Instituto Mora
El campo de la educación pública en México es un espacio de disputa donde diversos agentes —gobiernos, empresarios, ONG, fundaciones, comunidades, docentes y movimientos sociales— luchan por definir su sentido e incidir en las políticas y contenidos educativos. Como señala Gatica (2022) El capitalismo —como campo de poder y forma de organización política y social— lleva implícita su propia manera de educar, para mantener la reproducción de los mecanismos de dominación y disciplinamiento en el campo escolar”.
Por ello, analizar este campo exige observar su relación con el campo de poder, establecer la estructura de relaciones entre las posiciones que ocupan los agentes e instituciones que en él confluyen, e identificar las distintas disposiciones y propuestas en pugna. Desde esta perspectiva, hablar de resistencia educativa en México alude a las diversas formas en que estudiantes, docentes y comunidades se oponen a las estructuras y prácticas educativas establecidas, mediante tácticas, acciones o movilizaciones, las cuales pueden analizarse a partir de cuatro dimensiones principales:
- La resistencia institucional: Las formas en que escuelas y profesores enfrentan las dinámicas de poder y control dentro de la institución educativa.
- La educación para la resistencia: Enfoques pedagógicos y prácticas educativas que fomentan la reflexividad, el pensamiento crítico y el cuestionamiento de la realidad y las normas establecidas entre los sujetos.
- La resistencia docente: La oposición a las transformaciones en la política educativa, la metodología de enseñanza y las condiciones laborales.
- La resistencia estudiantil: La oposición a las formas autoritarias en la vida escolar y el reclamo por participar en la toma de decisiones institucionales.
Así, el estudio de las resistencias educativas permite comprender las dinámicas del ámbito escolar y abordar las tensiones entre sus actores. Partiendo de estas dimensiones, es posible identificar las formas de resistencia que se despliegan frente a las políticas de privatización y mercantilización, así como los procesos que se oponen de manera sostenida a dichas políticas, ya sea desde propuestas pedagógicas alternativas o desde practicas emergentes.
Un ejemplo paradigmático de esta lucha contra las estructuras impuestas por las elites gubernamentales y los organismos financieros internacionales es el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que desde la década de 1980 resiste a las políticas educativas neoliberales orientadas a modificar el sentido de la educación, restringir su acceso y precarizan sus condiciones laborales.https://b545fd70fd2edfe06467f50ed2c7c9cb.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html?n=0
La CNTE desde 2012, mantiene una lucha constante contra la Reforma educativa. Si bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), redujo los aspectos más punitivos de la reforma impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, no abandonó sus concepciones empresariales, manteniendo los mecanismos de control docente, precariedad laboral y recortes presupuestales. Esto se evidencia en programas que determinan el ejercicio del presupuesto para la adquisición de insumos e infraestructura en los planteles educativos.
Una muestra clara es el programa “La escuela es nuestra”. Bajo un discurso de participación comunitaria, transfiere en la práctica responsabilidades estatales de infraestructura a las comunidades. Lavore (2025) identifica áreas críticas donde el programa debe fortalecerse para minimizar de manera significativa transferencia de costos a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) y mal manejo de recursos, particularmente en aquellos lugares donde la comunidad escolar no está lo suficientemente involucrada como para realizar labores de vigilancia o apoyo.
La lucha de la CNTE se despliega en múltiples planos: no solo se opone a las políticas neoliberales —exigiendo mejores condiciones laborales, abrogación total de la reforma educativa, salarios justos, democratización sindical y reformas a la ley de jubilación—, sino que también desarrolla proyectos pedagógicos alternativos desde sus secciones, como el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), el programa de Educación y Cultura del Estado de Michoacán (PDCEM) o las Escuelas Altamiranistas, para hacer frente a la privatización.
Ahora bien, aunque la CNTE es el actor más visible en la defensa de la educación pública, no es el único. El movimiento estudiantil mexicano tiene larga historia de protagonismo en esta lucha. No obstante, en los últimos años —y particularmente tras la pandemia de COVID-19— ha enfrentado una constante dispersión y desarticulación. Esta debilidad permitió la instauración en varios centros universitarios de mecanismos de control estudiantil y modelos híbridos o remotos que, mediante el pago de plataformas privadas, derivan recursos públicos a la iniciativa privada. Cabe destacar que, por su historia, el movimiento estudiantil en México no se limita a una agenda estudiantilista, sino que se involucra activamente en demandas nacionales junto a diversos movimientos sociales y que en los últimos años se está rearticulando ante los problemas que se acumulan de matrícula, acceso y permanencia.
Con la llegada del proyecto de la Cuarta Transformación se planteó revertir las políticas neoliberales en educación. Sin embargo, persisten los problemas estructurales que éstas generaron en cuanto acceso, contenidos, condiciones laborales, así como, la tensión permanente entre perspectivas globales y demandas históricas locales de los actores educativos. Frente a la confluencia global de nuevas expresiones de la extrema derecha, las resistencias educativas en México reclaman, más que nunca, resolver los pendientes en la política educativa nacional.