Fernando Díaz Naranjo
La percepción de la ciudadanía es un factor fundamental en cualquier sociedad, pues permite medir, por ejemplo, los niveles de satisfacción o insatisfacción de la población sobre servicios, obras, su seguridad, situación económica, la atención a sus demandas, entre otras.
Esta percepción es todavía más importante en sistemas democráticos como el nuestro ya que la ciudadanía adquiere un poder fundamental, entre otras, la definición del poder público a través de su derecho al sufragio.
En este contexto, la percepción que tengan las y los ciudadanos en sus instituciones electorales cobra gran relevancia pues se traduce en el reflejo de la confianza o no en el propio sistema electoral que se traduce en su involucramiento o participación en los procesos electorales y ejercicios de participación ciudadana que se registran en el país.
El nivel de confianza que la ciudadanía tiene de nuestra autoridad electoral el INE es alto. De acuerdo con la Encuesta de Cultura Cívica realizada por el INEGI en 2020 y publicada en 2021, el INE era una de las instituciones con mayor confianza del Estado Mexicano, solo después de las fuerzas armadas.
En una encuesta publicada por el Diario El Financiero a finales de mayo de 2024, alrededor del 60% de las y los encuestados manifestaron que confiaban mucho o algo en nuestra máxima autoridad electoral administrativa.
Las funciones mejor evaluadas por parte de la ciudadanía son la credencialización, insumo básico para la población no solo porque dicho instrumento sirve para ejercer el voto, sino porque se ha constituido prácticamente como una cédula de identidad nacional, así como la confianza de la ciudadanía en la organización de las elecciones.
No obstante, y aunque parecería contradictorio, un estudio realizado por GEA (Grupo de Economistas y Asociados) e ISA (Investigaciones Sociales Aplicadas), en marzo de 2024 refirieron que el 46% de las y los mexicanos estaba insatisfecho con nuestra democracia, entre otros factores, debido a la persistencia de problemáticas en el país relacionadas con la creciente inseguridad pública, la corrupción y la impunidad; erosión de contrapesos institucionales que debilitan la calidad democrática percibida por la ciudadanía, la influencia del crimen organizado, incluso en los procesos electorales, etcétera.
Este nivel de desconfianza generalmente tiene un común denominador: la falta de participación ciudadana en procesos democráticos. Por ello, podríamos referir, a manera de hipótesis, que la baja participación registrada en la elección presidencial de 2024 se debe a éstos y otros factores. Recordemos que votó alrededor del 59% de la ciudadanía, es decir, el 41% no fue a votar en la elección en la que concurre la mayor cantidad de población. Que lejano se ve una participación de más del 77% que se registró en la elección presidencial de 1994.
Otro factor que incide en el debilitamiento de nuestra democracia es el descrédito que tienen los principales actores de la competencia electoral: los partidos políticos. Latinobarómetro refirió en un estudio que solo alrededor del 30% de las y los mexicanos confiaban en los partidos políticos; el 70% no confía en ellos.
Un factor más, entre varios más, la polarización que vivimos que convierte a la sociedad entre “buenos” y “malos” lo que divide al país, lo que genera una sociedad inestable y puede, incluso, provocar conflictos sociales.
Consecuentemente, el Estado tiene al menos cuatro responsabilidades: a) generar las condiciones necesarias de seguridad de la población mexicana de acuerdo con su obligación constitucional; b) establecer políticas eficientes en materia de política económica; c) terminar con el discurso polarizante; d) fortalecer las instituciones autónomas; d) generar como una política de Estado la transparencia y rendición de cuentas, entre otras.
México merece un Estado auténticamente democrático y el Estado debe asumir la responsabilidad de garantizarlo, solo así recobraremos una democracia plena que traerá como resultado mayor participación ciudadana, mejoras a la población y un gobierno sólido.
El gobierno federal tiene la última palabra.