Samuel García
La caída de 30% en la inversión pública de enero lanzó una advertencia: ejercer los 1.7 billones de pesos comprometidos por el Gobierno para este año será una tarea prácticamente imposible.
El Informe Mensual de Finanzas Públicas y Deuda Pública que publicó la Secretaría de Hacienda reveló que la inversión física del sector público cayó 30.3% real anual en enero. Se ejercieron apenas 41,413 millones de pesos, contra 57,265 millones en el mismo mes de 2025. La caída de enero llega después de una contracción de 34.7% en diciembre y de un 2025 francamente malo.
La inversión física -que es el gasto del sector público en infraestructura y equipamiento- cerró el año pasado en apenas 2.2% del PIB, su menor nivel desde 2019. Incluso la inversión financiera (aportaciones de capital y compra de activos) cayó 2.3% real anual en enero. Difícil imaginar peor arranque para el año en que el gobierno prometió redoblarla.
En el Presupuesto de Egresos 2026 se aprobó un incremento de 15.8% en la inversión física respecto a lo autorizado para 2025, y probablemente un aumento aún mayor frente a lo efectivamente ejercido, con la meta de llevarla a 2.5% del PIB. Además, el 3 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Inversión en Infraestructura, anunciando 722 mil millones de pesos adicionales para este año.
En total, el gobierno plantea ejercer alrededor de 1.7 billones de pesos en inversión física en 2026: 977 mil millones aprobados en el PEF más 722 mil millones anunciados después. Una cifra cercana a 4.5% del PIB si se suma lo presupuestado y lo adicional. El número impresiona. Pero las dos grandes preguntas que hay que hacerse son: ¿Cómo se financiará? Y, sobre todo, ¿podrá ejecutarse en tiempo?
Si bien los ingresos presupuestarios crecieron 10.2% real anual y los tributarios 11.5% en enero, el gasto total aumentó 12.3%, destacando un alza de 28.6% en el gasto de operación y mayores participaciones a estados. Es decir, sí hay más ingresos, pero se absorben en gasto corriente, compromisos adquiridos y en el rescate de Pemex, que seguirá demandará más recursos federales
No hay respuestas claras a las dos preguntas centrales. Y el silencio sugiere que los anuncios van mucho más adelantados que la ingeniería financiera y operativa que se requiere.
Para ejercer 1.7 billones de pesos en 2026, el ritmo de inversión tendría que multiplicarse varias veces tras un enero que se perdió. Eso implica no sólo más transferencias presupuestarias, sino proyectos listos para ejecutarse. ¿Ya se tienen los proyectos? Y si los tuvieran, éstos requieren estudios, liberación de derechos de vía, permisos ambientales, estructuras de financiamiento, licitaciones y, en muchos casos, ajustes regulatorios. Todo eso toma tiempo. Y el calendario corre.
Además, una parte relevante del plan descansa en esquemas de inversión mixta que requieren reglas claras y certidumbre jurídica para atraer capital privado. Sin un marco normativo robusto y mecanismos ágiles de contratación, los anuncios pueden acumularse mientras las obras se posponen.
Así que la fuerte caída de la inversión pública de enero no solo obliga al gobierno a meter el acelerador a fondo; también a preguntarnos si será posible transformar anuncios multimillonarios en obras tangibles antes de que cierre el año.
Ojalá. Pero hasta ahora, nada indica que el reto esté bajo control. Una cosa es prometer billones en infraestructura. Otra, muy distinta, es financiarlos y ejecutarlos. El papel aguanta todo. La realidad prespuestaria, la incertidumbre regulatoria y la ejecución, no.