Ricardo del Nuro
Durante la revisión de la elección judicial del primero de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) documentó más de 3 millones 779 mil irregularidades que han sido señaladas como signos de manipulación directa del voto. En más de 800 casillas, particularmente en Chiapas que concentró 70% de las impugnaciones, se detectaron “acordeones”, “urnas embarazadas” y “boletas planchadas”, entre otras viejas prácticas fraudulentas que han conformado la historia de la picaresca política mexicana.
Esta elección también sirvió para recordarnos que las malas costumbres son difíciles de erradicar y que, desgraciadamente, Chiapas sigue siendo “el granero electoral” y así como alguna vez le sirvió al PRI, después hizo lo mismo con el PRD, más tarde con el PVEM y ahora con Morena.
En varias casillas, la mayoría en municipios marginados de Chiapas, la cantidad de boletas superó el número de votantes registrados, lo cual sugiere relleno ilegal. También se encontraron boletas planchadas, sin dobleces ni señales de haber sido manipuladas por los electores, lo que apunta a votos fabricados en serie. A esto se suma el hallazgo de “acordeones” dentro de mamparas o urnas: pequeñas guías impresas o manuscritas con los nombres de los candidatos sugeridos, utilizadas para inducir el voto de forma ilegal.
Estas evidencias refuerzan la percepción de que el proceso estuvo marcado por prácticas clientelares y simulación, en una elección clave para la legitimidad del nuevo esquema de jueces electos por voto popular. https://1523bd1987c279aac678024bb20bb494.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html?n=0
Además de estas irregularidades, la elección judicial se caracterizó por la bajísima participación ciudadana, con apenas 10 a 13% del electorado que acudió a votar, y un elevado número de votos nulos, lo que, en conjunto, pinta un panorama de escasa legitimidad para los nuevos integrantes del poder judicial.
Aunque el INE no ha publicado las cifras estatales desagregadas, en Chiapas el promedio de votación fue de 12 y 13%, pero se reportaron zonas con niveles significativamente superiores al promedio nacional en la votación; por ejemplo, en los municipios de Tuxtla, Tapachula, Villaflores y Las Margaritas la participación fue de 40 por ciento. Huehuetán, en contraste, registró entre 30 y 35%, aún por encima de la media nacional pero menor que los otros listados.
Aún falta conocer el necesario informe del INE sobre el desarrollo de la elección judicial en cada entidad del país, pero la gran diferencia en la votación entre los municipios refleja una movilización focalizada, potencialmente orquestada en áreas específicas.
Sin embargo, lo más lamentable es que el proceso chiapaneco no sólo estuvo marcado por el acarreo e inducción del voto, sino que a muchos “operadores” se les pasó la mano y rellenaron las urnas con más boletas que el número de votantes registrados.
Una vieja práctica que mantiene a Chiapas como el “granero electoral” del país, un calificativo que desgraciadamente le fue impuesto cuando esta entidad del sureste, una de las más marginadas y con mayores niveles de pobreza, era el principal bastión electoral priísta. No hay que olvidar que Carlos Salinas tuvo el 90 % de los votos de Chiapas, casi 600 mil sufragios, en los comicios de 1988 y que hubo municipios chiapanecos, como San Juan Chamula, que tradicionalmente registraba resultados electorales “zapato”, donde la oposición quedaba en cero, sin un solo voto.
Pese a todo, en la sesión extraordinaria del consejo general del INE, el 15 de junio, se aprobó con 6 votos a favor y 5 en contra, la declaratoria de validez de la elección de ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Después de un largo debate, provocado por la propuesta del consejero Arturo Castillo de “no declarar la validez” por las irregularidades detectadas, se impusieron los votos a favor de seis consejeros: Guadalupe Taddei, Jorge Montaño, Norma Cruz, Rita López, Uuc-Kib Espadas y Carla Humphrey.
De acuerdo con la ley, una elección puede ser anulada si se detectan irregularidades graves en al menos 20% de las casillas instaladas, y en este caso fueron anuladas 818 casillas, lo que equivale al 0.97% del total de 83 mil 956 mesas instaladas el primero de junio.
Un porcentaje que, como señaló Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, “nos lleva a declarar y reconocer una práctica que no debe existir, pero esa cantidad contra más de 80 mil casillas y poner en duda la integridad del proceso electoral me parece extrema y lamentable”.
En efecto, se impuso el pragmatismo, pero esta primera elección judicial sienta un precedente negativo, semejante a la “elección” de Salinas en 1988 marcada por el tufo del fraude, ya que según la célebre frase de Jesús Reyes Heroles: “en política, la forma es fondo”.