Alvaro Aragón Ayala.
El secuestro en México es una herramienta sistemática de control, financiamiento y terror del crimen organizado. Una realidad que brotó con crudeza por el reciente caso de la desaparición de 10 mineros, en el cual las versiones oficiales oscilan entre la supuesta “confusión” con miembros del crimen organizado y las denuncias de extorsión millonaria, revelando la «duplicidad» del discurso gubernamental.
El secuestro de los diez trabajadores de Vizsla Silver Group, en Concordia, Sinaloa, ofrece la lectura o la terrible verdad de que cuando el Estado no domina el espacio territorial y público, otros actores lo ocupan con violencia, reglas propias y economías criminales, convirtiendo a trabajadores, técnicos, ingenieros y ciudadanos comunes en mercancía negociable.
En tanto, la respuesta institucional se limita a operativos reactivos, como el despliegue de miles de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que llegan después del daño consumado, con fines más simbólicos que estratégicos, proyectando una imagen de fuerza que no logra ocultar la ausencia de inteligencia preventiva, coordinación interinstitucional y la nula presencia del Estado.
México es un país donde el marco jurídico castiga severamente el secuestro en el papel, pero en la práctica se diluye entre carpetas mal integradas, peritajes incompletos, ministerios públicos sin capacidad técnica, fiscalías saturadas, testigos sin protección y víctimas abandonadas a su suerte, obligadas muchas veces a negociar en silencio con sus captores ante la desconfianza en las autoridades.
El fenómeno genera un sistema paralelo de justicia criminal, donde manda quien tiene las armas, el dinero y el control social, mientras las empresas suspenden actividades, las inversiones se congelan, las comunidades quedan atrapadas entre el miedo y la resignación, y los trabajadores entienden que su seguridad depende más del azar que de la ley.
El secuestro es un problema de delincuencia nutrido por el debilitamiento institucional, la fragmentación y la corrupción policial, la falta de profesionalización en las investigaciones y de una política de seguridad centrada en la administración de crisis, y no en su prevención. Sólo se actúa cuando el escándalo estalla, cuando los medios presionan, no cuando las señales tempranas anuncian el colapso.
Así es como se configura un modelo fallido donde la impunidad se convierte en norma, el miedo en forma de vida y la violencia en mecanismo de regulación social, mientras el discurso oficial insiste en avances estadísticos que no coinciden con la experiencia cotidiana de miles de familias que viven bajo la amenaza permanente de la desaparición, la extorsión y el secuestro.
Esto demuestra que la crisis es más profunda que cualquier operativo, más estructural que cualquier reforma legal y más peligrosa que la descrita por la narrativa gubernamental, porque no se trata únicamente de castigar a los delincuentes, sino de reconstruir un Estado para que sea capaz de investigar, proteger, prevenir y sancionar sin excepciones.
Quedó demostrado en Sinaloa que cada nuevo secuestro es una prueba más del divorcio entre el marco jurídico y la realidad, entre el discurso institucional y la vida concreta de los ciudadanos, y entre las autoridades que prometen seguridad y una sociedad que aprende, dolorosamente, a sobrevivir sin la protección del Estado.