Jorge Monroy.
Los recursos fueron aportados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y asignados a la editorial Fondo de Cultura Económica tras petición de Taibo II
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum destinó el año pasado 25 millones de pesos para la producción de 2.5 millones de ejemplares de una colección de libros de autores latinoamericanos, con la intención declarada de repartirlos gratuitamente en países como Argentina, Colombia, Guatemala, Uruguay, Chile, Ecuador, Venezuela, Cuba, Honduras y Perú.
Sin embargo, hasta el momento no existe registro público de que esta distribución se haya concretado.
En su informe 2025 ante el Senado, el Gabinete Social Federal, a través de la Secretaría de Bienestar, detalló que los recursos fueron aportados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y asignados a la editorial Fondo de Cultura Económica a petición de su director, Paco Ignacio Taibo II.
El proyecto denominado “25 para el 25”, presentado en una conferencia matutina en octubre pasado, contempló la impresión de 100 mil ejemplares de 25 títulos, alcanzando un total de hasta 2.5 millones de libros, “que serán distribuidos gratuitamente en los países participantes”, según el documento.
El informe señala que la iniciativa busca acercar a miles de jóvenes de entre 13 y 25 años a novelas, cuentos, testimonios y poemas de alto valor literario con el objetivo de “fomentar la lectura” y “recordar la cercanía cultural e histórica” entre las naciones latinoamericanas. No obstante, el propio reporte entregado al Senado no especifica fechas concretas de entrega ni un desglose por país, lo que ha generado cuestionamientos sobre la ejecución real del programa.
La colección incluye obras de reconocidos autores latinoamericanos como Gabriel García Márquez, Andrés Caicedo, Juan Gelman, Nona Fernández, Manuel Rojas, Raúl Zurita, Mario Benedetti, Luis Britto, Juan Carlos Onetti y Eduardo Rosenzvaig, entre otros.
Mientras el gobierno realizó esta inversión, la Secretaría del Bienestar destinó tres millones de pesos para el desarrollo de comunidades indígenas tarahumaras, y además informó que asignó más de 65 millones de pesos al IMSS como ayuda extraordinaria para familiares de los mineros fallecidos en la mina de Pasta de Conchos en 2006, recursos que, según la dependencia, “garantizarán una mejor calidad de vida” a los beneficiarios.
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