La corrupción no cede. En lo que va de 2025, más de 80 proveedores del Gobierno federal de los sectores farmacéutico, de la confección, del transporte, la construcción y el aeroportuario han cometido actos de corrupción en contra del erario que van desde la falsificación de documentación, los sobreprecios, la colusión, hasta el incumplimiento de contratos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez, ha impuesto 87 multas que suman 50 millones 952 mil 178 pesos; es decir, la nueva dependencia federal en la que está concentrada la política anticorrupción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha operado a un ritmo de ocho sanciones por mes.
En este conjunto de empresas impedidas para tener contratos públicos, seis tienen inhabilitaciones que durarán tres años, nueve meses. Es decir, concluirán la penalización entre 2028 y 2029. Por ahora, ese es el periodo más extenso que ha impuesto la SABG cuando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece hasta cinco años como pena máxima.
De las seis, solo una –Bidcom Energy S.A de C.V. es una empresa moral. Las demás son personas físicas que en su acercamiento a los concursos públicos del Gobierno federal cometieron faltas. Por ejemplo, Gabriela Herrera Zúñiga y Homero Cendejas Guízar incumplieron contratos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y ahora están inhabilitados.
La última empresa sancionada e inhabilitada (19 de noviembre pasado), hasta el cierre de esta edición, fue la farmacéutica ABC Sivmed S.A. de C.V. por proporcionar información falsa en la Licitación Pública número LA-07-HZI-007HZI999-N-62-2025 del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
En noviembre también recibieron penalizaciones Aulis Sol S.A. de C.V., Transportes Lipu S.A. de C.V., CTG Ingeniería y Construcción S.A. de C.V. y Abastecedora Tecnológica Especializada S.A de C.V.
Los nombres de estas empresas se integraron en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la SABG entre el 1 y el 19 de noviembre. No pueden, por ahora, concursar o recibir ninguna contratación de los gobiernos de México. Además, deben pagar multas. La más grande, de 1 millón 296 mil 420 pesos, la tiene Transportes Lipu S.A. de C.V., por no entregar la documentación completa sobre la constancia de situación fiscal Formato 32-D del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Aunque el sector farmacéutico y el de vestuarios son los sectores que más actos anómalos han presentado, en noviembre se añadió el del transporte con la empresa Transportes Lipu S.A. de C.V. que falló en la entrega de documentación de un contrato que licitó la Secretaría del Bienestar.
En cuanto a Aulis sol S.A. de C.V., se trata de una de las compañías que participó en las adjudicaciones directas en la pandemia de COVID-19 y fue estrella en el gobierno de Omar Fayad Meneses en Hidalgo (2016-2022). Pese a ese pasado en el que ganó cientos de millones de pesos, presentó información “no veraz” para ganar un contrato en el sector salud.
CTG Ingeniería y Construcción S.A. de C.V. falló en la formalización de un contrato para hacer adecuaciones de espacios educativos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
A su vez, Abastecedora Tecnológica Especializada S.A. de C.V. entregó información falsa en la Licitación Pública 40004001-015-24 de la misma SABG.
Multas sin cobrar: SABG arrastra sanciones de proveedores desde 2001
El monto que en multas ha impuesto la SABG este año representa el 3.6 por ciento del total de sanciones económicas acumuladas por proveedores infractores de la legislación en las últimas dos décadas.
Cientos de empresas han sido sancionadas por la otrora Secretaría de la Función Pública (transformada en esta administración en SABG), pero no han pagado bajo el cobijo de amparos otorgados en los tribunales.
El expediente más antiguo en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la SABG data de 2001, cuando gobernaba Vicente Fox Quesada (2000-2006), aunque la multa –por 341 mil pesos– no se impuso hasta 2007. Le corresponde a Alstom Internacional por proporcionar información falsa en una licitación de 1999 para la adquisición de transformadores de corriente y potencia de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
La firma, de origen francés, estuvo implicada en 2014 en una trama de sobornos para ganar contratos de plantas de energía en Indonesia y otros países, y debió pagar en Estados Unidos una amonestación de más de 700 millones de dólares.
En este letargo del pago de las multas se encuentra la que se le impuso en 2009 a la Guardería ABC S.C. de Hermosillo, Sonora, donde un incendio mató a 49 bebés y dejó a por lo menos cien personas con heridas graves. Después de varias investigaciones para encontrar la causa de la tragedia e incluso la detención de una de las dueñas, la multa pervive en el archivo de la SABG.
Ahí está también la sanción que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador le impuso en 2024 a la Constructora Norberto Odebrecht S.A. de C.V., la cual le causó un daño a Pemex Refinación por más de 119 millones de pesos. En este caso la autoridad no pudo imponer ninguna acción económica porque el contrato en el que falló fue firmado en 2014 cuando estaba vigente la Ley de Pemex expedida en 2008.