by Ernesto López Portillo
He visto literalmente centenas de reformas legales en nombre de la seguridad. En algunas he participado como asesor. Y a lo largo de los años he identificado al menos cuatro constantes que se repiten con preocupante precisión:
- Se cree que la reforma es en sí misma la solución.
- El diagnóstico que debería sustentarla se trata con indiferencia o ligereza.
- Se asume que más atribuciones para el Estado y más recursos equivalen a más seguridad.
- Se privilegian los poderes sobre los controles, profundizando el desequilibrio estructural.
El reformismo sin memoria
México ha hecho reformas legales y reorganizaciones administrativas sin pausa. En tres décadas del Sistema Nacional de Seguridad Pública se han incrementado presupuestos, firmado decretos, acuerdos y convenios con la promesa de alcanzar la seguridad. Pero algo muy grave ocurre cuando se actúa, se gastan recursos, se implementan cambios… y la solución no llega. Peor aún: no se aprende del intento anterior. O si alguien aprende, no queda documentado con rigor metodológico, salvo casos exiguos.
Se aplauden o aceptan pasivamente las reformas porque muchas personas solo pueden —o necesitan— creer que funcionarán, si así lo promete el Estado. En su peor versión, los gobiernos actúan sabiendo que las reformas no tienen sustento ni garantía, pero no saben hacer otra cosa. Usan el anhelo social de seguridad y califican la reforma en turno como “la salida”.
Decidir sin evidencia: un círculo vicioso
Una de las tensiones más persistentes que he observado es la desconexión entre decisiones políticas, operación institucional e investigación científica. Rara vez estos tres mundos dialogan en ciclos de evaluación, aprendizaje y mejora. Lo común es decidir y actuar sin mirar la evidencia construida con métodos confiables; fracasar (o ni siquiera saber si se fracasó); volver a decidir sin revisar el pasado. Así, el diagnóstico permanece crónicamente débil.
¿Por qué? Porque los gobiernos, salvo contadas excepciones, rechazan la observación externa de sus prácticas. Un ejemplo de alto impacto: la calidad de integración del Informe Policial Homologado por integrantes de la Guardia Nacional.
El dogma del “más es mejor”
¿Más elementos en la Guardia Nacional? Por supuesto. Se asume que, si hay más, habrá más seguridad. Es uno de los dogmas más comunes y dañinos: más es mejor. Pero en seguridad esto no es necesariamente cierto. Rara vez se hace el análisis serio para medir eficacia y eficiencia del gasto. La criminología lo sabe: no basta con tener buenas ideas, hay que ponerlas a prueba.
Desde el sexenio de Calderón hasta hoy, el despliegue militar en funciones policiales se ha multiplicado por cinco. ¿Resultado? Pasamos de 9 a más de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes. Se supone que vienen bajando; no lo sé y no creo que haya alguien que en rigor lo sepa, si consideramos la masificación de la desapariciones, fosas clandestinas y los restos no identificados.
Ciertamente, la reforma de Claudia Sheinbaum incluye un mecanismo de evaluación del uso de recursos por parte del Secretariado Ejecutivo del SNSP. Veremos si esta vez puede ser auténticamente cualitativo.
El déficit central: poder sin control
Llego al más grave de todos los déficits: el desequilibrio entre poderes y controles. El paradigma dominante de seguridad está fundado en el uso de la fuerza y el castigo penal. Ya en 1994, cuando publicamos Seguridad Pública en México (UNAM), afirmábamos: no necesitamos más policías, sino mejores policías. Pero el argumento de la calidad no prende. Si alguien en campaña promete “más policías”, recibe aplausos; si promete “mejores policías”, suena incomprensible.
Seguimos atrapados en los números. Números que sirven más para opacar que para esclarecer. Un ejemplo: los aseguramientos de droga. Si se asegura más, se aplaude, aunque eso pueda reflejar que hay más droga circulando.
Penalismo como simulacro
En el sistema penal se condensa la destrucción de derechos. Se detiene y encarcela a más personas, con la idea de que eso es hacer lo correcto. No importa si sirve o no para la seguridad, ni si arrasa la vida y los derechos de centenas de miles. Se quiere la prisión preventiva oficiosa como máquina de encierro automático, sin justificación caso por caso; no sorprende porque en modo automático es especialmente útil para inflar cifras.
La decisión de enviar a las calles a cientos de miles de militares, ahora con facultades expandidas para investigar, detener e imputar posibles responsabilidades penales, sin resolver el histórico déficit de rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas —en especial sobre el uso de la fuerza— es, sin duda, la decisión más grave de toda la macro reforma de la presidenta Sheinbaum.
Lo que deberíamos estar haciendo
Urge desmontar estos cuatro déficits. Porque:
- Las reformas legales, por sí solas, no resuelven nada.
- Un mejor diagnóstico evitaría la deriva reformista auto-referencial.
- Más recursos podrían ayudar… o no: todo depende de la evidencia.
- Y finalmente, expandir poderes del Estado sin reforzar los controles equivale a envenenar a un paciente en terapia intensiva.