Marco Antonio Adame Castillo
Ante los profundos cambios que experimenta el sistema político mexicano, es necesario repensar la política de desarrollo social para garantizar que todas las personas y comunidades, en especial las más vulnerables, tengan acceso a los bienes y servicios básicos y a las condiciones generales de progreso y desarrollo, que permitan una vida mejor y más digna para todos.
El punto de partida, en medio de los vaivenes políticos, es el respeto a la eminente dignidad de la persona humana y la práctica efectiva de la solidaridad, asegurando no solo la justicia conmutativa, que regula la distribución de los bienes entre los individuos con base en la equidad; también la justicia distributiva, que procura una más justa proporcionalidad con base en criterios de mérito, necesidad o igualdad; y, aun más, que cuando sea necesario, sociedad y gobiernos den apoyo subsidiario a quien más lo necesita, en tanto pueda valerse por sí mismo.
México es un país tremendamente desigual, el Índice de Progreso Social (IPS) 2023, refleja la distancia abismal que hay entre los estados del sur sureste como Chiapas, Oaxaca y Guerrero; y el desarrollo alcanzado en BCS, Aguascalientes o Ciudad de México. También, el rezago entre los municipios más pobres y los de mayor progreso en cada entidad.
El IPS de México, ¿Cómo Vamos?, basado en la metodología del Social Progress Imperative y el INCAE Business School, mide el bienestar social de manera integral en tres dimensiones, considerando 58 factores que van más allá del PIB.
La dimensión sobre necesidades humanas básicas considera salud y nutrición, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal. La dimensión sobre el bienestar toma en cuenta la educación, el acceso a la información y la comunicación, la prevención de enfermedades, el bienestar psicológico y la sustentabilidad ambiental. En tanto que, la dimensión sobre oportunidades incluye el respeto a los derechos personales, las libertades, la tolerancia y la inclusión y el acceso a educación superior.
De esta manera, el IPS busca complementar las métricas económicas y brindar información regional y local para focalizar las políticas públicas y evitar las generalizaciones que, con demasiada frecuencia, terminan siendo ineficaces e injustas.
Si bien las transacciones económicas son necesarias y hoy son un derecho constitucional, resultarían potencialmente insuficientes para superar las cifras de pobreza en el largo plazo, dada la limitación de los recursos y las crecientes demandas del desarrollo integral que van más allá del ingreso económico, de ahí que, sociedad y gobiernos están más que obligados a repensar el desarrollo social.
Independientemente del índice que se use para medir el desarrollo social, es necesario medir el impacto de las políticas vigentes y asegurar su eficacia para superar la pobreza y lograr el desarrollo integral de la sociedad en su conjunto. Este es un reto y una obligación ineludible de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. También lo es de la sociedad, para buscar poner en movimiento las distintas iniciativas de participación ciudadana a fin de lograr la justicia, el desarrollo y la paz que todos anhelamos.