Marco Baños
La presentación de propuestas para la reforma electoral por grupos organizados de la sociedad debe interpretarse como una reacción natural que ofrece argumentos para el debate y una visión para contrastar con los cambios que pretende el oficialismo y que solo se conocen por esbozos generales expresados tanto por la presidenta, como por los integrantes de la Comisión Presidencial y diversos voceros del morenismo que han planteado objetivos que aún no aterrizan en una iniciativa concreta.
El INE también ha señalado que está integrando una propuesta específica. La Comisión y, en su momento, los legisladores de la mayoría deben asumir que las reglas del juego no deben ser impuestas sino consensuadas y que la iniciativa debe redactarse con una visión inclusiva y plural. En caso contrario, la legitimidad que se pretende con los foros y audiencias públicas será inexistente y el ofrecimiento reiterado de escuchar y considerar todos los puntos de vista será otra muestra de la retórica vacía que caracteriza al gobierno y su partido.
La propuesta de Somos Mx gira en torno a principios básicos y contenidos mínimos que una reforma electoral que se califique como democrática debe sostener. Lo primero es garantizar la integración de un gobierno que resuelva problemas, sin mayorías artificiales, sin sobrerrepresentación ni subrepresentación de las fuerzas políticas. Los porcentajes de votos alcanzados en las urnas deben corresponder con el número de asientos que se tengan en los congresos. La presidencia debe tener contrapesos reales y no ficticios como ocurre hoy, donde el legislativo es una caja de resonancia del ejecutivo y donde el judicial fue capturado bajo la fachada de elecciones que se resolvieron con trampas y prácticas fraudulentas materializadas en los acordeones.
La integración del Poder Judicial debe regresar, con reglas claras y procedimientos transparentes, a la decisión de los congresos, privilegiando conocimientos, méritos y experiencia. Urge recuperar la organización de elecciones auténticas e íntegras, garantizadas por autoridades imparciales y autónomas que no estén cooptadas por el poder como ocurre con el TEPJF y con la mayoría de las consejerías del INE. La designación de consejerías electorales debe hacerse por mayorías más robustas de alguna de las cámaras y no por elección popular. Mantener y fortalecer el profesionalismo del personal técnico de los organismos electorales es una premisa para garantizar eficacia operativa, desaparecerlo, como pretende el oficialismo, equivale a suprimir la calidad técnica en la organización de las elecciones.
La propuesta defiende la idea de ampliar transparencia y apego a la rendición de cuentas en la asignación y aplicación del financiamiento público y del dinero privado de partidos y candidaturas. La auditoría sobre los recursos que se utilizan en campañas debe detectar el dinero que de manera ilícita ingresa a ellas y frenar estas prácticas ilícitas. Se trata de establecer reglas y procedimientos para elecciones equitativas, justas y creíbles, con cancha pareja, sin trampas, con árbitros autónomos e imparciales, sin compra ni coacción del voto y con pleno respeto al ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos.
La pregunta es: ¿el gobierno, su partido y sus aliados están dispuestos a considerar estas premisas básicas o van a imponer una reforma que garantice ventajas indebidas para sus candidaturas y el control absoluto de los organismos electorales? Se trata de un debate clave para nuestra democracia que exige una participación informada de todos y una voluntad auténtica del oficialismo para arribar a los mejores acuerdos para una reforma electoral democrática.