Luis Javier Cortés Adame
En salud pública, la prevención no es un complemento del sistema: es su base. Es ahí donde se evita que los problemas escalen, donde se reducen muertes evitables, gastos catastróficos y presiones futuras sobre hospitales y personal médico. Vacunar a tiempo, detectar de manera oportuna, regular riesgos sanitarios o prevenir adicciones no solo mejora indicadores de salud; también es la forma más eficiente de usar recursos públicos escasos. Cuando la prevención se debilita, el sistema entero termina pagando la factura.
Entre 2018 y 2025, la política de salud en México avanzó en sentido contrario a esa lógica. En términos reales, el gasto destinado a funciones preventivas se redujo de manera sostenida, con recortes concentrados en programas estratégicos. La mayor caída se registró en prevención y control de enfermedades (-27.5 %), afectando acciones como detección temprana y vigilancia epidemiológica, cuyo debilitamiento suele traducirse en padecimientos crónicos más costosos. Le siguió la reducción en salud materna, sexual y reproductiva (-16.6 %), con efectos directos sobre mortalidad materna, embarazos no planeados y desigualdades persistentes. También disminuyeron los recursos para prevención y atención contra las adicciones (-9.2 %), trasladando un problema sanitario y social a hospitales y hogares, así como los destinados a protección contra riesgos sanitarios (-2.5 %), una función clave para contener daños antes de que ocurran.
Esta trayectoria presupuestal revela una apuesta implícita: atender la enfermedad cuando ya se manifestó, en lugar de evitar que aparezca. El contraste es evidente al observar dónde sí crecieron los recursos. Entre 2018 y 2025, la inversión en infraestructura física para la salud aumentó 34.4 %. De acuerdo con el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ese esfuerzo se tradujo en 66 nuevas unidades de hospitalización, 411 quirófanos adicionales, 9,308 camas más y 104 nuevos laboratorios de análisis clínicos respecto a 2018.
Se trata de una expansión relevante de la capacidad instalada, particularmente en el segundo nivel de atención, y responde a un rezago histórico que era necesario atender. El problema no es haber invertido en hospitales, sino haberlo hecho mientras se debilitaban las funciones preventivas. Un sistema que crece solo por el lado curativo está condenado a la saturación permanente, al aumento del gasto y a llegar siempre tarde.
Además, priorizar la prevención es una condición indispensable para la sostenibilidad financiera del sistema. Cada peso que se deja de invertir en acciones tempranas se multiplica después en tratamientos complejos y hospitalizaciones prolongadas. En un país con recursos fiscales limitados y profundas desigualdades territoriales, descuidar la prevención implica cargar los costos a las familias, ampliar brechas entre entidades y comprometer la viabilidad futura del propio sistema público de salud a largo plazo y su legitimidad social ante la ciudadanía y los contribuyentes del país entero.
Si el objetivo es un sistema de salud sostenible y verdaderamente universal, la prevención no puede seguir siendo la variable de ajuste. Reequilibrar el gasto no es una discusión técnica menor: es definir si queremos llegar antes o seguir pagando, una y otra vez, las consecuencias de hacerlo tarde.