Laura Rojas
Durante más de 70 años, México vivió bajo un modelo político centralizado en el Poder Ejecutivo, con instituciones subordinadas al partido hegemónico, el PRI. No había contrapesos reales ni órganos imparciales que fiscalizaran al gobierno. Fue hasta finales de los años ochenta y principios de los noventa que, ante la presión de una ciudadanía más activa, la creciente oposición política y el empuje de la apertura económica, se gestó un nuevo diseño institucional que buscó distribuir el poder a través de la creación de organismos constitucionales autónomos.
Este rediseño no ocurrió en el vacío. Se enmarcó en las reformas impulsadas por la llamada “nueva gestión pública”, un enfoque de inspiración neoliberal que promovía gobiernos más eficientes, con menos funciones operativas y más funciones reguladoras. Bajo esta lógica, instituciones clave como el IFE, el Banco de México, la Comisión de Competencia o el INAI se diseñaron para operar con autonomía del Ejecutivo y bajo principios técnicos. La intención era doble: profesionalizar funciones fundamentales del Estado y generar confianza—tanto dentro como fuera del país—en un México moderno, democrático y predecible.
El impulso a esta arquitectura institucional coincidió con la firma del TLCAN y la entrada a organismos como la OCDE. México apostó por este modelo institucional como plataforma para integrarse a los mercados globales, atraer inversiones y prometer a los actores económicos y políticos reglas claras y árbitros imparciales. Varias de estas instituciones, particularmente el IFE (luego INE), el IFAI (luego INAI), la CNDH y el CONEVAL, entre otras, fueron apoyadas y en algunos casos, promovidas por la izquierda opositora, que veía en ellas una forma de limitar al viejo presidencialismo autoritario.
Esa misma izquierda, hoy en el poder bajo el liderazgo de Morena, ha emprendido una transformación institucional profunda eliminando organismos autónomos y trasladando sus funciones al Poder Ejecutivo. Lo ha hecho bajo el argumento de que estas instituciones fueron producto del periodo neoliberal, que duplican funciones, consumen muchos recursos y operan de espaldas al pueblo. El nuevo diseño institucional que ha establecido Morena es uno donde el Ejecutivo recupera buena parte del control en muchas de las funciones en las que ya no tenía injerencia como el acceso a la información, la protección de datos personales, la competencia económica o la regulación en sectores clave de la economía.
Este rediseño refleja una de las dos grandes tradiciones de la izquierda en el mundo. Por un lado, está la izquierda socialdemócrata que, en Europa y América Latina, se ha ceñido a instituciones independientes como garantías democráticas, incluso cuando gobierna. En países como Uruguay, Chile o España, la izquierda ha promovido reformas progresistas dentro de marcos institucionales sólidos y autónomos.
Por otro lado, está la izquierda de raíz nacionalista, que ve en los órganos independientes obstáculos impuestos por las élites para frenar la transformación social. Morena se alinea claramente con esta segunda corriente que privilegia la conducción política directa sobre la tecnocracia, con el objetivo de garantizar la soberanía nacional, ampliar la cobertura de derechos sociales y redistribuir recursos sin interferencias institucionales que puedan frenar el ritmo de cambio. Frente a los límites del modelo neoliberal —como la desigualdad persistente, la desafección política o la captura institucional por intereses privados—, la izquierda nacionalista propone un Estado más fuerte, con mayor margen de maniobra y con decisiones orientadas a objetivos sociales antes que a equilibrios técnicos o fiscales.
¿Qué se puede esperar de este nuevo diseño? En el corto plazo, este modelo puede traducirse en una mayor capacidad de acción del gobierno, al reducirse los controles técnicos, jurídicos y políticos que anteriormente filtraban o moderaban decisiones. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, este rediseño institucional puede generar costos importantes para la calidad democrática, la estabilidad jurídica y la credibilidad del Estado. Además, al eliminar la especialización técnica y la autonomía funcional de estos órganos, las políticas públicas quedan más expuestas a los ciclos políticos, a la improvisación y al vaivén de prioridades.
Además, de la desaparición de varios de los órganos constitucionales autónomos y de la reforma judicial; del incremento de los delitos que ameritan prisión preventiva automática y de la creciente participación de las fuerzas armadas en la vida pública, en breve habrá una reforma electoral que completará el nuevo cuadro del poder en México. Corresponde a la sociedad civil, a los ciudadanos, a los medios y a la academia movilizarse, litigar, exigir, documentar y vigilar para que más allá del diseño institucional, en la garantía de los derechos y libertades ganados no haya un retroceso.