Linaloe R. Flores
Apenas con un semestre de funcionamiento bajo una nueva nomenclatura y con las atribuciones heredadas del extinto Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez, ha impuesto multas por 13 millones 391 mil 784 pesos.
La actividad sancionadora de la dependencia, en la que está depositada la política de combate a la corrupción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha determinado inhabilitaciones o multas, o ambas, 20 veces a empresas morales y físicas que han incurrido en presuntos actos anómalos con daño al erario, de acuerdo con el Directorio de Proveedores Sancionados de la misma dependencia y el Diario Oficial de la Federación.
La razón que predominó para las acciones de la SABG fue la falsedad de información o presentación de documentos apócrifos por parte de las compañías para cumplir con los requisitos de las licitaciones.
Los giros de las empresas sancionadas bajo la nueva Anticorrupción varían entre el sector de la limpieza, el farmacéutico, el textil o el de arrendamiento de autos. Ahí está Asbiin S.A de C.V, la empresa que limpiaba las oficinas de la Presidencia de la República en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que en 2023 ya había sido sancionada. O Biomics Lab de México S.A de C.V que participó en la fallida megacompra de medicinas para 2025. También aparece Ansof Comercializadores S.A de C.V. que le vendió al gobierno uniformes y calzado, y que también está involucrada en la licitación pública de medicamentos.
Falsedad documental cuesta millones a proveedores sancionados
Hasta ahora, en lo que va de la gestión de la nueva dependencia a cargo del combate a la corrupción, la penalización más fuerte que ha impuesto es por 1 millón 244 mil 880 pesos y dos años de la marca negra para ya no celebrar contratos con la administración gubernamental.
Esta amonestación la recibió Proveglia S.A de C.V, una razón social dedicada a la compra, venta, importación y distribución de medicamentos de patente, por presentar presunta información falsa en la adjudicación directa AA-50-GYR-050GYR025-I-202 de 2023. Ese mismo año recibió 52 contratos por 218 millones 38 mil 676 pesos, según el archivo en Compras MX (antes CompraNet).
La multa que aparece en segundo sitio es por 1 millón 177 mil 984 pesos y la recibió Distribuidora y Comercializadora Kloer S.A de C.V, una proveedora de ropa quirúrgica para los hospitales de México que también proporcionó supuesta información falsa en la licitación pública LA-27-703-027703982-N-15-2024. Además de la multa, la penalización incluye una inhabilitación para no obtener contratos gubernamentales por un año y nueve meses.
Distribuidora y Comercializadora Kloer S.A de C.V, ese mismo año, ganó otras tres licitaciones por las que firmó seis contratos. El monto fue de más de 5 millones de pesos. Le vendió uniformes a Fonatur Infraestructura S.A de C.V (la empresa del Estado a cargo de la construcción del Tren Maya), ropa quirúrgica a los institutos de Cancerología, Perinatología, Neurología y Cardiología, así como el Hospital Infantil de México.
La misma amonestación de 1 millón 177 mil 984 pesos de multa y 1 año nueve meses de inhabilitación la recibió Strongtex S.A de C.V también por dar datos falsos en el la licitación LA-27-703-027703982-N-15-2024. Ese mismo año de su presunto acto anómalo tuvo otro contrato por 226 mil 805 pesos con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (en proceso de desaparición).
En tanto, en el tercer sitio está Full Service Supplier S.A de C.V, una empresa cuya actividad principal es la limpieza industrial. También presentó documentación apócrifa para cumplir con los requerimientos de una licitación lanzada en 2022. La multa, en su caso, fue de 1 millón 27 mil 914 pesos y la inhabilitación por un año y 10 meses.
Falsedad en licitaciones y sanciones sin cobrar: empresas reinciden sin consecuencias
Dos empresas, de las sancionadas este año, aparecen con más de una amonestación. Strongtex S.A de C.V, proveedora de uniformes, recibió dos este mismo año, una en mayo y otra en junio por dar información falsa en dos licitaciones diferentes. A su vez, Asbiin S.A de C.V tiene una multa y una inhabilitación que datan de 2023, la cual se suma a la que recibió en junio de este año.
Obligada por su marco jurídico a sancionar a empresas infractoras, la nueva dependencia que se transformó de Secretaría de la Función Pública a Anticorrupción y Buen Gobierno heredó un archivo de multas que no fueron pagadas durante más de dos décadas. Al cierre de esta edición, ese cúmulo era de de 2 mil 356 multas que sumaban 2 mil 168 millones 572 mil 296 pesos.
El letargo alcanza a tragedias como la de la Guardería ABC donde, en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009 un incendio mató a 49 niños y dejó a decenas de personas con lesiones graves. A la empresa se le impuso una multa por 1 millón 644 mil pesos el 28 de diciembre de ese mismo año a la que nadie le ha hecho frente.
Transparencia bajo control anticorrupción: la extinción del INAI
El jueves 20 de marzo de 2025 la escena de la transparencia y el acceso a la información quedó transformada después de 20 años. En la edición vespertina del DOF la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó las modificaciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que unas horas antes los diputados habían aprobado.
Así concluyeron las tareas del INAI que después tuvo que transferir sus obligaciones, expedientes, así como la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a la naciente SABG. En mayo un nuevo organismo desconcentrado –Transparencia del Pueblo– inició sus trabajos.
Por primera vez en la historia del combate a la corrupción una secretaría se hará cargo de la transparencia y el acceso a la información. Fundada en 1983 como Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y transformada en Función Pública en 2003 hasta 2024 la instancia se concentró en la vigilancia de los eventuales actos irregulares, tanto de funcionarios como de empresas proveedoras, que pudieran dañar a la administración pública federal.
Ahora se enfrenta también a la herencia del INAI de más de 82 mil expedientes clasificados. Se trata de asuntos históricos de México que las dependencias gubernamentales, los partidos políticos y los sindicatos pusieron bajo reserva con el argumento de que su divulgación pondría en riesgo la seguridad nacional. Transparencia del Pueblo aún no ha liberado ninguno.
Entre esos asuntos está el diagnóstico de la guerra en contra del narcotráfico que entregó el expresidente Felipe Calderón al concluir su gobierno en el documento llamado “Panorama Nacional”, el cierre de Luz y Fuerza del Centro que dejó a miles de electricistas sin trabajo en 2009 y que aún reclaman acceso a la información; por qué Mario Aburto Martínez, el “asesino confeso” de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994 no ha vuelto a ser presentado de manera oficial o cómo se escapó Joaquín Guzmán Loera por un túnel en 2015.
Además, están los 15 mil millones de archivos contenidos en la PNT que funcionó durante ocho años con la administración del INAI. La recepción de solicitudes de información continúa. Los últimos datos del INAI arrojaron que el incremento desde que se inició el modelo de transparencia en México fue de mil por ciento.
Corrupción expuesta, popularidad al alza: Sheinbaum sube tras cancelar megacompra de medicamentos
En abril, cuando iniciaba su segundo semestre como presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo ordenó la cancelación de una megacompra de medicamentos plagada de actos corruptos que estaban por dañar al erario con un monto de 13 mil millones de pesos.
La licitación la había hecho Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) para garantizar el suministro de 2025 y 2026. Pero decenas de empresas se coludieron, presentaron información falsa o mintieron en determinados datos.
El freno de la megacompra fue la primera acción que tomó la nueva SABG con lo que abrió un episodio que todavía no concluye. Hasta ahora, una empresa – Biomics Lab S.A de C.V– fue inhabilitada y otras son investigadas. Además, seis funcionarios de la directiva de Birmex fueron separados de sus cargos.
Aún falta por aclarar qué otras compañías y con cuántos contratos participaron en la red de actos de corrupción que averiaron la adquisición. Los contratos anulados apenas representan el 11.8 por ciento del presunto sobrecosto que detectó el Gobierno federal en la licitación, según una revisión de Reporte Índigo.
Ya inhabilitamos una empresa el viernes pasado (25 de abril); tenemos ya una empresa en investigación abierta y muy probablemente en esta semana la mandemos a temas penales porque falsificó documentos del registro de Cofepris. Tenemos otras 16 investigaciones abiertas también para empresas farmacéuticas que están en proceso de investigación. Y continuamos con el proceso de investigación”, explicó Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción.
Se trata de una herida abierta provocada por el fenómeno que a México le cuesta más de 500 mil millones de pesos al año, según la Cámara Internacional de Comercio. Desde la anulación, la presidenta ha dedicado algunas de sus conferencias “mañaneras” para brindar explicaciones e informar el grado de la investigación.
También es un telón de fondo en el que la primera mandataria obtuvo una de las mejores evaluaciones ciudadanas en transparencia y combate a la corrupción.
La encuesta realizada por FactoMétrica y Reporte Índigo arrojó 55.6 por ciento en esa materia en mayo, justo un mes después de la cancelación de la megacompra.
Es un nivel sin precedentes respecto a sus antecesores en la presidencia y la gestión de episodios en los que está involucrado dinero público.