Jessica Chantal Alcázar Romero
El próximo 10 de febrero de 2026 se publicará una nueva actualización de la información sobre fosas clandestinas en México hasta el año 2024, en la Plataforma Ciudadana de Fosas. Dicha plataforma es una herramienta tecnológica impulsada por Artículo 19 México y Centroamérica, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Esta actualización busca fortalecer el acceso público a información clave sobre uno de los fenómenos más graves vinculados a la crisis forense, de desaparición y de violencia por la que atraviesa nuestro país.
La creación de la Plataforma Ciudadana de Fosas respondió a la ausencia de una versión pública del Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, cuya elaboración corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con las fiscalías estatales, conforme a la legislación vigente. Aunado a que en 2024 la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) retiró de su sitio web el “Mapa de hallazgos de fosas clandestinas, un panorama a nivel nacional, estatal y municipal”, cuya información era alimentada por la FGR y las fiscalías locales entre el periodo de 2006 hasta el 30 de abril de 2023. Ante la lamentable carencia de un registro oficial de fosas clandestinas por parte del Estado es fundamental la existencia y actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas.
¿Cuál es la información que se puede consultar?
La información que integra la plataforma proviene de fuentes oficiales y fuentes abiertas. Incluye registros obtenidos de la prensa internacional, nacional y local; de fiscalías y servicios forenses estatales, y de la Fiscalía General de la República FGR y la Comisión Nacional de Búsqueda CNB, a través de solicitudes de acceso a la información pública. En esta actualización se podrán consultar hallazgos de fosas clandestinas que abarcan el periodo de 2006 hasta diciembre de 2024, también estarán disponibles en el repositorio digital las solicitudes de información y respuestas institucionales.
La plataforma permite conocer el número de fosas clandestinas por entidad y municipio, el número de cuerpos, restos y/o fragmentos óseos, y, cuando fue posible, el sexo de las víctimas. El procesamiento de esta información evidenció importantes discrepancias entre las cifras reportadas por distintas autoridades, lo que refleja la falta de interoperabilidad y coordinación entre instituciones federales y estatales, y dificulta dimensionar con certeza la magnitud de la crisis forense en el país. Los datos provenientes de la prensa, son fundamentales para contrastar y evaluar la información oficial tan fragmentada y cada vez menos accesible ante la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Nueva sección: Diagnóstico Forense
En esta actualización, la plataforma incorpora la nueva sección titulada “Diagnóstico Forense”, centrada en la situación de los cuerpos bajo resguardo del Estado en fosas comunes, Servicios Médicos Forenses (Semefos) y panteones ministeriales. Este diagnóstico documenta el abandono forense en México y recoge la experiencia de colectivos de búsqueda de Coahuila, Jalisco, Morelos, Ciudad de México, Chihuahua y Guanajuato, así como el trabajo del colectivo Regresando a Casa Morelos. Además del informe descargable, la sección incluye 19 tarjetas de identificación forense ilustradas, elaboradas durante procesos de exhumación en Tetelcingo y Jojutla por parte de las familias buscadoras, quienes por desgracia se han convertido en las expertas forenses ante la negligencia del Estado.
El diagnóstico forense subraya la importancia de distinguir entre fosas clandestinas y fosas comunes. Las primeras se definen como sitios donde uno o más cuerpos o restos humanos fueron enterrados o semienterrados de forma anónima o ilegal con la intención de ocultar evidencia, mientras que las fosas comunes son espacios formales, bajo resguardo del Estado, destinados al entierro legal de cuerpos no identificados o no reclamados. Esta diferenciación es clave para entender las responsabilidades estatales involucradas.
Los hallazgos principales y la opacidad institucional de la información
Los datos más recientes revelan profundas inconsistencias de los sujetos obligados en otorgar la información relativa a las fosas clandestinas en México. Tan solo en 2024, la FGR reportó 18 fosas clandestinas, una cifra cuatro veces menor a la registrada en 2023 con 76 fosas clandestinas. En contraste, las fiscalías estatales informaron 786 hallazgos de fosas clandestinas, 844 cuerpos y 289 restos y/o fragmentos en 2024. La inconsistencia de la información nos muestra la falta de comunicación entre niveles de gobierno, y la falta de cruce de datos a fin de tener un solo registro oficial.
En 2023, las tres entidades con el mayor número de hallazgos reportados fueron Sonora (143), Colima (95) y Jalisco (59). Para 2024, este patrón mostró variaciones: Sonora (174) continuó encabezando la lista, seguida de Baja California (91) y Coahuila (61), que en conjunto concentran el 41.47 % del total registrado en ese año. En este mismo periodo, las fuentes abiertas registran que Sonora (190), Guanajuato (94) y Colima (86) son los estados con más fosas clandestinas, lo que representa el 34.29 % del total. El estado con más registros por parte de FGR en 2024 es Guerrero (28). Por otra parte, en términos de transparencia y acceso a la información, las fiscalías que no respondieron las solicitudes de información o se declararon incompetentes fueron Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Morelos y Veracruz.
La actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas evidencia la falta de un registro público confiable sobre fosas clandestinas y comunes en México, así como la opacidad del Estado respecto al destino, resguardo e identificación de cuerpos. Estas carencias dificultan la búsqueda de personas desaparecidas y el acceso a la verdad, la justicia y la reparación. Frente a ello, la Plataforma integra información histórica y criterios técnicos para documentar el vacío institucional, visibilizar la crisis y exigir rendición de cuentas ante una de las emergencias humanitarias más graves del país.
* Jessica Chantal Alcázar Romero es coordinadora de Prevención del Programa Protección y Espacio Cívico de Artículo 19 México y Centroamérica.