Apuestas legales, reglas del juego pendientes

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 Julio Pilotzi

Tras un año marcado por decisiones fiscales abruptas y señales contradictorias desde el poder público, la industria del juego en México enfrenta un entorno complejo justo cuando debería estar preparándose para crecer, formalizarse y aportar más a la economía nacional. Y es que el aumento del IEPS del 30 por ciento al 50 por ciento elevó la presión sobre los operadores legales y encendió alertas sobre la viabilidad del negocio, especialmente para empresas medianas y pequeñas. Conviene poner las cifras sobre la mesa. Hoy operan 423 casinos en 30 estados, bajo 38 permisionarias, con más de 100 mil máquinas legales y alrededor de 80 plataformas online reconocidas. El sector aporta cerca del 0.5 por ciento del PIB y sostiene a unas 200 mil familias de forma directa e indirecta. Se trata de una actividad intensiva en mano de obra, con fuerte impacto local y una cadena de valor que incluye proveedores, servicios, tecnología, seguridad y entretenimiento. Desconocer este peso económico y social es un error de política pública.

El problema es que el marco regulatorio no acompaña esa realidad. La Ley Federal de Juegos y Sorteos sigue anclada en otra época y no contempla adecuadamente el juego en línea, la evolución tecnológica ni los nuevos hábitos de consumo. Mientras tanto, el mercado ilegal crece sin control. Más del 60 por ciento de las apuestas digitales operan fuera del país, sin pagar impuestos ni ofrecer garantías, erosionando la recaudación y compitiendo de forma desleal con quienes sí cumplen. En este contexto, el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum abrió una ventana de oportunidad. Bajo el auspicio de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se instaló una mesa de trabajo con la industria para construir una nueva ley. Desde la Asociación de Permisionarios y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México (AIEJA), dirigida por Miguel Ángel Ochoa Sánchez, el sector ha optado por aportar información, experiencia y propuestas para diseñar un marco jurídico flexible, moderno y con visión de futuro, que dé certeza a los inversionistas y fortalezca la supervisión.

El potencial está ahí. México tiene 130 millones de habitantes, una población mayoritariamente urbana, más de 92 millones de usuarios de internet y una conectividad que sigue creciendo. Las proyecciones indican que el número de jugadores podría pasar de 1.5 millones en 2017 a 6 millones en 2028, y que los ingresos del juego online se multiplicarán por ocho en ese mismo periodo. Ignorar ese mercado o empujarlo a la ilegalidad es un error estratégico. Pero nada de esto será sostenible si la política fiscal sigue avanzando sin coordinación ni visión de largo plazo. Gravar en exceso a los operadores formales no combate la adicción ni mejora la recaudación; solo reduce inversión, pone en riesgo empleos y fortalece a los clandestinos. 2026 puede marcar la diferencia. O México apuesta por una industria regulada, moderna y transparente, capaz de competir a nivel regional, o continúa administrando el sector con parches fiscales y normas del pasado.

Voz en Off

En un año marcado por la cautela, la industria del plástico representada por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Benjamín del Arco, logra cerrar 2025 con una señal que no pasa desapercibida, al registrar un crecimiento en medio de la incertidumbre del 2.5 por ciento lo que representa alrededor de 3 mil 200 millones de pesos. No es un dato menor para un sector que opera entre presiones económicas, ajustes regulatorios y una agenda comercial que comienza a tensarse rumbo a 2026. Desde su amplia presencia en las cadenas productivas hasta su peso en industrias clave, el plástico sigue siendo un componente esencial en más del 80% de los sectores productivos. El liderazgo del envase y embalaje, junto con el avance moderado de sectores como el automotriz, la electrónica y la construcción, dibuja un panorama de estabilidad contenida para el sector rumbo al 2026, donde también estará alerta a la revisión del T-MEC.