Álvaro Aragón Ayala / VOCES NACIONALES
La reciente toma de protesta de José Ignacio de Nicolás Gutiérrez, del Grupo Homex y/o del “Grupo Español” como cónsul honorario de España en Sinaloa representa un eslabón en la reconstrucción de una red de poder político-empresarial que, pese a antecedentes judiciales y financieros, busca reposicionarse en el escenario público.
Detrás del evento aparecen viejos nombres, alianzas en negocios y episodios aún no esclarecidos como el colapso de la desarrolladora de vivienda, los vínculos con el peñismo, las operaciones inmobiliarias cuestionadas y una relación persistente con actores del poder político nacional.
En agosto de 2019, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México publicó un edicto dentro del juicio ejecutivo mercantil promovido por Bank of America México contra empresas vinculadas a Grupo Homex.
El documento ordenaba emplazar a integrantes de la familia De Nicolás a responder a un incidente de “desestimación de la personalidad jurídica”, figura conocida como “levantamiento del velo corporativo”, cuyo objetivo es determinar responsabilidades patrimoniales directas cuando se presume el uso irregular de empresas.
Entre los señalados figuraban: Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, José Ignacio de Nicolás Gutiérrez y otros miembros de su familia. El procedimiento buscaba establecer responsabilidades solidarias por obligaciones incumplidas de la empresa. Aunque el proceso no implica por sí mismo una sentencia condenatoria, sí constituye un antecedente relevante en materia financiera y corporativa.
Durante más de dos décadas, Homex fue uno de los emblemas del desarrollo inmobiliario en México. Sus informes anuales de 2010 muestran una estructura corporativa altamente concentrada en la familia De Nicolás, con participación en consejos financieros, organismos empresariales y vínculos con instituciones bancarias.
La empresa expandió operaciones en múltiples estados y accedió a financiamiento internacional. Sin embargo, a partir de 2013, enfrentó una crisis profunda derivada del endeudamiento, el colapso del mercado de vivienda social y presuntas irregularidades contables. El resultado fue un proceso de quiebra técnica que afectó a inversionistas, proveedores y gobiernos estatales.
HOMEX, QUIRINO Y ARTURO PEÑA
Uno de los episodios más cuestionados en esta historia es la relación entre Homex y Arturo Peña Nieto, hermano del entonces presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con registros mercantiles y reportajes periodísticos, Arturo Peña apareció como administrador único de la empresa Comercializadora Cántaros, subsidiaria relacionada con Homex, en 2009, cuando su hermano gobernaba el Estado de México.
Documentos corporativos muestran que integrantes de la familia De Nicolás renunciaron a cargos para facilitar dicho nombramiento. Esta información fue reportada ante autoridades financieras estadounidenses y aunque estas operaciones no derivaron en procesos penales formales, abrieron investigaciones sobre conflictos de interés y uso político de estructuras empresariales.
Otro punto clave fue la compra del edificio Homex por parte del gobierno de Sinaloa durante la administración de Quirino Ordaz Coppel. De acuerdo con investigaciones periodísticas, el inmueble fue adquirido por aproximadamente 600 millones de pesos, pese a contar con avalúos que lo situaban en más de 154 millones.
Posteriormente, estudios técnicos justificaron inversiones adicionales por supuestos daños estructurales, lo que permitió canalizar recursos públicos para su “rehabilitación”. Diversas fuentes han señalado que la operación respondió a compromisos políticos adquiridos con el entorno del expresidente Peña Nieto, aunque dichas versiones no han sido esclarecidas por autoridades judiciales.
REDES POLÍTICAS DE LARGO ALCANCE
El nombramiento de José Ignacio de Nicolás como cónsul honorario ocurre tras años de señalamientos, crisis financieras y cuestionamientos públicos. En términos políticos, el cargo ofrece reconocimiento institucional, acceso a círculos diplomáticos, proyección internacional y blindaje reputacional.
Blindaje reputacional
Para especialistas, este tipo de nombramientos suele funcionar como mecanismo de “normalización” pública, al proyectar respetabilidad en figuras previamente cuestionadas. En estados Unidos la reaparición pública de José Ignacio de Nicolás Gutiérrez despertó “indagatorias dormidas”. El antecedente del fraude cometido por Desarrolladora Homex entre 2010 y 2012 sigue pesando en su relación con inversionistas y autoridades internacionales.
Durante ese periodo, la empresa infló de manera sistemática su cartera de clientes y ventas en Estados Unidos por alrededor de 3 mil 300 millones de dólares, reportando la supuesta comercialización de más de 100 mil viviendas inexistentes. La U.S. Securities and Exchange Commission comprobó que muchas de esas casas eran en realidad terrenos baldíos, verificados mediante imágenes satelitales.
Pese a los líos judiciales, la verdad es que la reconfiguración del llamado “Grupo Español” en Sinaloa no puede entenderse al margen del contexto electoral ya que los vínculos diplomáticos, empresariales y políticos permiten financiar proyectos, influir en las decisiones públicas, construir alianzas y recuperar territorio. Y en un entorno de “alta volatilidad política”, estas redes pueden convertirse en factores determinantes.
El nombramiento consular no borra ese pasado de José Ignacio y sus socios. Por el contrario, reactiva la necesidad de responder una pregunta fundamental: ¿puede una democracia consolidarse cuando las élites se reciclan sin rendir cuentas? La respuesta está en el aire. Sigue pendiente.