Valeria Campuzano y Susana Camacho
Quien crea que la calidad de la justicia penal en México mejorará drásticamente a partir del primero de septiembre de 2025, seguramente nunca ha tenido que levantar una denuncia ante un Ministerio Público.
Durante meses, especialistas han señalado que la reforma judicial no es la solución a los problemas actuales del sistema de justicia en México. Más que una falla aislada de los poderes judiciales, estos problemas se originan en dinámicas profundamente arraigadas: impunidad, desconfianza e ineficiencia institucional. Cambiar una parte del sistema —como los tribunales— no corregirá una estructura que lleva años descompuesta.
Veámoslo así: de cada cien denuncias que se realizan en las fiscalías, se abren 90 carpetas de investigación. De éstas, sólo cuatro se vinculan a procesos en tribunales. La reforma judicial, que apunta únicamente al último tramo del proceso, está completamente desconectada y aislada de las posibles reformas a las policías y fiscalías. Por ello es poco realista esperar mejoras sustanciales en la calidad de la justicia si no se interviene de manera integral al sistema.
Para dimensionarlo, 2024 comenzó con más de 2.1 millones de carpetas de investigación pendientes a nivel nacional, de acuerdo a datos publicados en el reporte Hallazgos 2023, de México Evalúa. Ahí está el cuello de botella que impide que los casos lleguen ante los jueces. Es hora de dirigir nuestra atención a las fiscalías, donde también urgen reformas, por ejemplo de carácter operativo, para mejorar su eficiencia y hacer más accesible y pronta la justicia para la ciudadanía.
El punto de partida: carpetas de investigación iniciadas
Entre 2017 y 2023, el número total de carpetas de investigación iniciadas al año creció un 25 %. En términos relativos, en ese lapso las entidades con mayor crecimiento del número de carpetas de investigación iniciadas anualmente fueron Campeche (1,021 %), Nayarit (335 %) y Morelos (322 %). Pasando a términos absolutos, los estados que acumularon el mayor número de aperturas en 2023 fueron el Estado de México, la Ciudad de México y Guanajuato, que entre las tres suman más de 750 mil expedientes nuevos, cifras que son consistentes con el tamaño de su población.
Ya sea por dinámicas demográficas, aumento de delitos o mayor disposición a denunciar, la demanda sobre las fiscalías aumenta año con año. Este crecimiento acelerado, si no se acompaña de una expansión en capacidades institucionales y una estrategia de persecución penal, impacta negativamente en la rapidez y accesibilidad a la justicia.
La carga actual de los fiscales y la bola de nieve que se acumula
Desde 2017 el número de carpetas de investigación (CI) que queda pendiente al final del año a nivel nacional ha aumentado a un ritmo constante: mientras que en 2017 quedaron pendientes un millón de CI, en 2023 fueron más de 2.1 millones. Este cuello de botella es clave para entender la crisis del sistema. Sin embargo, rara vez se aborda en el debate público desde la perspectiva correcta. Recientemente, la presidenta Sheinbaum planteó revisar la autonomía de las fiscalías, aunque el foco debería estar en su capacidad operativa, presupuestal y planes de persecución penal.
La mayoría de los estados siguen la tendencia nacional, pero hay algunos que resaltan por la gravedad de sus casos. En primer lugar, Jalisco concentra el 20 % de los casos pendientes a nivel nacional, sigue Nuevo León, con el 9.5 % del total nacional, después Baja California con 8.8 % y el Estado de México 8.5%.
En 2023 había 17,795 fiscales o agentes del Ministerio Público ejerciendo funciones en el país. Teniendo en cuenta el rezago del año anterior y las carpetas iniciadas, la carga promedio de ese año de cada fiscal y/o agente fue de 250 investigaciones. ¿Es posible darle el debido proceso de investigación a esta cantidad de casos? Sólo para equiparar, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recomienda un máximo de seis investigaciones al año por fiscal.
El acceso a la justicia y la impunidad
Aunque es fácil perder la perspectiva al revisar sólo cifras, es importante recordar que detrás de una carpeta de investigación hay personas buscando justicia. Esto significa que hay más de 2 millones de personas esperando la resolución de su caso. También se traduce en un gran número de personas que cometieron un delito y aún no son procesadas. Es decir, que viven impunes, sin consecuencias. Los millones de carpetas pendientes, junto con la cifra negra (nombre que se le da a la suma de los delitos que ni siquiera son denunciados, y que ronda el 90 %), mandan un mensaje claro: en México puedes delinquir y no habrá consecuencias.
¿Qué alternativas tenemos frente a esta crisis? Es evidente que las fiscalías estatales requieren una reforma profunda basada en evidencia y enfocada en los problemas reales. Herramientas como la tubería procesal publicada en el mencionado reporte Hallazgos 2023, permite identificar los cuellos de botella y los talones de Aquiles de estos organismos.
Una de las conclusiones de este análisis es que no se recurre lo suficiente a la Justicia Alternativa, como los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Estas salidas anticipadas permiten descongestionar el sistema, pues generan salidas rápidas a millones de casos de ciertos delitos. Sin embargo, los datos recopilados en Hallazgos 2023 indican que las fiscalías no las promueven lo suficiente pues en 2023 únicamente 7.68 % de las determinaciones corresponden a acuerdos reparatorios cumplidos.
El sistema de justicia penal está en crisis, y lo más grave es que este tema no es abordado lo suficiente. Fútilmente, el debate se ha quedado estancado en la elección judicial. Son necesarios diagnósticos más completos sobre el funcionamiento de las fiscalías para entender lo que sí y lo que no funciona. Ejercicios como el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del INEGI aportan datos valiosos, pero aún hay información clave que ni siquiera se solicita a las fiscalía por esta institución: ¿cuánto tiempo llevan en rezago las carpetas? ¿Qué tipo de delitos se están quedando impunes? Sin esta claridad, es imposible diseñar soluciones eficaces.
Reformar las estrategias de persecución penal, priorizar la Justicia Alternativa, aumentar el presupuesto a las fiscalías, y mejorar la gestión y procesos internos no es opcional: es el único camino para que el sistema deje de simular justicia y empiece a garantizarla.