Leylie Gómez
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que en México persiste una impunidad estructural y un debilitamiento del Estado de derecho que han convertido al país en uno de los entornos más peligrosos de América Latina para la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente.
De acuerdo con el informe A/HRC/60/35/Add.5, presentado durante el sexagésimo período de sesiones del Consejo, las desapariciones forzadas, la violencia contra personas defensoras y la falta de investigaciones eficaces no son hechos aislados, sino el resultado de fallas sistemáticas del aparato estatal, agravadas por la presencia del crimen organizado y, en algunos casos, por la complicidad o aquiescencia de autoridades
El documento identifica a México como uno de los países con mayor nivel de peligrosidad para quienes defienden el territorio, particularmente en contextos donde existen intereses económicos ligados a proyectos extractivos, mineros o de control territorial.
El informe también documenta la estigmatización y criminalización de personas defensoras ambientales en México, quienes con frecuencia son señaladas como opositoras al desarrollo o vinculadas falsamente con actividades ilícitas, una práctica utilizada para desacreditar su labor y justificar la represión
La ONU documenta que en entidades como Guerrero existen vínculos entre grupos del crimen organizado y autoridades estatales, los cuales han derivado en desapariciones forzadas de personas defensoras del territorio, sin que el Estado garantice investigaciones independientes ni sanciones efectivas.
“Según la información recibida, los grupos del crimen organizado en Guerrero, México, mantienen vínculos con autoridades estatales, con quienes actúan en colusión para llevar a cabo desapariciones forzadas de personas que defienden sus tierras y recursos naturales”, indica.
Esta colusión, advierte el informe, ha permitido la consolidación de zonas donde la violencia opera con total impunidad y donde la defensa de la tierra se castiga con desaparición o muerte.
Casos emblemáticos ignorados
Entre los casos señalados destaca la desaparición forzada de los defensores Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, ocurrida en el contexto de su oposición a actividades mineras. El Grupo de Trabajo subraya que las autoridades omitieron investigar su labor como defensores ambientales como posible móvil del crimen, una omisión que refleja la falta de debida diligencia del Estado mexicano
El informe también advierte que casos de desapariciones forzadas en México han involucrado a empresas extranjeras, incluidas compañías europeas, particularmente en proyectos extractivos. La ONU recuerda que estas empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos y de no beneficiarse de contextos de violencia, represión o criminalización de comunidades
“El Grupo de Trabajo ha documentado varios casos en los que empresas comerciales, con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado, habrían perpetrado desapariciones forzadas de personas defensoras de la LNRE.91 El señor Ricardo Lagunes Gasca y el señor Antonio Días Valencia, en México, han sido víctimas de desaparición forzada en relación con su legítima defensa contra actividades mineras, y las autoridades presuntamente han omitido investigar su activismo ambiental como motivo”, apunta
La ONU expresa una profunda preocupación por el aumento de la violencia dirigida contra los Pueblos Indígenas, quienes enfrentan un impacto desproporcionado al proteger sus recursos naturales. Esta violencia ocurre en un entorno de impunidad persistente, ausencia de consulta previa y criminalización sistemática de la defensa territorial
Zonas de acceso “prácticamente imposible”
El documento alerta que, en diversas regiones del país, controladas por el crimen organizado o grupos armados, el acceso para realizar labores de búsqueda de personas desaparecidas es “prácticamente imposible”, lo que vulnera el derecho a la verdad y a la justicia. Ante ello, la ONU insta al Estado mexicano a desarrollar estrategias de seguridad que permitan el ingreso de equipos de búsqueda a zonas rurales y remotas
En sus conclusiones, el Consejo de Derechos Humanos sostiene que México enfrenta una crisis de impunidad profundamente arraigada, donde la combinación de crimen organizado, intereses económicos y debilidad institucional ha convertido la defensa de la naturaleza en una actividad de altísimo riesgo, sin que el Estado haya logrado prevenir, investigar ni sancionar adecuadamente estas violaciones.
Contexto: según datos de la Secretaría de Gobernación, existen 133,000 personas desaparecidas, con un promedio de 45 casos diarios en todo el país.
El Inegi y la Fiscalía General de la República registran 373 sentencias relacionadas con desaparición forzada, lo que evidencia un alto nivel de impunidad frente a la magnitud del fenómeno.
México también encabeza las Acciones Urgentes solicitadas al CED a nivel mundial, con más de 770 casos, equivalentes al 37% de todas las solicitudes presentadas ante el Comité desde 2012. Además, el país enfrenta una crisis forense con más de 72,000 cuerpos y restos humanos sin identificar distribuidos en servicios médicos y fosas comunes.