Rubén Romero
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó a la Cámara de Diputados a corregir la reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Senado, al considerar que representa un retroceso en materia de justicia constitucional y pone en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía y del sector empresarial.
El organismo advirtió que la iniciativa debilita el juicio de amparo al restringir la suspensión del acto reclamado, una medida que afectaría directamente la defensa legal de las empresas frente a créditos fiscales o bloqueos de cuentas bancarias.
“De aprobarse esta reforma sin correcciones de fondo, México enviaría una señal negativa a inversionistas nacionales y extranjeros. La confianza en las instituciones y la certidumbre legal son condiciones indispensables para atraer capital, generar empleo y mantener la estabilidad económica”, indicó la confederación en un comunicado.
Coparmex sostuvo que modificar el juicio de amparo sin un análisis técnico, incluyente y responsable pone en riesgo su eficacia como herramienta de equilibrio entre la autoridad y la sociedad.
Entre los puntos críticos, la organización destacó la imposibilidad de impugnar créditos fiscales firmes o prescritos, lo que impediría a las empresas defenderse de actos que afecten su liquidez.
Además, restricción en la forma de garantizar créditos, pues la reforma establece que solo podrán hacerse mediante depósitos en efectivo o cartas de crédito, una condición que excluye a miles de micro, pequeñas y medianas empresas y aplicación retroactiva de la ley, que podría impactar juicios en curso y vulnerar el principio constitucional de irretroactividad establecido en el artículo 14.
Coparmex alertó que estas medidas ponen en riesgo la certeza jurídica y generan un ambiente de incertidumbre para la inversión y el empleo formal.
En respaldo a su postura, los 71 Centros Empresariales del país enviaron cartas a diputadas y diputados federales en las que exponen los posibles efectos negativos de la reforma sobre la operación de las empresas y la defensa de los derechos fundamentales.
El organismo reiteró su disposición a participar en un diálogo plural con el Poder Legislativo, la academia y la sociedad civil para construir un marco jurídico moderno, justo y acorde con las necesidades del país.
La minuta con las reformas a la Ley de Amparo, aprobada la semana pasada en el Senado, llegó este lunes a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.