Lejos de impulsar la formalización, la reforma al Código Fiscal de la Federación, que incluye el artículo 30-B y nuevas retenciones fiscales, amenaza con generar un retroceso masivo en la economía digital, afirmó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
El organismo afirmó en un comunicado que aunque el objetivo de fortalecer la recaudación es legítimo, el diseño de la reforma genera preocupaciones técnicas, económicas y jurídicas que deben ser atendidas con urgencia, al poner en riesgo la viabilidad y sostenibilidad del sector digital.
Explicó que el comercio electrónico representa el 6.4% del PIB nacional y sostiene más de un millón de PyMEs, y que imponer retenciones del 2.5% de ISR y 8% de IVA sobre ingresos brutos, sin considerar márgenes operativos ni estructura de costos, pone en riesgo la liquidez, la formalización y la sostenibilidad de este sector.
Ejemplificó que una empresa con ventas mensuales de 500 mil pesos y un margen neto del 3% tendría una utilidad de 15 mil pesos, pero bajo el nuevo esquema pagaría 52,500 pesos en retenciones, generando una brecha financiera insostenible: “Esta distorsión afectaría la liquidez, incrementaría la carga administrativa y desincentivaría la digitalización y la formalización”.
Agregó que en el comercio minorista, los márgenes netos oscilan entre 2% y 5%, y bajo el nuevo esquema, las retenciones superarían en más de tres veces las utilidades netas, obligando a las empresas a financiar operaciones mediante deuda y acumulando saldos a favor que tardan meses en recuperarse.
No obstante, ese efecto no se limitará a las PyMEs, pues las plataformas globales enfrentarán “costos millonarios” para adaptar sus sistemas, lo que podría desincentivar la inversión extranjera directa en tecnologías digitales, que en 2024 superó los 20,000 millones de dólares.
“La reforma, lejos de impulsar la formalización, amenaza con generar un retroceso masivo en la economía digital”, aseveró el IMEF.
Riesgos tecnológicos y de gobernanza digital
La organización alertó que la obligación de interconexión permanente entre sistemas gubernamentales y privados, derivada del acceso en tiempo real a plataformas digitales, introduce vulnerabilidades críticas.
Recordó que México ha enfrentado incidentes graves de ciberseguridad en el SAT y el IMSS, y advirtió que repetir esos errores en un entorno de acceso en tiempo real amplificaría los riesgos exponencialmente, comprometiendo la integridad de las plataformas y los datos sensibles de millones de usuarios.
Además, el IMEF aseveró que se carece de salvaguardas judiciales y mecanismos de control que garanticen proporcionalidad y legalidad.
El acceso irrestricto a sistemas privados sin orden judicial, afirmó, contraviene principios constitucionales y estándares internacionales como el GDPR de la Unión Europea, la CCPA de Estados Unidos y los marcos de la OCDE y APEC.
“Ninguna economía avanzada permite acceso permanente a sistemas privados sin control judicial”, enfatizó.
Comparativa internacional
El IMEF explicó que las principales economías del mundo han buscado fiscalizar la economía digital sin afectar la innovación ni vulnerar derechos.
En Francia, por ejemplo, se aplica un impuesto del 3% sobre ingresos digitales complementado con auditorías, mientras que en Estados Unidos las autoridades requieren órdenes judiciales para acceder a datos privados.
“México, en contraste, propone medidas invasivas que generan incertidumbre regulatoria y erosionan la confianza del mercado”, sostuvo.
El IMEF propuso incorporar una evaluación de impacto económico, protocolos de ciberseguridad y mecanismos proporcionales alineados con estándares internacionales, y diseñar esquemas diferenciados por tamaño empresarial, evitando cargas desproporcionadas para startups y PyMEs.
Además sugirió convocar un foro legislativo con participación de jóvenes emprendedores, especialistas fiscales y representantes del ecosistema digital, para construir soluciones conjuntas que fortalezcan la fiscalización sin sacrificar la innovación.
El IMEF es una asociación civil que agrupa a miembros del sector financiero mexicano, y cuenta con al menos 1,200 asociados, entre presidentes, directores generales, directores financieros, directores ejecutivos, profesionales independientes y directores académicos.