetivo del litigio no es impedir la apicultura ni el aprovechamiento de las abejas, sino que el Estado deje de considerarlas únicamente como animales de producción.
“Las abejas son vistas como ganado, no son vistas por su aporte ecosistémico en términos de polinización. Lo que buscamos es que exista un reconocimiento de esa importancia, pero también de la relación cultural que los pueblos mantienen con ellas y del derecho que tienen las comunidades para participar en su cuidado”, señaló.
Otro de los aspectos que aborda el caso, es que las comunidades mayas puedan actuar legalmente como guardianas de estos polinizadores.
“No estamos hablando únicamente de un concepto filosófico. Tiene implicaciones prácticas reconocer a las abejas como sujetos de derechos, significa reconocer también el manejo del territorio que tienen los pueblos y cómo participan en la construcción de la política ambiental”, resaltó.
Explicó que, si la Corte resuelve a favor del amparo, también deberá definir cómo participarían las comunidades en la protección de las abejas, qué atribuciones compartirían con las autoridades ambientales y qué mecanismos permitirían cuidar los territorios donde se desarrolla la apicultura tradicional.
La sentencia incluso podría abrir la puerta a cambios normativos, entre ellos, revisar el catálogo nacional de plaguicidas permitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ya que sustancias como el fipronil y algunos neonicotinoides, prohibidos en distintos países europeos por sus efectos sobre los polinizadores, siguen autorizados en México.
El caso también podría colocar a México entre los primeros países que discuten judicialmente el reconocimiento de insectos como sujetos de derecho, un precedente que, además de proteger a las abejas, podría redefinir la relación entre la naturaleza, las comunidades indígenas y la justicia ambiental en México.
Hasta ahora, el antecedente más cercano se encuentra en municipios de la Amazonía peruana, donde ordenanzas locales reconocieron derechos a abejas nativas sin aguijón y permitieron que comunidades y organizaciones puedan representarlas legalmente.
“Es una oportunidad muy importante para empezar a fijar nuevos criterios sobre el derecho a un medio ambiente sano desde una perspectiva más ecocéntrica. Pensar los ecosistemas por la importancia que tienen para la vida y no solamente por su utilidad comercial. También es una oportunidad para reconocer cómo las comunidades deben participar en la política pública ambiental relacionada con sus territorios”, afirmó.
Detalló que la Suprema Corte deberá asignar el asunto a un ministro o ministra ponente que elaborará un proyecto de sentencia y estima que la discusión podría darse entre finales de este año y principios de 2027.