Pedro Centeno
La salud pública no debería ser un negocio privado, pero durante las últimas dos décadas en México así sucedió. Diversos gobiernos del PRI y del PAN promovieron Asociaciones Público-Privadas (APP) para construir hospitales, prometiendo modernización sin costo inmediato para el erario. El resultado ha sido un rotundo fracaso: proyectos hospitalarios convertidos en elefantes blancos onerosos, que han dañado las finanzas públicas, mermado la calidad del servicio y destapado redes de corrupción.
La factura para el erario es escandalosa. Avalúos oficiales muestran que nueve hospitales hechos vía APP valen en conjunto alrededor de 5,242 millones de pesos, pero el Estado debe pagar 93,817 millones por ellos a lo largo de sus contratos (25 años) –un sobreprecio del 1,789%–. Solo en 2023, el pago anual por esas nueve concesiones fue de 5,651 millones de pesos, cifra incluso superior al costo real de todas juntas. Dicho de otro modo: en un solo año se pagó más de lo que valdría construirlos; el resto de los 24 años de contrato es ganancia privada pura a costa del erario.
La historia del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, en el Estado de México, es emblemática. Contratado en 2009 bajo un esquema APP, su construcción y operación fueron concesionadas a Constructora Teya (Grupo Higa) del empresario Juan Armando Hinojosa, cercano al entonces gobernador Enrique Peña Nieto. El contrato asciende a 7,038 millones de pesos a pagar en 25 años. ¿El resultado? Un elefante blanco: esta unidad opera apenas al 50% de su capacidad, con 49.3% de ocupación, lo que implica un desperdicio de 142 millones de pesos anuales en infraestructura ociosa. Para colmo, Hinojosa –implicado en el escándalo de la Casa Blanca– hizo su agosto con este negocio, cobrando al erario más del doble de lo que costaron hospitales similares en otros estados.
La misma historia se repite en el ámbito federal. Los sexenios de Calderón y Peña licitaron al menos una docena de hospitales bajo este modelo: el sector Salud (SSA) y las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE) quedaron atadas a contratos que garantizan jugosas rentas a consorcios privados durante 20 a 25 años. Estas empresas construyen el hospital (muchas veces con crédito público del Banobras o Fonadin) y luego rentan el cascarón al gobierno, pues los médicos, enfermeras y medicinas siguen corriendo por cuenta del Estado. El esquema se vendió como “cooperación” público-privada, pero en la práctica fue una privatización encubierta de la infraestructura sanitaria.
Por ejemplo, el nuevo Hospital General Regional de Tapachula, Chiapas (IMSS), inaugurado en 2017, fue adjudicado al consorcio de Olegario Vázquez Aldir (Prodemex). El contrato obliga al IMSS a pagar 17,364 millones de pesos a lo largo de 25 años, aunque el hospital vale apenas 603 millones. Cada año, el Seguro Social transfiere 633 millones al operador privado por este nosocomio –más de lo que costaría comprarlo de contado–. Otro caso: el Hospital General de Zona de Bahía de Banderas, Nayarit (IMSS), entregado al mismo grupo en 2017, costará 15,161 millones en rentas cuando su valor real es de 372 millones. Tan solo en 2023, Prodemex cobró 585 millones por la renta de dicho hospital, monto mayor a su costo de construcción.
El ISSSTE tampoco se salvó de las APP ruinosas. En Mérida, Yucatán, se concesionó en 2016 una clínica hospitalaria a la empresa GIA+A de Hipólito Gerard (pariente político de Carlos Salinas) por 5,085 millones, pese a que construirla costaba 213 millones. En Tepic, Nayarit, se hizo lo propio en 2017: un hospital con valor de 586 millones se comprometió en un contrato de 21,475 millones a favor de un consorcio privado. Tan solo en 2023 el ISSSTE tuvo que pagar 1,476 millones por la renta de ese hospital de Tepic, casi tres veces su costo en un solo año. Asimismo, en Villahermosa, Tabasco, otro hospital ISSSTE de 515 millones terminó contratado en 8,344 millones, con pagos anuales cercanos a 446 millones al operador privado.
La estela de abusos incluye al Hospital Regional de Alta Especialidad “Bicentenario 2010” en Ciudad Victoria, Tamaulipas, concesionado en 2007 (sexenio de Calderón) a la empresa Marhnos (vinculada a la familia Servitje). Este contrato obliga a la Secretaría de Salud a pagar 4,109 millones de pesos hasta 2032, aunque el hospital valía apenas 629 millones. En 2023 se pagaron 531 millones a Marhnos por la “disponibilidad” de este hospital –el 84% de su valor en un solo año–. De igual manera, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (León, Guanajuato), primer APP hospitalario firmado en 2005, le costará al erario 3,131 millones en favor de la española Acciona, pese a que su valor real es 588 millones. Y el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Edomex (contratado en 2009), entregado a GIA+A de Hipólito Gerard, implica pagos por 6,624 millones cuando dicha infraestructura vale apenas 607 millones.
Detrás de estas cifras hay nombres propios asociados al poder. Los gobiernos del PRI y PAN privilegiaron a un puñado de consorcios cercanos: Juan Armando Hinojosa (Grupo Higa), contratista predilecto del peñismo, obtuvo el hospital de Zumpango; Hipólito Gerard (cuñado de Carlos Salinas), vía su empresa GIA+A, recibió contratos de hospitales en Yucatán e Ixtapaluca; Olegario Vázquez Aldir (dueño de Grupo Imagen y de hospitales privados Ángeles) acaparó al menos tres hospitales (Chiapas, Nayarit, Tabasco) mediante su firma Prodemex. También figuras como la familia Mariscal Servitje (dueños de Bimbo, a través de Marhnos) y multinacionales españolas (Sacyr, Acciona) fueron favorecidas. Muchos de estos contratos se gestaron al amparo del influyentismo: el caso del hospital inconcluso de Ticul, Yucatán –otorgado en 2011 por la gobernadora priista Ivonne Ortega a una filial de Marhnos por 5 mil millones– ejemplifica cómo la corrupción primó sobre el interés público. Aquella obra (que pudo costar solo 500 millones) quedó abandonada por años; el gobierno actual debió intervenir para rescindir la APP y retomarla bajo control público.
En suma, ¿qué dejaron dos décadas de hospitales APP? Un sistema de salud lastimado en sus finanzas y sin mejoras proporcionales en la atención. Se canalizaron miles de millones de pesos a rentas y sobrecostos, restando recursos para contratar personal médico, equipar hospitales y abastecer medicamentos. Varias de estas unidades concesionadas operan semivacías o con servicios limitados, porque el modelo privilegió la ganancia del contratista sobre las necesidades de la población. Convertir la salud en negocio privado fue un error costoso. Es imperativo romper con ese esquema: renegociar o cancelar estos contratos leoninos, fincar responsabilidades por la corrupción involucrada y reorientar el presupuesto para fortalecer la salud pública. México no puede permitir que se repita este saqueo: los hospitales deben servir a los pacientes, no a enriquecer a unos cuantos.