Yazmin Morales Garcia
Mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos que participaron en el Foro Justicia para las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, expusieron la desigualdad y discriminación que enfrentan cuando buscan justicia.
Desde la Cámara de Diputados exigieron tomar acciones para revertir los niveles de violencia que experimentan en todo el país, ya que al menos en el 98 por cierto de estos casos no existe justicia, pero sí impunidad.
Maia Campbell, representante adjunta del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR),señaló que, desde enero de 2016, el organismo registró 367 víctimas de algún tipo de agresión en México (160 periodistas y 179 personas defensoras) de los cuales 80 fueron mujeres.
Detalló que hay 16 periodistas y 12 personas defensoras que fueron víctimas de intentos de homicidios, así como 26 periodistas y 38 defensoras víctimas de desaparición forzada.
Ante este panorama, Campbell recalcó que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida, a la integridad de las personas con una respuesta desde los tres niveles de gobierno, por lo que remarcó cuatro ejes importantes: la obligación de respetar los derechos humanos; prevenir todo tipo de violencia; asegurar una protección efectiva integral y garantizar el acceso efectivo a la justicia.
No obstante, este último continúa siendo un reto importante para las mujeres, ya que, de los 367 casos documentados, sólo el 12.5 por ciento cuenta con una sentencia condenatoria.
Es necesario que las nuevas autoridades del Poder Judicial tomen medidas para fortalecer las capacidades de respuesta del Estado mexicanoMaia Campbell, representante adjunta del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR)
Siguiendo el informe Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensores de derechos humanos y periodistas, México cuenta con la capacidad de la Fiscalía General y fiscalías estatales para realizar investigaciones conforme a los principios generales de vida.
Pese a esto, dijo Campbell, no siempre existen recursos, competencia o voluntad política, por lo que será necesario que las nuevas autoridades del Poder Judicial tomen medidas para fortalecer las capacidades de respuesta del Estado mexicano.
Por su parte, Ruth Fierro Pineda, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM),reconoció la importancia del nuevo Poder Judicial ahora que se realizaron diversas modificaciones a la Ley de Amparo, que podrán afectar las denuncias sobre agresiones a periodistas o defensoras.
Uno de los casos más destacados que el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ha acompañado es el de las mujeres rarámuris desplazadas de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, quienes atravesaron por un caso de injusticia cuando fueron apartadas del territorio Coloradas de la Virgen.
No obstante, hasta el día de hoy continúan sin regresar, incluso cuando la jueza que autorizó dicho recurso legal reconoció que la comunidad entera es víctima y que dicha violencia fue consecuencia de su labor en defensa de los derechos humanos, lo que respalda la lucha.
Es por ello que, Fierro Pineda detalló la importancia de que las juezas y jueces en sus diferentes competencias puedan realizar su labor con perspectiva de género comenzando con la inclusión de guías, protocolos y estándares para las personas juzgadoras.
No basta con la creación de un protocolo para juzgar con perspectiva de género, sino que se necesita profundizar y encontrar herramientas para frenar la criminalización contra las mujeres periodistas y defensorasLucía Lagunes Huerta, periodista y directora de CIMAC
De esta forma, el nuevo Poder Judicial puede ser un parteaguas para evitar la criminalización de las mujeres periodistas y defensoras si incluye un enfoque de género y derechos humanos.
Por otro lado, las especialistas destacaron durante el Foro que las mujeres periodistas enfrentan algunos retos y desafíos por su labor que se profundizan por su género.
De acuerdo con el informe Las formas del asedio. Violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer A. C. (CIMAC), en la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador se documentaron mil 189 casos de violencia, 117 por ciento más que en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
De los mil 189 casos de violencia, agrega el informe, 47 ocurrieron durante la conferencia matutina de López Obrador en Palacio Nacional.
Por su parte, la periodista Myrna Gómez Vázquez enlistó los principales retos a los que se enfrentan las mujeres periodistas y defensoras. Entre los más destacados se encuentran: la carencia de acceso a la justicia, la falta de políticas públicas que para mujeres desplazadas, la ausencia de personal especializado en atender a estos sectores, especialmente en contextos rurales e indígenas, la desconfianza hacia las instituciones, la falta de reconocimiento en la violencia diferenciada y de la tipificación adecuada que no reconoce los patrones de violencia específicos, entre otros.
En el Foro Justicia para las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, Yésica Sánchez Maya, co-directora de Consorcio Para el Dialogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca (Consorcio Oaxaca), recordó el asesinato de la fotoperiodista María del Sol Jarquín, ocurrido hace siete años mientras cubría las elecciones Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
Sánchez Maya resaltó que la recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) llegó muchos años tarde. Y señaló que, el sistema judicial está rodeado de burocracia, lo que genera desgaste en las mujeres que piden justicia.
Por lo que hizo un llamado para que se recupere la dignificación de la acción por la defensa de los derechos humanos y por la labor periodística.
Antes de concluir el Foro, la periodista y directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, subrayó que no basta con la creación de un protocolo para juzgar con perspectiva de género, sino que se necesita profundizar y encontrar herramientas para frenar la criminalización contra las mujeres periodistas y defensoras.
Advirtió que para que las capacidades del Estado sean efectivas en la investigación de la violencia contra las mujeres periodistas y defensoras, se requiere que la justicia no sea tardía, sino expedita y que escuchen las diferentes realidades que atraviesan.