José Luis Castillejo Ambrocio
México no vive una hambruna de imágenes extremas, pero persiste una carencia alimentaria que hiere en silencio. La inseguridad alimentaria moderada y severa alcanza 16.2 por ciento, con mayor peso en el sur y zonas rurales.
Los promedios nacionales esconden brechas. El Índice Global del Hambre estima menos del cinco por ciento de población subalimentada y una talla baja infantil de 13.1 por ciento. Las diferencias territoriales e indígenas son el verdadero desafío.
La pobreza cayó en 2024 a 29.6 por ciento, según medición oficial. El dato alivia, pero no despeja el dilema del ingreso real frente a la canasta. El trabajo formal mejora, aunque millones no cubren lo básico con su salario.
El Estado movió piezas regulatorias y de abasto. La prohibición de venta y promoción de comida chatarra en escuelas entró en vigor el 29 de marzo de 2025, con lineamientos y manual para sustituir ultraprocesados por opciones saludables. Falta vigilancia y compras públicas que soporten a productores regionales.
La política de abasto se reconfigura con Tiendas del Bienestar y una agenda de productos populares. El lanzamiento de una barra de chocolate con cacao de productores del sureste muestra intención de valor agregado social. Habrá que medir nutrición, precios y trazabilidad.
La FAO trabaja sobre la arquitectura de fondo. El programa Mesoamérica sin Hambre, en cooperación con México, impulsa dietas saludables, acceso equitativo a medios de vida y mecanismos inclusivos para pueblos indígenas, mujeres y jóvenes. No es filantropía, es gobernanza aplicada.
Esa agenda se acompaña de frentes parlamentarios contra el hambre, leyes modelo y foros regionales que México acogerá en 2025, con evaluación de avances y definición de acciones concretas. La trinchera normativa es tan importante como el camión que lleva el maíz.
La cooperación con la agencia mexicana AMEXCID sostiene ese andamiaje desde 2015. La prioridad está en el sur sureste, donde la pobreza rural y la inseguridad alimentaria golpean más fuerte. El puente entre técnica y territorio no puede romperse por ciclos políticos.
La fotografía invita a ordenar prioridades. Primero, blindar el presupuesto de seguridad alimentaria con metas verificables en anemia, talla baja y acceso físico a alimentos frescos. Segundo, articular compras públicas escolares con agricultura familiar y huertos comunitarios certificados. Tercero, elevar la cobertura de agua segura y saneamiento, condición para que la nutrición sea efectiva y sostenida.
Cuarto, monitorear la política escolar con inspecciones y datos abiertos, midiendo sustitución real de ultraprocesados. Quinto, alinear créditos y asistencia técnica a cadenas cortas que bajen costos y pérdidas poscosecha. Sexto, transparentar inventarios y márgenes en la red de abasto social, con evaluaciones externas periódicas.
El hambre cede cuando el ingreso alcanza, el agua es segura y el sistema alimentario funciona. México tiene instrumentos y la FAO aporta el mapa institucional. Falta constancia, medición y una ruta que resista gobiernos y coyunturas. El objetivo es que comer bien deje de ser un privilegio y se vuelva costumbre nacional.