Karina Vargas
Ante los continuos casos de niñas y adolescentes embarazadas en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su desacuerdo con las prácticas que avalan abusos y uniones entre menores de edad y personas adultas bajo el argumento de los “usos y costumbres”, por lo que se comprometió a atender estas problemáticas mediante el desarrollo e implementación de nuevas estrategias, en coordinación con la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora.
“No debe ser. Ninguna mujer debe ser obligada a nada”, expresó en la conferencia matutina del 28 de enero a pregunta expresa de Reporte Índigo sobre la vulnerabilidad que enfrentan las infancias en el país.
Añadió que solicitará al gabinete de seguridad el registro de las personas que han sido procesadas penalmente a partir de la implementación del protocolo de alerta a fiscalías en hospitales y clínicas cuando atienden a una menor de edad en estado de alumbramiento, como ocurrió a inicios de año en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en donde Deisy, una niña de 13 años, quedó en estado grave tras dar a luz. En un primer momento, la Fiscalía de Justicia Indígena informó que la menor tenía 10 años de edad, lo que encendió aún más las alertas.
Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria aclaró que el protocolo de acción ante este tipo de casos está homologado a nivel federal, por lo que tendría que activarse del mismo modo en las principales instituciones de atención pública, como son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el IMSS Bienestar.
“Sí está homologado en el sector salud y tiene que estar homologado con los delitos de las fiscalías de los estados, y ahí es donde, si recuerdan, Citlalli está trabajando con todas las fiscalías de los estados que ya prácticamente todos los estados lo tienen.
“Entonces, cuando llega una menor de edad, se reporta y ahí es donde inicia la investigación”, explicó.
Sheinbaum Pardo dijo que a este proceso de alertamiento se le da continuidad a través de los institutos o secretarías de las Mujeres estatales, quienes laboran de manera conjunta con el sector salud y los órganos ministeriales.
Mencionó que invitará a la titular de la Secretaría de las Mujeres a una “mañanera del pueblo” para que exponga los avances de la estrategia sexenal para prevenir y atender el embarazo en niñas y adolescentes, así como para combatir y erradicar los matrimonios y uniones forzadas.
Abuso sexual infantil podría perseguirse de oficio
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que este plan de combate a los embarazos infantiles y en adolescentes se vincule con la iniciativa que impulsa el Gobierno federal para reforzar las sanciones por abuso sexual en todo el país y que se persiga de oficio, manifestó que sí sería factible, aunque debe de analizarse por las características de este delito.
De este modo, propuso convocar a Hernández Mora e incluso a la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, o a quien encabece el área correspondiente en esa materia, para abordar los alcances del proyecto.
“Tiene sus características; es decir, obviamente se puede perseguir de oficio, en el momento en que se determine que, en efecto, hubo un abuso; digamos, tiene que haber la prueba de que, en efecto, hubo un abuso o un acoso”, advirtió.
Finalmente, en un exhorto dirigido a las menores de edad, enfatizó que pueden acercarse a la Secretaría de las Mujeres para solicitar apoyo, y destacó que varios gobiernos estatales, entre ellos, los de Chiapas y Guerrero, han promovido protocolos locales para la atención de este tipo de casos.
Estrategia sexenal de prevención, en desarrollo
La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, declaró en entrevista con Reporte Índigo a finales de octubre de 2025 que, entre las tareas prioritarias a atender en el segundo año de gobierno de la primera mandataria del país, se encuentra el desarrollo de una estrategia para atender tres temas esenciales: el embarazo adolescente, el embarazo en niñas y los matrimonios forzados.
Esto, de manera paralela a las oportunidades de acción que brinda el reforzamiento de la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente (Enapea), cuya Secretaría Ejecutiva estaba a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, órgano que dio vida a la actual Secretaría.
“Deberíamos de hablar de tres problemáticas: el embarazo adolescente, que sobre todo se da en adolescentes de 14 a 17 años. El embarazo que hay de niñas, que es resultado de una violación o de agresiones sexuales, porque no podemos pensar que una niña de nueve, de 10, de 11 años, decidió de manera consensuada tener relaciones incluso con personas más adultas.
“Entonces tenemos que hablar del abuso sexual que viven las niñas y tenemos que combatirlo; y la otra problemática son justamente las uniones forzadas”, declaró.
Insistió en que, con base en los datos sobre niñas madres de nueve o 10 años con un padre del bebé de 70, 60 o 40 años, se debe trabajar en la estrategia mencionada y empezar a impulsarla a partir de este año.