Manuel Fuentes
Llama la atención que cuando se hace un análisis de la realidad laboral en un mismo escenario, en ocasiones hay funcionarios del gobierno federal quienes apuntan cifras distintas a las que otorgan al público las fuentes oficiales. No se reconoce la pérdida de empleos, la reducción del presupuesto en materia laboral, ni las dificultades que enfrentan los trabajadores con sus bajos salarios.
Esto ocurrió en el encuentro convocado por Tereso Medina Ramírez en la Segunda Convención Nacional del Sindicalismo Responsable, los días 14 y 15 de octubre en la ciudad de Mazatlán, donde se presentaron empresarios, académicos, líderes sindicales, abogados laborales y funcionarios, todos ellos ante representantes de trabajadores de, al menos, 700 centros de trabajo en 21 estados del país.
En las conclusiones del evento se manifestó la preocupación de importantes recortes presupuestarios, y la escasez inspectora para monitorear 6 millones 800 mil centros de trabajo alrededor del país. Hay aproximadamente 700 inspectores laborales federales, y una escasa presencia en los estados de la República.
Resulta preocupante que, mientras persisten discursos oficiales que minimizan la pérdida de empleos y el deterioro de las condiciones laborales, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, aún sigue contemplando caídas presupuestales importantes en estas instituciones laborales clave. No existe hasta ahora documento oficial que contradiga esta tendencia, lo que refleja una desconexión entre la narrativa gubernamental y la realidad presupuestal del país.
La mayor afectación ha sido la anunciada disminución en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2026 a instituciones sustantivas que operan la reforma laboral, como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral con un -4.5%, que sumado a la de 2025 suma un total de -38.5%, a pesar de ser la entidad laboral más importante del país.
También se contemplan para el año próximo recortes a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo con una caída del -27.1%, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con el -8.3%, a la Dirección de Inspección Federal del Trabajo con el -5.3%, y a la Dirección de Capacitación Laboral con el -22.5%. Todas estas cifras son en términos reales.
En el foro laboral se dijo, con preocupación, que esta acción gubernamental no es sólo austeridad, sino un desmantelamiento silencioso de la justicia laboral.
Lo cierto es que ningún programa, con estas caídas presupuestales, puede cumplir sus funciones encomendadas. Ni siquiera, con los insuficientes 100 millones de pesos “adicionales” comentados por Gabriel Tamariz, titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo, expositor en la Convención, quien ante cientos de oyentes afirmó que dicha cifra fue entregada al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el año pasado para “compensar sus necesidades”.
Durante esta Convención, el Doctor Gabriel Tamariz de la STPS, quien por cierto asume una posición de escucha en los foros a los que es invitado, informó que se habían alcanzado acuerdos con la Secretaría de Hacienda para obtener un aumento sustantivo en el presupuesto laboral de 2026.
Sin embargo, no precisó detalles específicos, y si este aumento no se cumple, la parálisis de la reforma laboral será una realidad, que seguirá facilitando la violación a la libertad sindical y a la negociación colectiva, repercutiendo con los salarios a la baja.
Otra de las conclusiones dadas en el evento fue que en el primer año de la presente administración (1° de octubre 2024 al 31 de septiembre de 2025), sólo fueron creados 90 mil 879 empleos formales, apenas un aumento del 0.4% anual. A pesar de incluir a los 127 mil 747 trabajadores de plataformas digitales registrados en el IMSS en septiembre de este año, que de hecho eran empleos preexistentes dentro de la informalidad.
Excluyendo a los trabajadores de plataformas, se tiene una pérdida neta de -36 mil 868 empleos, lo que subraya la grave destrucción del trabajo formal, así como la falta de generación de empleos en este periodo, con un déficit de más de 900 mil empleos, evidenciando la caída de la inversión privada y, más aún, de la inversión pública.
En el evento de corte plural se mencionó que, en agosto de 2025, se eliminaron 1 millón 302 mil 773 puestos de trabajo, lo que representó una disminución negativa de -2.14% en materia de empleo.
Se dieron datos preocupantes que no fueron desmentidos: se mencionó que, en los últimos dos años, quebraron 34 mil 385 negocios, y tan solo en el último año han cerrado 25 mil 318, de acuerdo con cifras del IMSS.
También en el último año se han dado de baja del IMSS 3 mil 286 trabajadoras del hogar.
Una de varias afirmaciones del funcionario laboral que causó extrañeza en la Convención fue su comentario de que “la proporción del salario mínimo respecto al salario promedio es de 45.4 % en la mayor parte del país, y de 58.6% en la frontera norte. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda que entre 35 y 65% es la medida estándar para determinar qué tan alto es el salario mínimo”. Tamariz dijo enfático: “Estamos muy bien colocados en este rango”.
Lo que el funcionario omitió mencionar es que la propia OIT advierte que “estas proporciones pueden ser engañosas cuando se interpretan demasiado literal”. Basta señalar que, en promedio, el 68.5% de los trabajadores ocupados en el país ganan hasta 2 salarios mínimos generales. Comparar esta realidad con referencias de bajísimos salarios pauperizados ejemplifica el uso sesgado de estas proporciones, y es engañoso en las estadísticas para minimizar la precariedad laboral.
Es incomprensible que los funcionarios omitan las cifras oficiales que son generadas por instituciones del propio gobierno, y que reflejan la difícil situación que viven millones de trabajadores en el país.
Es imprescindible que no haya dos visiones de la realidad laboral en México, sino una que pueda enfrentar los retos que ahora se presentan ante la próxima revisión del T-MEC.